El campo colombiano recibió una noticia histórica. Con la entrada en vigencia de la Ley 2462 de 2025, el Congreso de la República aprobó una reforma estructural que reconoce los derechos de las mujeres rurales, campesinas y de la pesca como sujetos sociales, políticos y económicos. La norma busca cerrar brechas históricas de desigualdad que afectan a quienes han sostenido la vida en los territorios; mujeres que producen alimentos, cuidan los ecosistemas, transmiten saberes ancestrales y resisten en medio del abandono estatal.
¿Qué cambia con esta ley?
La Ley 2462 introduce medidas afirmativas en educación, salud, participación política, acceso a la tierra, crédito, vivienda, infraestructura y seguridad social. Reconoce que la ruralidad no es homogénea e incorpora enfoques diferenciados para mujeres indígenas, afrodescendientes, pescadoras, jóvenes, adultas mayores y mujeres con discapacidad.
Reconocimiento amplio y actualizado
La Ley 2462 redefine el concepto de mujer rural, campesina y de la pesca desde una visión integral. No se limita a identificarlas solo porque viven en áreas rurales, sino que reconoce como tales a todas aquellas mujeres cuyos modos de vida giran en torno a la cultura rural, la tierra, el agua, la producción de alimentos, la pesca, la transformación de productos, las artesanías, el turismo comunitario y los saberes ancestrales. La ley visibiliza su papel en la economía popular, en las cadenas de valor, en la conservación de los ecosistemas y en el sostenimiento de la vida cotidiana, aunque estas actividades no sean remuneradas ni reconocidas formalmente por el Estado.
Además, se reconoce por primera vez a las mujeres de la pesca en toda su diversidad: marinas, fluviales, costeras, oceánicas y cienagueras como sujetas de derechos, al destacar su papel en la seguridad alimentaria y la economía comunitaria.
Política pública nacional
Uno de los pilares de la reforma es la creación de una Política Pública Nacional para las Mujeres Rurales, Campesinas y de la Pesca. Esta deberá ser diseñada e implementada en un plazo máximo de 20 meses y tendrá una vigencia decenal. Su objetivo es superar la discriminación estructural que afecta a estas mujeres, reconociéndolas como sujetas sociales, políticas y económicas. La política incluirá programas que incentiven el acceso a la educación, la autonomía económica, la justicia ambiental y la participación en escenarios de decisión. Cada año, el Gobierno deberá rendir informes sobre su implementación, incluyendo indicadores específicos de impacto.
Acceso a tierra, crédito y fondos
La nueva ley impulsa el acceso equitativo a la tierra mediante la titulación de predios a empresas comunitarias y asociaciones de mujeres rurales. También reconoce la economía del cuidado como una forma legítima de uso del suelo, lo que permitirá su inclusión en procesos de adjudicación de tierras.
En materia financiera, se crean líneas de crédito con tasa preferencial, seguros agropecuarios y mecanismos de financiación directa a través del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), que apoyará proyectos productivos, formación, asistencia técnica y organización comunitaria. Las mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y con bajos ingresos serán priorizadas en el acceso a estos recursos.
Educación, salud y participación
La ley establece el derecho a una educación rural inclusiva, técnica y superior, con énfasis en agroecología, ciencias STEM, digitalización y saberes propios. Se fortalecerán modalidades virtuales y a distancia para cerrar las brechas de acceso. Además, se impulsará la validación formal de conocimientos ancestrales en áreas como medicina tradicional, manejo de semillas nativas o sostenibilidad ambiental.
En salud, se garantiza la atención integral con enfoque territorial y diferencial, incluyendo partería, medicina tradicional y salud sexual. Se establece la creación de rutas de atención para mujeres víctimas de violencias basadas en género en zonas rurales dispersas, con equipos interdisciplinarios y campañas de sensibilización adaptadas al entorno cultural.
En participación, se asegura la presencia paritaria de mujeres rurales en órganos como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, las Mesas de Trabajo de Mujeres y los espacios de concertación territorial.
Comercialización e inclusión productiva
La Ley 2462 impulsa mecanismos para que las mujeres rurales accedan de manera directa a los mercados locales, regionales y nacionales. Se fomentarán los circuitos cortos de comercialización, mercados campesinos, ruedas de negocios, centros de acopio y pasajes comerciales. También se facilitará el registro de marcas y productos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acompañando legal y técnicamente a las mujeres que lo soliciten.
Las acciones priorizarán a aquellas mujeres que hacen parte de la economía campesina, familiar y comunitaria; víctimas del conflicto; o lideresas de procesos organizativos. Con esto, se busca garantizar su autonomía económica y posicionarlas como protagonistas del desarrollo rural sostenible.
La Ley 2462 de 2025 marca un hito en el reconocimiento jurídico y político de las mujeres rurales en Colombia, porque más que una norma, es una hoja de ruta para dignificar su trabajo, garantizar el acceso equitativo a recursos y construir una ruralidad incluyente, justa y sostenible. El desafío ahora es su implementación real, con voluntad política, presupuestos adecuados y participación efectiva de las mujeres en todo el país.
