Las comunidades de la región del Ariari, en el departamento del Meta, iniciaron esta semana un cierre total e indefinido sobre la vía nacional que comunica al Meta con el Guaviare. La causa es la falta de atención a una emergencia que ya deja más de familias damnificadas, veredas inundadas, cultivos perdidos y múltiples municipios incomunicados.
“Soy Donato Liberato, de la región del Ariari, damnificado por el río que hace trasvase hacia el río Viejo”, explica el líder ambiental que ha documentado la crisis que golpea al campo. “El cauce principal colapsó y obliga a hacer trasvase. Esto tiene comprometida la vida de todos los habitantes de la región productiva, de la despensa agroalimentaria del país, donde hay víctimas del conflicto, de la ola invernal y también de la corrupción”.
Las cifras son contundentes: en El Dorado, se reportan al menos 300 familias damnificadas y más de 600 hectáreas de cultivos bajo el agua. En El Castillo, el número de familias afectadas asciende a 600. La emergencia se extiende a Granada, Cubarral y San Martín. “En Cubarral la afectación es sobre la barra izquierda, desde la pata del puente hasta la Camachera. Ahí se han perdido proyectos ganaderos”, señala Donato. “En San Martín, hay riesgo en Viso Colorado, la Camachera, la Reforma, y por Granada ni se diga”.
El impacto también se refleja en las pérdidas productivas. “Se ha perdido ganado, proyectos avícolas, de porcicultura, apicultura. Son muchos emprendimientos que la gente financió con créditos y el río se llevó la inversión”, denuncia. “En El Dorado se han registrado 14 viviendas destruidas y también hay daños en acueductos comunitarios, energía y vías terciarias”.
El Ideam declaró alerta roja por la creciente de los ríos Ariari, Guamal y Humadea, cuyas aguas han afectado las zonas más productivas de la región. “Las veredas Isla 1, Isla 2, El Diamante, San José, Santa Rosa, San Isidro y Pueblo Sánchez están incomunicadas”, relata Donato. “Eso equivale a medio municipio de El Dorado y parte de El Castillo”.
Frente a la emergencia, la Gobernación del Meta decretó calamidad pública, pero la respuesta ha sido limitada. “Llegaron con dos máquinas. Desde el principio se les dijo que era insuficiente y no hubo voluntad para ampliar la operación”, sostiene Donato. “El diagnóstico inicial es de 7.000 horas máquina para poder cerrar el trasvase. Ya hay nueve puntos identificados por la DIGER y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”.
La situación se agrava por la demora en los trámites administrativos. “La Unidad de Gestión del Riesgo no pudo actuar porque la Gobernación no entregó los soportes técnicos a tiempo. Ahora que están en el territorio, falta ampliar las horas de operación para que no se pierda lo que ya se ha invertido”.
La comunidad también denuncia un trasfondo estructural relacionado a la minería ilegal en el Parque Nacional Natural Sumapaz. “Por la fiebre del oro realizaron excavaciones, usaron explosivos. Hoy esa montaña que contiene al Ariari está debilitada. El río viene a matar a nuestros campesinos, a acabar con sus ahorros, con todos los proyectos productivos”.
El cierre de la vía nacional continuará hasta que lleguen soluciones efectivas. “El cierre total indefinido viene para que las entidades pongan la cara. Se solucione esto de manera inmediata y podamos dejar la protesta pacífica abierta, a la espera del cumplimiento de los compromisos”, afirma Donato.
Las comunidades exigen maquinaria, obras de mitigación, atención humanitaria y presupuesto justo. “No salimos a exponernos por capricho. Esta es la única forma que tenemos para proteger la vida de los campesinos que están en riesgo”.
