Más de 1.071 colombianos se han visto afectados por la decisión del Gobierno venezolano de declararse en estado de emergencia y el cierre parcial de la frontera, muchos de ellos sin sus familiares ni enseres, en situación de crisis humanitaria hasta ahora incierta.
Por: María Jimena Gamboa Guardiola
Coordinadora Técnica – Acción Cultural Popular ACPO
Como consecuencia del Estado de Excepción Constitucional declarado el 21 de agosto en seis municipios del Estado Táchira en Venezuela y tras el cierre parcial de la frontera con Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA en Colombia, ha registrado más de 1.071 colombianos que han sido deportados, adicionalmente, más de 2.000 personas habrían retornado a Colombia de forma espontánea, un drama humanitario que afecta a más de 241 niños y niñas.
Existen varias hipótesis frente a las motivaciones de la decisión del Gobierno venezolano, lo cierto es que el vecino país atraviesa por una situación económica insostenible, descontento generalizado en medio del clima preelectoral y para nadie es un secreto que algunos de los colombianos y colombianas que viven en la frontera son afines a los tintes de la oposición. Esta mezcla de ingredientes hacen pensar, que tanto en américa del norte como en el sur, capitalistas y socialistas, coinciden en sus estrategias de campaña: las políticas migratorias.
Pero sin importar los colores, opiniones, situaciones de irregularidad o no, de los colombianos que viven en Venezuela, sus derechos están siendo vulnerados y quizás hasta algunos de ellos despojados, desarraigados, revictimizados, ¿Cuántos serán de origen campesino y popular que han sido anteriormente desplazados?, ¿Cuál será el nuevo panorama para ellos en la frontera?, ¿Tendrán la suerte de recuperar no solo sus enseres, sino también sus sueños? en una zona de crisis olvidada por su falta de oportunidades laborales.
Hasta el momento, la crisis humanitaria continua. La situación se maneja con los guantes blancos de la diplomacia y en terreno esta siendo controlada por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con el apoyo de organizaciones humanitarias internacionales y sus contrapartes locales, pero el problema no es fácil de resolver, hay hilos invisibles, aquí y allá.
Desde aquí se espera que la situación se resuelva pronto, sin caer en improvisaciones, tanto para los deportados como para los habitantes de la frontera, para los primeros con un plan de reubicación y para los segundos con políticas de desarrollo económico, que permita tanto que los unos como los otros sigan con sus vidas, sus sueños y convivan con sus familias dignamente.
