Problema de nunca acabar: ¿Cuántas manifestaciones más se necesitan para que tanto las autoridades ambientales, como la sociedad en general, vuelvan los ojos hacia la laguna de Fúquene?
Por: Juan Carlos Pérez Bernal
Localizada en el valle de Ubaté y Chiquinquirá, la gran reserva natural tiene una incidencia ambiental directa sobre cerca de 300.000 habitantes de Fúquene, Ubaté, Carmen de Carupa y Chiquinquirá. Esta semana fuimos testigos de una gran movilización en defensa de este patrimonio natural de los colombianos que está a punto de perderse.
Los propios organizadores han declarado que su manifestación es “un juicio público y político contra la CAR, el Ministerio de Medio Ambiente, los entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, por la muerte del recurso hídrico Patrimonio de la Humanidad”.
Y no son alarmistas cuando hablan de muerte, pues eso, ni más ni menos, es lo que está pasando. Así lo confirma un estudio de la Universidad Nacional, según el cua “después de tener más de 80 especies de animales como zorros andinos, runchos, patos y peces, entre otros, el deterioro ambiental ha llevado a que más del 40 por ciento de esa biodiversidad haya desaparecido. Le quedan 24 especies de aves, 10 de mamíferos, 4 de reptiles y 4 de peces”.
Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que no es la primera vez que la comunidad se manifiesta para alertar sobre las extracciones ilegales de agua, que se usan. Especialmente para actividades agrícolas. También, sobre la cada vez más preocupante sedimentación que, a su vez, ha dado lugar a la proliferación del famoso buchón. Como sabemos, esta planta cumple la tarea de filtrar y purificar el agua pero poco a poco se va “tragando” la laguna”.
La comunidad se pregunta, con mucha razón, dónde han ido a parar los miles de pesos que se han destinado para la recuperación de la laguna. Por ejemplo, la CAR invirtió $9.000 millones en la ejecución el proyecto Checua, con el cual habría mitigado la erosión de unas 13.000 hectáreas en la zona.
Sin embargo, hoy las propias autoridades ambientales reconocen que, si se quiere hacer un plan de recuperación en serio, hay que invertir la nada despreciable suma de $200 millones de dólares.
En momentos de crisis fiscal resultaría difícil canalizar esa cantidad de recursos, pero se trata de un tema prioritario, más si tenemos en cuenta los efectos devastadores del cambio climático. Sin embargo, surgen estas preguntas: ¿Quién manejaría esos recursos? ¿Cómo se garantizaría la transparencia y eficacia? O mejor dicho: ¿Dónde está el piloto?
