En los conflictos ambientales de Colombia hay expresiones de violencia permanente cuando se imponen proyectos de extracción minera. La afectación de las fuentes hídricas, el desplazamiento de la población, el daño a los ecosistemas, la ruptura de los tejidos sociales en los territorios, la corrupción del ejercicio de la política y su transformación, todas ellas también son formas de violencia.
Para Jorge Mario Vera, investigador de la Universidad del Tolima y con 6 años de trabajo en temas de conflicto ambiental en el país, la conflictividad nacional se origina bajo la demanda energética y mineral de las economías de Estados Unidos, China, Japón, India, Rusia y Europa occidental. La extracción de oro, carbón, níquel y esmeraldas son los minerales estratégicos que buscan las empresas transnacionales.
Asimismo, y lo que vuelve a Colombia el foco de los grandes demandantes de patrimonios minero-energéticos, es porque “tenemos más conservados los recursos y la riqueza natural, ya sea por la intervención de las comunidades o porque no contamos con los avances tecnológicos para la explotación de los recursos”, agrega Vera.
El Atlas de Justicia Ambiental Global, una de las fuentes de conflictividad ambiental, indica que Colombia es el segundo país en el mundo donde se han denunciado más conflictos de esta índole, 128 casos han sido reportados hasta la fecha y sectorizados sobre las tres cordilleras.
Son 52 tan solo los asuntos reportados por explotación minera en el país, que representa el 40,6% de las denuncias, y el 59,4 % restante, son casos que tienen que ver con el sector hidroeléctrico, actividad de hidrocarburos, ecoturismo, concentración de tierras y expansión urbana.
A propósito de las cifras, hay títulos para proyectos mineros sobre 300 mil hectáreas en territorios de pueblos indígenas y 44 mil hectáreas en tierras de comunidades afrodescendientes. De igual forma, ya son 34 los títulos mineros vigentes otorgados dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales Naturales.
Con respecto a la reciente decisión de la Corte Constitucional, en donde las consultas populares ya no podrán vetar proyectos mineros y de hidrocarburos, Vera califica como un “desacierto total” el fallo de ese organismo, porque vulnera la autonomía que tienen las comunidades en los territorios e inclina los alcances del Estado sobre los recursos del suelo.
“Considero que esta decisión puede generar un exacerbamiento de la conflictividad en los territorios, dado que los escenarios de las consultas populares habían permitido zanjar esas disputas alrededor del ejercicio democrático y de participación de las comunidades. Entonces es absolutamente desafortunada, no contribuye a la construcción de una paz sustentable, como ha sido el anhelo del pueblo”, subraya Vera.
Aunque la Corte considere –bajo su providencia–, que no existan más los mecanismos participativos para manifestar oposición a estos proyectos, la decisión no zanjaría las luchas sociales por los territorios. “Al negárseles y cercenársele esto, las comunidades no se van a quedar quietas y muy probablemente van a buscar otros mecanismos, que uno desearía que fueran en el marco de la Constitución y de la ley”, añade Vera.(Le puede interesar: Mariposas: víctimas de la minería en páramos)
Por qué la minería es el epicentro del conflicto ambiental del país
La guía “Territorio es vida, ¡frena la minería!”, diseñada por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo apoyada por la Federación Luterana Mundial, Apoyo a la Niñez (Alemania) y Christian Aid, para fortalecer los procesos pedagógicos en defensa del territorio, primero hay que reconocer que “la gran minería envenena”.
Si bien existen sectores que defienden –a ultranza– que la explotación minera es la vía para el desarrollo social y económico, la actividad demuestra lo contrario. La experiencia del extractivismo en Colombia está vinculada al saqueo, despojo, injusticia y muerte de los pueblos donde se ha implementado.
La Contraloría indica que el “80% de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Colombia, se presentan en los municipios minero-petroleros; el 87% del desplazamiento forzado sale de estos municipios; el 78% de los crímenes contra sindicalistas; 89% contra indígenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen en áreas minero-energéticas”.
La explotación minera, considerada nociva por los territorios, no ha mejorado las condiciones de pobreza y generación de empleo, pero sí afecta los recursos naturales, alimentarios e hídricos de las comunidades. “Hay coincidencia entre las regiones de explotación minera con aquellas en las que se ha intensificado el conflicto armado, el desplazamiento forzado y violencia contra las mujeres”, enfatiza el material pedagógico.
Adicional a esto, la minería ilegal sobre la extracción del oro está financiando las actividades delincuenciales de grupos armados y organizaciones ilegales nacionales e internacionales. El Cartel de Sinaloa, para citar un ejemplo, es uno de los mayores promotores de esta actividad en Colombia.
Finalmente, los parámetros de concesión y regalías acordadas con las empresas han condicionado el aprovechamiento de las ganancias de la actividad que más rentas ofrece en el mercado internacional. Igualmente, ha encontrado influencia en funcionarios del Estado y líderes políticos para afianzar intereses colectivos.
Por: Andrés Neira. Periodista.
Editor: Paola Calderón Gómez. Periodista – Editora.
