La necesidad de reformas constitucionales para proteger el agro nacional

La creciente internacionalización de la economía colombiana, como consecuencia de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, está generando profunda preocupación entre los distintos actores del sector agropecuario

Por: Giorgio Trucchi – UITA Informes especiales

¿Cuál es el objetivo del proyecto de reforma constitucional que están impulsando desde Dignidad Agropecuaria?
-Hay solamente tres artículos (art. 64, 65 y 66) en la Constitución colombiana que hablan del tema agrario, y que establecen mecanismos para que el Estado garantice, entre otros, el acceso a la tierra, educación, salud, vivienda, crédito, comercialización de los productos y asistencia técnica y empresarial a los trabajadores agrarios.

Asimismo, establece una especial protección para la producción de alimentos, priorizando el desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como la investigación y transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario.

Desafortunadamente, todas estas disposiciones estratégicas para el agro nacional nunca fueron reglamentadas a través de leyes específicas.

Ante esta situación de desprotección y el avance de la internacionalización de la economía, desde Dignidad Agropecuaria hemos decidido promover una reforma a estos tres artículos constitucionales.

El objetivo no es solamente precisarlos, sino también generar nuevas herramientas que nos permitan impulsar una revisión de los TLC firmados por Colombia, que están a la base de la crisis que está viviendo la producción agropecuaria nacional. ¿Cuál es el impacto real de los TLC en la economía nacional?
-En 1990 Colombia importaba 600.000 toneladas de alimentos, en su mayoría trigo.

Hoy estamos asistiendo al aumento significativo del área de siembra de algunos cultivos permanentes, como palma africana, banano, plátano, caña de azúcar, flores y árboles, al tiempo que se redujo brutalmente el área de siembra de cultivos transitorios, que soportan fundamentalmente la dieta básica de la población colombiana.

En los últimos 25 años perdimos 800.000 hectáreas en cultivos transitorios y ganamos más de un millón de hectáreas en cultivos permanentes, pasando de 600.000 a 10.2 millones de toneladas de productos agrícolas importados.

Podemos hacer muchas luchas agrarias, movilizaciones sociales, peleas en defensa del agro, pero necesitamos retomar las herramientas claves de soberanía alimentaria, que está ligada a la soberanía nacional, a través de la revisión de los TLC.

Solamente así podemos frenar las importaciones de alimentos y generar condiciones favorables para el desarrollo de la producción agropecuaria, que está ligada a la dieta básica de la población.

-¿Cuáles son los pasos para llegar a estas reformas?
-Estamos elaborando un primer borrador alrededor del cual esperamos poder generar un gran debate nacional, que permita que la población piense en dos cosas: si debe haber o no producción agropecuaria en Colombia, y qué tipo de producción y en qué condiciones deben operar los productores.

Vamos a necesitar de 1,8 millones de firmas, es decir el 5 por ciento del Censo Electoral Nacional, y confiamos sumar muchas más.

Además, aspiramos que el proceso de presentación y discusión de las reformas vaya acompañado de una lucha política profunda, en medio de movilizaciones masivas tanto de productores como de trabajadores del sector agropecuario.