El gobierno asegura que las recientemente creadas Zonas de Interés de Desarrollo Económico y Social, Zidres, significarán una redención para millones de campesinos colombianos.
Por: Juan Carlos Pérez Bernal
Según el presidente Juan Manuel Santos, implicarán una inversión de US$ 50.000 millones, con los cuales se generarán 500.000 empleos. En el plan del gobierno está el desarrollo de cinco millones de hectáreas que hoy no se destinan a la agricultura. Aunque el asunto suena bien , la polémica se intensifica día a día.
Si bien algunos gremios, entre ellos la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, consideran que se trata de una excelente estrategia para desarrollar el campo, otros, como los avicultores y los arroceros, tienen algunas reservas al respecto.
¿Dónde está el centro de la polémica? Podríamos decir que para el campesino de a pie –que debería ser el núcleo de la política agraria- las famosas zonas jugarán en contra de su progreso. Expertos como el profesor Fredy Cante Maldonado (Universidad del Rosario) consideran que se pueden traducir en un verdadero daño para el agro, al romperse la eficiencia ecológica, económica y social.
Y estas son las razones fundamentales: Se privilegian los megaproyectos que le apuestan a la gran tecnología y, por consiguiente, no se caracterizan por generar mucho empleo; se pone en riesgo la agricultura orgánica o familiar, porque nuestro mercado se caracteriza por una gran concentración que, en lugar de combatirse con esta estrategia, se vería fortalecida; muchos de los proyectos de las Zidres se basarán en la ganadería extensiva, cuya consecuencia suficientemente probada es un al impacto ambiental que afecta las fuentes de agua.
También surgen otras inquietantes preguntas: ¿Qué pasará con la libertad económica de nuestros campesinos al ser absorbidos por las Zidres que no son su negocio sino el negocio de las grandes empresas? ¿ Y qué ocurrirá con los resguardos indígenas donde se establezcan las zonas?
Son sólo algunos de las claves de este debate, que pasa por la preocupación de legalizar baldíos (tierras de propiedad del Estado) , que hoy están en poder de grupos ilegales o fueron obtenidos en forma irregular.
En estas condiciones, como bien lo preguntara el analista Julio Correal: ¿Podrá ser la paz una política sustentable si no se acaba con la acumulación de tierras en Colombia?
