“Yo quiero estudiar, salir adelante… pero aquí no hay cómo”. Así resume su realidad Alejandra, una joven de 17 años en Calamar, Guaviare, que sueña con ser enfermera, aunque sabe que para lograrlo tendría que dejar su vereda. Como ella, miles de jóvenes rurales en Colombia enfrentan a diario una decisión tan estructural como íntima, migrar a la ciudad o resistir en su territorio, aún sin las condiciones básicas para prosperar.
Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023, más de 10,6 millones de personas mayores de 15 años se identifican como campesinas. La mayoría vive en centros poblados y zonas de ruralidad dispersa. Sin embargo, la juventud dentro de esta población está cada vez más ausente. La migración rural-urbana, especialmente entre los 15 y 28 años, continúa vaciando los campos de energía joven, conocimiento local y futuros posibles.
Tesis como la de Siaucho (2014) sobre el municipio de Calamar, en Guaviare, evidencian que el 96% de los jóvenes rurales expresaron su intención de migrar, aunque solo el 46,4% lo hizo efectivamente. Entre quienes migraron, el 73% accedió a oportunidades educativas o laborales. A nivel nacional, se estima que cerca del 12% de los jóvenes rurales migra hacia zonas urbanas, siendo las mujeres las más propensas a hacerlo (55%). Las principales razones de esta migración son el empleo (31,3%), el acceso a educación (21,8%) y la seguridad personal (28%).
Los departamentos que más expulsan población joven campesina son Tolima, Putumayo, Córdoba y Caldas, debido a factores como la falta de acceso a educación superior y empleo formal en el campo (Tolima), la presencia de economías ilegales, violencia armada y ausencia de garantías básicas (Putumayo), la inseguridad territorial y la escasa oferta de formación técnica y productiva (Córdoba), y la crisis del café, el envejecimiento del campo y la concentración educativa en zonas urbanas (Caldas).
Mientras tanto, regiones como Cundinamarca y Meta reciben una alta proporción de estos migrantes. Las ciudades destino más frecuentes son Bogotá, Medellín y Villavicencio, centros con mayor acceso a formación técnica, universidades y empleo, aunque también con barreras de inclusión para jóvenes rurales que llegan sin redes de apoyo, ni recursos suficientes para sostener su proceso migratorio.
Este fenómeno tiene consecuencias profundas como la pérdida de relevo generacional en el campo, la fragilización de la economía campesina, el debilitamiento del tejido comunitario y la ruptura cultural entre el territorio y sus jóvenes. A medida que migran, también se trasladan sus saberes, sus sueños y sus formas de habitar la ruralidad.
Frente a esta realidad, es urgente pensar en alternativas reales y sostenibles para garantizar que quienes deseen quedarse, puedan hacerlo con dignidad. La educación rural pertinente, el acceso a conectividad digital, los proyectos productivos con valor agregado local, y el fortalecimiento de economías solidarias, son caminos posibles para cerrar la brecha entre querer migrar y tener que hacerlo.
La juventud campesina es una fuerza vital para el presente y el futuro del país. Garantizar su permanencia con condiciones justas es sembrar un campo vivo, diverso y en permanente transformación.
