La biodiversidad del Meta enfrenta una grave amenaza, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y la Resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Actualmente, 317 especies en el departamento se encuentran en alguna categoría de amenaza, desde Vulnerables hasta En Peligro Crítico, como resultado de la presión ejercida por diversas actividades humanas sobre los ecosistemas.
De las especies en riesgo, 51 están catalogadas como En Peligro Crítico (CR), lo que implica que tienen muy pocos ejemplares en estado silvestre y enfrentan una alta probabilidad de extinción en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. Entre estas se incluyen el caimán llanero, la rana saltona de Villavicencio y el cóndor de los Andes, especies emblemáticas cuya desaparición sería una gran pérdida para la biodiversidad colombiana.
Especies en peligro de Riesgo o Extinción
Además, 107 especies en el Meta están clasificadas como En Peligro (EN), enfrentando un riesgo de extinción del 20% en las próximas dos décadas. Entre ellas se destacan el delfín rosado, la nutria gigante y la tortuga terecay, especies clave en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y terrestres de la región. También se identificaron 159 especies en estado Vulnerable (VU), como el oso palmero, el águila arpía y el oso de anteojos, que podrían avanzar hacia categorías de mayor riesgo si no se implementan acciones de conservación de manera oportuna.
En respuesta a esta situación, Cormacarena ha priorizado la protección de 10 especies amenazadas en el Meta y ha establecido acuerdos de cooperación para llevar a cabo proyectos de investigación y conservación. Entre las actividades implementadas están el monitoreo con cámaras trampa, el rescate y rehabilitación de fauna, y la liberación o reubicación de especies en peligro. Estas acciones buscan preservar la biodiversidad y asegurar la supervivencia de estas especies en sus hábitats naturales.
Cormacarena hace un llamado a la comunidad, instituciones y entidades privadas para sumarse a los esfuerzos de conservación, recordando que la protección de estas especies no solo es vital para la biodiversidad del Meta, sino también para el equilibrio de los ecosistemas que sostienen el bienestar de la región. La colaboración y el compromiso de todos son esenciales para asegurar un futuro en el que el caimán llanero, el delfín rosado y tantas otras especies sigan formando parte de la riqueza natural del Meta.
La COP29, que tiene lugar en Bakú, llega en un momento en que el mundo redobla esfuerzos para enfrentar las crisis ambientales más críticas. Con la participación de delegados de todo el mundo, esta conferencia de la ONU tiene como objetivo acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar a los países vulnerables ante los efectos del cambio climático. Este esfuerzo global sigue los acuerdos de la COP16 de biodiversidad realizada en octubre en Cali, Colombia, donde se discutió la protección de ecosistemas y especies en riesgo, así como la equidad en el acceso a recursos genéticos. Juntos, ambos eventos internacionales refuerzan la necesidad de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de manera integral y coordinada.
Estos son los cinco puntos claves que se están tratando en la COP29 del cambio climático, que se celebra cada año.
1. Aumentar la Ambición Climática en la COP29
La COP29 representa una oportunidad clave para que los países incrementen sus compromisos climáticos, superando las metas actuales que no son suficientes para limitar el calentamiento global a 1.5 °C. Científicos y líderes insisten en que sin una acción más ambiciosa, las consecuencias del cambio climático serán irreversibles y devastadoras. La conferencia en Bakú busca, en este sentido, renovar los compromisos globales y fortalecer las acciones inmediatas de mitigación.
2. Transición Energética con Justicia Social
Un tema central de la COP29 es asegurar una transición justa hacia energías renovables. El abandono de los combustibles fósiles requiere de políticas que protejan a las comunidades dependientes de estos sectores para evitar desigualdades y conflictos sociales. La cumbre en Bakú hace un llamado a una transición inclusiva, que considere tanto la urgencia climática como los impactos socioeconómicos en las poblaciones afectadas.
3. Reducción de Emisiones de Metano y Otros Contaminantes
En paralelo a la reducción de dióxido de carbono, la COP29 subraya la importancia de reducir las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), conocidos por sus efectos dañinos en la salud pública y la calidad del aire. Las medidas para controlar estos contaminantes son vistas como una oportunidad para generar beneficios tanto en mitigación climática como en salud pública, algo que los delegados en Bakú consideran indispensable para un avance significativo.
4. Financiamiento para Adaptación en Países Vulnerables
La desigualdad entre los países emisores y aquellos más afectados por el cambio climático ha sido un tema recurrente en la agenda climática. La COP29 enfatiza la importancia de incrementar el financiamiento para que los países en desarrollo puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y construir resiliencia ante eventos climáticos extremos. El apoyo financiero de las naciones desarrolladas es esencial para equilibrar las responsabilidades y los efectos desiguales de esta crisis global.
