Sandra Manyoma es una joven de 16 años que vive en zona rural del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño. Aunque aún no sabe a qué se dedicará en unos años, lo que dice tener claro es que saldrá de la vereda que la vio nacer, pues cree que allí el futuro no será promisorio, ni para ella ni para su familia.
Esa es la situación que viven a diario millones de personas en el país, especialmente de las zonas más apartadas. Hombres y mujeres que sufren en carne propia la brecha que existe entre las zonas rurales y urbanas. Lo que ocasiona que los jóvenes migren a la ciudad, que el campo se esté quedando viejo, y se afecte a la agricultura colombiana. Así lo aseguran expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
De hecho, la pobreza, y especialmente, la multidimensional se presenta en mayor medida en el campo. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en las cabeceras municipales, este índice es del 11,2%, mientras que en la ruralidad es del 36,6%, y aunque la tendencia poco a poco va disminuyendo, la población del campo sigue sufriendo esta situación, especialmente las mujeres, como es el caso de Sandra.
Ante tal panorama, el gobierno ha priorizado el desarrollo integral del campo, de modo que los jóvenes puedan ver allí la posibilidad de gestionar sus proyectos de vida, así como también los de sus familias. Es por eso que, encabezado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, vio como prioridad sacar adelante una ley que contribuya a reducir la pobreza, y en diciembre del año pasado, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley de Innovación Agropecuaria, 1876 de 2017.
El ABC de la ley
Sandra y su familia podrán ahora ser usuarios del Servicio Público de Extensión Agropecuaria. Un proceso de acompañamiento mediante el cual se gestiona el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, la articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo; con el fin de hacer competitivo y sostenible todo el sector rural.
Esta ley responderá a las necesidades locales que se identifiquen de la mano con las comunidades. Dicha participación se consolida al poner en marcha todo un sistema en el que los habitantes rurales puedan contribuir en el seguimiento, evaluación, regulación y supervisión de la calidad del servicio público prestado. Las personas pueden participar en todos los aspectos de la implementación y puesta en marcha de la ley.
¿Cómo funciona el SNIA?
La Ley crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), el cual se divide en tres subsistemas que trabajan ámbitos esenciales para generar desarrollo en el campo colombiano: investigación y el desarrollo tecnológico, formación y capacitación, y finalmente, la extensión agropecuaria. (Le puede interesar: Que los jóvenes vean su futuro en el campo, el desafío del nuevo gobierno)
Ese sistema está integrado por las políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos para la gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector agropecuario. También hacen parte los actores públicos, privados o mixtos, y todos aquellos que desarrollen o promuevan la innovación para el sector desde los siguientes principios:
- Desarrollo de las capacidades técnicas en los productores para que ellos se apropien del conocimiento, y también intercambien saberes entre técnicos y agricultores.
- Promover la asociatividad, ya que el 85% son pequeños productores y se necesita generar asociaciones fuertes que permitan gestionar los factores productivos y materias primas de sus sistemas de producción.
- Desarrollo de gestión ambiental, a partir del buen uso de los recursos naturales, actividades agrícolas sostenibles ambientalmente, y comprender y enfrentar las dinámicas del cambio climático.
- Aprovechar las nuevas tecnologías, lo que permite, entre otros aspectos disminuir riesgos en el sector agropecuario.
- Generar capacidades de autogestión e incidencia, para fortalecer la exigibilidad de derechos de los agricultores y su participación en el desarrollo de políticas públicas.
¿Cómo me hago beneficiario?
Para ser beneficiario del servicio, el productor debe inscribirse en el registro de usuarios del servicio público de extensión. La inscripción no tiene ningún costo, y está a cargo de los municipios. (Le puede interesar: Comunidad se une para elaboración de panela y miel orgánica)
El acceso al servicio sí tendrá un costo de acuerdo con la reglamentación que haga el Gobierno Nacional. Se contempla un subsidio para población vulnerable que tenga estas características: el puntaje y nivel en el Sisbén, la condición de víctima, el género, las características étnicas, ser beneficiario del Fondo de Tierras, entre otros.
Por ejemplo, en el caso de Sandra, al ser una mujer joven y estar inscrita en el Registro Único de Víctimas, puede contar con un subsidio del 100%.
Así mismo, el subsidio de la tarifa que se otorgue a los usuarios, será diferencial, temporal y decreciente en el tiempo respondiendo a la mejora en las capacidades y condiciones de los productores. “Se espera que la gente pueda pagar el servicio porque su sistema productivo ya está dando resultados. La lógica es dinamizar un mercado de servicios generar mejor cobertura, productividad y calidad, entre otros temas”, explica Andrés Silva, Consultor en Desarrollo Rural y Economía de la FAO.
Cabe mencionar que dicha tasa aún está sin reglamentar, y serán las Asambleas Departamentales a través de ordenanza quienes definirán el sistema y método de cálculo.
¿Qué sigue?
Lo primero será la reglamentación de la ley, la formulación de los planes departamentales de extensión agropecuaria con metas a 4 años, para lo cual los mandatarios tienen lo que resta del 2018, y avanzar en el registro de usuarios en el nivel municipal. Allí se incluirán todas las necesidades y programas de extensión agropecuaria según lo den a conocer los habitantes rurales.
Es así como se podría empezar a dar pasos para que las actividades agropecuarias sean rentables, y los jóvenes, como Sandra, quieran quedarse en el campo, pero además puedan pensar en acceder a educación para mejorar el perfil de su negocio.
“Si se arregla el tema rural, tendremos menos conflictos, más competitividad y más oportunidades. La oportunidad que genera esta ley es un gana – gana para Colombia”, dice el consultor de la FAO. (Le puede interesar: La mujer rural, la clave para que el campo colombiano renazca)
Los beneficios de la ley empiezan desde ya. En una primera medida se enfocan en consolidar la confianza entre las partes y así llevar a cabo procesos asociativos. A su vez, se abre todo un desafío para el país, porque se trata de lograr todo un cambio cultural, dado que, desde la periferia hacia el centro se construirá todo un plan con el que Sandra, y su familia podrán contar con mejores oportunidades. (Ver Infografia Ley de Innovación Agropecuaria)
Por: Mónica Lozano. Periodista – Editora.