Por:  Juan Carlos Pérez Bernal

El gobierno ya ha enviado algunas señales. Y una de las más importantes es el plan de sustitución de importaciones, “para lograr la seguridad alimentaria del país”, según palabras del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia.

Es natural la reacción del ejecutivo, en momentos en que los precios de los alimentos vuelven a generar preocupación coyuntural, por cuenta de la escalada del dólar. Pero el tema merece una mirada de largo plazo, tanto hacia atrás como hacia adelante.

Si aplicamos el espejo retrovisor nos encontramos, en términos generales, con una política errática, que ha privilegiado las importaciones de bienes básicos, en detrimento de la producción nacional. Según las cifras oficiales, Colombia importó en el ultimo año 10.3 millones de toneladas de alimentos. Y la producción interna fue de 36.2 millones de toneladas.

En apariencia, el asunto no sería para alarmarse. Pero cuando aplicamos un primer plano para precisar qué tipo de alimentos traemos de afuera, la preocupación es inevitable: Importamos más de 5 millones de toneladas, sólo entre soya y maíz. (¿Y luego esta no era la tierra del maíz? ¿Recuerdan la famosa “operación maíz” impulsada por el entonces Minagricultura Virgilio Barco Vargas?) A esas compras debemos agregarle otras no menos alarmantes como las de cebada, sorgo, garbanzo, arveja, lenteja…Y trigo, aunque por ahí pasa la cuenta…(¡Cómo olvidar las importaciones de arroz de los 80 que el entonces gerente del gremio, Carlos Gustavo Cano Sanz, calificara como “una vergüenza nacional”!)

Pero no haríamos justicia si no nos detuviéramos, así sea por un momento, en  las postrimerías de la década de los 80, cuando el gobierno de Barco emprendió el recordado “Plan de oferta selectiva de alimentos”. Se trató de una política activa de promoción de la producción nacional de aquellos alimentos considerados esenciales en la dieta de los colombianos, entre ellos  arroz, fríjol y maíz.  El gobierno fijaba unos precios de sustentación para garantizar la rentabilidad mínima, al tiempo que ejecutaba una política de crédito de fomento y de comercialización soportada por el hoy desaparecido Instituto de Mercadeo Agropecuario- IDEMA.

El impacto del plan fue evidente y se resume, en esencia, en la cacareada “seguridad alimentaria”, es decir, con algunas contadas excepciones, volvimos a autoabastecernos de bienes básicos.

No podemos ignorar las críticas que se le hicieron a ese modelo, en especial aquellas enfocadas a señalarlo de haber provocado el considerable aumento del costo de vida. Pero también es conveniente recordar lo que dijera el Ministro de Agricultura, Gabriel Rosas Vega: “…(Hasta entonces) Era notable el rezago que presentaba la rentabilidad de la producción agropecuaria, con las secuelas de desabastecimiento y aumento de precios”.

Hoy, casi 30 años después, el país vuelve a pensar en sustituir la importación de alimentos básicos. Y lo menos que podemos esperar los colombianos es que esos anuncios no sean producto del fragor del momento.  El agro es estratégico, fundamental, tanto para el desarrollo como para la estabilidad del país. Y  para diseñarle una política no sólo debemos pensar en rentabilidad económica sino, sobre todo, en rentabilidad social…Todo para que “lo barato no salga caro”, como dicen las señoras con su ancestral sabiduría.