«Tenemos unos ataques dirigidos a las víctimas o a los reclamantes directamente. Se les está denunciando, se les está amenazando y en algunos casos se les está asesinando. Llevamos 14 casos de personas asesinadas que reclamaban tierras y que fueron asesinadas en vigencia de esta Ley», afirma el director de la Unidad de Restitución de Tierras Ricardo Sabogal.
Por: ElCampesino.co
Según él, hay constantes ataques a los funcionarios que trabajan en la Unidad, ya hay un caso de homicidio de un funcionario que estaba adelantando un trabajo de restitución y hasta los mismos jueces con los trabajadores se ven abocados a asistir constantemente a las sedes de las Fiscalía pero para responder por el gran número de demandas que les imponen en su contra.
«Es normal ver a nuestros compañeros de fiscalía en fiscalía por denuncias que se les hacen. Tenemos un caso hasta absurdo: alias ‘La Barbie’ denuncia a nuestro director del Cesar porque le está acabando su buen nombre», dice.
El director denunció esto ante el Congreso de la República atendiendo el llamado del Centro Democrático para un debate de control político que fue liderado por la representante María Fernanda Cabal para quien, “Esta ley es una máquina de producción de nuevas víctimas de despojo”.
Para ella no se está solucionando el verdadero problema de la tierra en Colombia, sino despojando a los campesinos de buena fe de los terrenos, que en su momento, adquirieron de manera legal. Aún más dice, cuando toda la problemática se da por las parcelaciones y el fenómeno de las invasiones hechas por frentes populares del ELN y el EPL inspirados con el lema «La tierra es para quien la trabaja», y por las que el Estado – afirma-, prácticamente obligó a que los verdaderos dueños vendieran y éste comprara.
Ella explicó algunos casos en donde considera que la restitución ha sido un error, pero no le sirvieron para convencer a los congresistas de que esa normativa se tiene que reformar. La mayoría reconoce que se pueden producir errores y que los jueces tienen que revisar algunos casos, especialmente porque en un conflicto de tanto tiempo es totalmente factible que grupos campesinos se hayan visto favorecidos con algunos desplazamientos, pero no implica que en la ley en sí, esté mal.
“Hay una parte que es cierta, muchas veces los segundos ocupantes son campesinos, pero el hecho de que un segundo ocupante sea campesino no nos dice automáticamente que la persona que fue desplazada tenga que ceder su derecho ante el segundo ocupante», afirma el representante Inti Asprilla del Partido Verde.
Otros como el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, consideran que Cabal tiene razón respecto a la poca cantidad de recursos que hay para compensar a los segundos ocupantes de buena fe, pues serían solo 33 mil millones de pesos; pero ve sus críticas más como parte de una campaña de desprestigio a las víctimas que reclaman sus derechos.
Sabogal mientras tanto destacó: «De la verdad que hablamos en restitución de tierras no es la verdad histórica, es la verdad judicial, la que se construye a partir de la contradicción probatoria».
La Unidad de Restitución de Tierras, según el Gobierno, hasta la fecha tienen 90.395 solicitudes de restitución, 47.358 en trámite, 585 microzonas intervenidas o focalizadas, 187 mil hectáreas devueltas a sus propietarios originarios, ha beneficiado a 23 mil personas y ante jueces de la República hay cerca de 12 mil solicitudes por el orden de las 500 mil hectáreas.
