Las discusiones sobre las actividades de los mineros informales se dan en torno a distintas problemáticas del medio ambiente y la salud, sin embargo, es necesario considerar otras razones y posiciones que pueden ampliar los análisis sobre el tema.
Por: Nelson Enrique Molina Sánchez
Practicante Fundación Universitaria Juan de Castellanos
El sector minero en Colombia, es una de las actividades económicas que en la actualidad genera importantes recursos para el país, además, es fuente de empleo para un porcentaje significativo de la población que se dedica a la explotación minera de manera formal o informal.
Como se ha difundido ampliamente a través de los medios de comunicación, el otorgamiento de títulos mineros, la contaminación que esta actividad ha generado en muchas regiones y el manejo de los recursos económicos, ha causado controversia y ha hecho que centremos la atención en este tema.
Según la Defensoría del Pueblo, aproximadamente 15.000 familias subsisten de las actividades minero informales. En ese sentido, vale la pena señalar que son muchas las razones por las cuales una persona, o un grupo realizan actividades consideradas informales, en primer lugar, debido al desempleo y a la informalidad existente en muchas regiones del país, viendo como única opción para la obtención de ingresos, la dedicación a este tipo de actividad.
La preocupación y pretexto de las entidades gubernamentales por la minería informal, gira en torno a varios problemas: los accidentes que pueden sufrir las personas, la contaminación que genera la explotación minera y el daño al medio ambiente; sin embargo, como se sabe y se ha presentado en distintos documentales, no solamente los mineros informales causan contaminación, también las empresas multinacionales que poseen título minero y realizan extracción a gran escala con procedimientos que han dañado los ecosistemas de muchas regiones del país.
La reflexión y las invitaciones giran en torno a analizar la problemática minero informal desde las distintas posiciones y miradas; reconociendo en primer lugar las condiciones laborales, económicas y sociales de las regiones y de las familias que se dedican a ello; de igual manera pensar en la manera como el Gobierno y las entidades encargadas manejan el sector minero, que en ocasiones se dirige a dar respuesta a necesidades de particulares y no a las de las comunidades
