El director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego, envió un mensaje a los opositores de la política de restitución, solicitando que no vuelvan a los tiempos donde los grupos al margen de la Ley decidían sobre las tierras afectando los dueños legítimos de las tierras.

Actualmente la Unidad de Restitución de Tierras devolvió 100 mil hectáreas con las cuales 3 mil familias colombianas pudieron regresar a los territorios que legítimamente les pertenecían, pero que a causa del conflicto armado se vieron obligados a abandonar.

Ricardo Sabogal Urrego, director de la Unidad de Restitución de Tierras, afirmó que los resultados que hasta ahora dio la Entidad, son buenos en comparación con otras políticas que llevan más años de estar en funcionamiento y no consiguen resultados a gran escala.

“Cuando arrancamos el proceso no nos imaginamos todos los obstáculos que íbamos a encontrar, la información catastral regular, encontrar campesinos asentados en esas tierras y que los jueces de restitución se tomaran más tiempo del establecido en la Ley”, explicó Sabogal.

Los opositores de la Ley no callan cuando afirman que la restitución de tierras avanza a paso lento, por lo cual Sabogal Urrego envió un mensaje a dichos detractores.

“No volvamos a los tiempos de antes donde los jefes guerrilleros o paramilitares decidían sobre la propiedad de la tierra. Hoy gracias a esta Política, no son ellos los que definen la propiedad, son los jueces de la República fruto de un proceso donde se escuchan a todas las partes para tomar una decisión”, agregó el Director de la URT.

Una de las mejores herramientas para el posconflicto es el proceso restitutivo, en este sentido el presidente Juan Manuel Santos junto con el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia, trabajan conjuntamente para implementar una institucionalidad de gran importancia, con el apoyo de los equipos de Restitución de Tierras que se implementan en el país.

Las falsas víctimas están cobrando protagonismo en el proceso restitutivo perjudicando a los reclamantes de tierras legítimos, por lo cual Sabogal afirmó que “a los inescrupulosos que quieren dañar el proceso, deben saber que llevar a cabo la restitución cuesta mucho. La Ley establece una pena de 8 a 12 años y nosotros la vamos a aplicar con mucha fuerza y aquellos que encontremos que están intentando timar la Ley no vamos a dudar ni un solo minuto en llevarlos a la Fiscalía”.

Todo campesino que haya perdido sus tierras, que se haya visto obligado a vender o abandonar después del 1 de enero de 1991, puede dirigirse a la Unidad de Restitución de Tierras, el proceso es gratuito y profesionales atenderán el caso en exposición, con orientación a llevarlo a los jueces especializados en el tema.

Tomado de infoagro.co

Como un primer paso, después del anuncio del Presidente Juan Manuel Santos, en la Cumbre de las Américas, de elaborar un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para formalizar y fomentar el empleo rural en Colombia, se puso en marcha un equipo de trabajo que se encargará de estructurar un memorando de entendimiento, que se espera esté listo en junio.

Tomada de: https://www.minagricultura.gov.co

Esta decisión fue producto de una reunión donde participaron los Ministros de Agricultura y Trabajo, Aurelio Iragorri Valencia, y Lucho Garzón; la directora para los Países Andinos de la OIT, Carmen Moreno; la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Tatyana Orozco; el director del SENA, Alfonso Prada, y altos funcionarios.

Para la construcción de este acuerdo, el Gobierno puso a consideración cinco líneas claves para desarrollar el tema del empleo en el campo, las cuales tienen que ver con formalización empresarial y de trabajadores; generación de plazas de trabajo, mediante el mejoramiento de la productividad y acceso a oportunidades laborales de comunidades vulnerables; el fortalecimiento de las organizaciones gremiales y asociaciones de productores; las garantías de los derechos de los trabajadores y la protección social.
Por su parte la OIT presentó una serie herramientas útiles en el propósito de formalizar y hacer decente el trabajo de los habitantes del campo colombiano, que pueden ser incluidas en el acuerdo, el cual se espera lograr para junio.

La propuesta metodológica de la Organización contempla dos grandes ejes que tienen que ver con los tiempos de ejecución: en primer lugar, un componente a corto plazo (12 meses) direccionado hacia la generación de capacidades para la recuperación de las zonas rurales y la generación de empleo temporal formal.

Y un componente a largo plazo (4 a 5 años) que va encaminado a la recuperación y estabilización social de los mercados en trabajo, productos, servicios y financiamiento.

En este punto se debe fortalecer el desarrollo de habilidades, la institucionalidad, reducción de la vulnerabilidad de las comunidades, fomento y acceso a la empresarización, mejoramiento y diversificación de la productividad, construcción de alianzas productivas y diálogo social, y fomento de la asociatividad, entre otros.

Así mismo, en el encuentro los jefes de Agricultura y del Trabajo presentaron las acciones en las que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en el marco del denominado ‘Pacto por el Trabajo Decente en el Campo’.

De acuerdo con los funcionarios, este pacto trabaja en mejorar las condiciones de vida de la población rural, teniendo aspectos como formalización laboral, trabajo infantil, equidad de género, empleo para jóvenes y el respeto al derecho sindical, entre otras.

El grupo de trabajo que se creó para darle vida a al memorando de entendimiento, será coordinado por el Viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, con la participación de las entidades que asistieron a este primer encuentro, el cual se llevó a cabo en el Ministerio de Agricultura.

Cifras de empleo e informalidad rural en Colombia

• En el año 2013, el 63 % de los trabajadores rurales laboraba en actividades agropecuarias y el restante 37 % en actividades diferentes, como la industria, el comercio y los servicios.
• A inicios de 2013 el número de trabajadores informales en las zonas rurales ascendía a 3,3 millones (82 %) y los formales a 729.000.
• El bajo nivel de educación rural (5.5 años de escolaridad) se ve reflejado en menores ingresos, mayores tasas de pobreza y menor movilidad social en el área rural.
• El 83,4 % de la población rural está afiliado al régimen subsidiado de salud, denotando una baja al régimen contributivo.
• En el área rural, solamente el 16 % de la población está afiliado a pensiones y a riesgos laborales. Según Fasecolda, cerca de 350.000 trabajadores se encuentran cubiertos con el seguro de riesgos laborales.