Ante la propuesta de lo que sería la nueva Ley de tierras que ha propuesto el gobierno colombiano, más de 30 organizaciones internacionales manifestaron sus preocupaciones ante dicha iniciativa. De acuerdo con un comunicado dado a conocer este lunes, esa ley no tiene en cuenta los acuerdos pactos en La Habana entre el gobierno y el hoy movimiento político FARC.
Según denuncian, las medidas del gobierno pueden poner en peligro la puesta en marcha del Acuerdo de paz, principalmente en lo relacionado con la política de tierras y la Reforma Rural Integral, que finalmente era la propuesta más novedosa para fortalecer el campo colombiano.
Aseguran que han recibido las preocupaciones de parte de las organizaciones sociales en Colombia, especialmente porque el proyecto permitiría que, a través de una nueva figura, se legitimaría la apropiación de baldíos, por parte de sujetos privados. De ser así, se profundizaría la concentración de la tierra, destinaría tierras de la nación a proyectos minero-energéticos y entorpecería procesos como la extinción de dominio.
«Todo lo anterior va en contra del Acuerdo de Paz y profundiza las desigualdades y la exclusión en el campo, que es en el fondo la causa última de las violencias», dice el comunicado.
Incumplimientos en el acuerdo de paz
Una de las preocupaciones de las organizaciones internacionales es sobre el poco cumplimiento del Acuerdo de paz con respecto al punto de tierras y las facultades del Estado para transformar lo acordado, pues no se está teniendo en cuenta lo pactado en La Habana.
«Consideramos fundamental que el gobierno colombiano ofrezca todas las garantías para el actual proceso de consulta previa en torno al proyecto de tierras mencionado, se respeten los cronogramas acordados con las organizaciones indígenas para tal fin y se tengan en cuenta los resultados de la consulta antes de continuar el trámite del proyecto» indican.
El llamado de las organizaciones internacionales al gobierno, en el marco de la defensa de los derechos del campesinado, es a ser coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural; garantizar los plenos derechos de las víctimas del conflicto; respetar los derechos territoriales de las comunidades y su derecho a la consulta previa.
Además solicitan que los habitantes rurales sean involucrados de manera participativa, que el gobierno atienda las desigualdades de género que persisten en el mundo rural y que afectan a las mujeres en cuanto a acceso a tierras y otros activos productivos.
Por: Shaira Pulido. Estudiante de Comunicación Social.
Editor: Mónica Lozano – Periodista y Editor.