5. Protección de la Biodiversidad y los Ecosistemas Naturales
La preservación de la biodiversidad, reforzada en la COP16 de Cali, también ocupa un lugar relevante en Bakú. La protección de los ecosistemas es clave no solo para la reducción de emisiones, sino también para asegurar los servicios ambientales esenciales de los que dependen millones de personas. La COP29 refuerza la importancia de comprometerse con la conservación de la biodiversidad y la protección de los hábitats naturales como parte integral de la estrategia climática global.
La COP29 en Bakú y la COP16 en Cali representan dos frentes de una misma batalla: proteger la vida en la Tierra. Ambos eventos, aunque abordan distintas facetas de la crisis ambiental, reflejan la necesidad de una acción coordinada y ambiciosa. El futuro depende de las decisiones que se tomen en estas conferencias, y solo una estrategia global y coherente permitirá enfrentar los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La comunidad internacional observa, esperando que los compromisos adquiridos en Bakú y Cali se traduzcan en acciones concretas para construir un mundo más justo, resiliente y sostenible.
Un estudio refinado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) basado en 156 países confirma que los costos ocultos en los sistemas agroalimentarios mundiales ascienden a cerca de 12 billones de dólares de los EE.UU. al año. Alrededor del 70 % de dicha cantidad (8,1 billones) se deriva de hábitos alimenticios poco saludables y se asocia con preocupantes enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes, muy por encima de los costos relacionados con la degradación ambiental y las desigualdades sociales.
El informe El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación (SOFA) de 2024 parte de la edición de 2023 para proporcionar un análisis aún más pormenorizado, utilizando la contabilidad de costos reales a fin de exponer el conjunto total de costos y beneficios asociados a la producción, la distribución y el consumo de alimentos, incluidos los que no se reflejan en los precios de mercado, es decir, los denominados “costos y beneficios ocultos”. En el informe se actualizan dichos cálculos, se dividen los costos por tipo de sistema agroalimentario y se traza el rumbo hacia un cambio transformador en nuestros sistemas agroalimentarios.
El estudio detalla cómo los costos ocultos a nivel mundial vienen determinados mayormente por los costos sanitarios ocultos, y en menor medida por los costos ambientales ocultos, en los sistemas agroalimentarios más industrializados, propios de los países de ingresos altos y medianos altos.
Al examinar las repercusiones sanitarias, en el informe se señalan 13 factores de riesgo alimentarios, entre los que cabe destacar una ingesta insuficiente de cereales integrales, frutas y hortalizas, un consumo excesivo de sodio y un consumo elevado de carnes rojas y elaboradas, con notables diferencias entre los distintos sistemas agroalimentarios.
Los costos ocultos varían en función del tipo de sistema agroalimentario.
Desde la perspectiva histórica, los sistemas agroalimentarios han pasado de ser tradicionales a industriales, y en cada caso ha habido resultados y costos ocultos distintos. Por este motivo, en el informe se explora cómo se manifiestan los costos ocultos en los diferentes tipos de sistema agroalimentario que hay en el mundo.
Para facilitar el análisis, se introduce una nueva tipología de los sistemas agroalimentarios compuesta por seis categorías: en crisis prolongada, tradicionales, en expansión, en proceso de diversificación, en proceso de formalización e industriales. Este marco permite dilucidar de forma muy precisa las dificultades y las oportunidades inherentes a cada sistema, de modo que puedan idearse políticas e intervenciones adaptadas.
Por ejemplo, las dietas pobres en cereales integrales son el principal factor de riesgo alimentario en la mayoría de los sistemas agroalimentarios; en cambio, en los sistemas inmersos en crisis prolongadas (afectados por conflictos de larga data, inestabilidad e inseguridad alimentaria generalizada) y en los de tipo tradicional (caracterizados por una productividad más baja, por la limitada adopción de tecnologías y por cadenas de valor más cortas), la mayor preocupación es una escasa ingesta de frutas y hortalizas.
Otro problema significativo es el consumo elevado de sodio, que tiende a aumentar a medida que los sistemas tradicionales evolucionan hacia sistemas en formalización, alcanza un pico en estos y vuelve a disminuir cuando devienen industriales. Por el contrario, el consumo de carnes rojas y elaboradas aumenta constantemente durante toda la transición desde los sistemas agroalimentarios tradicionales hasta los sistemas industriales, en los que constituye uno de los tres riesgos alimentarios más importantes.
Las repercusiones ambientales de las prácticas agrícolas insostenibles acrecientan sustancialmente los costos ocultos.
Los costos asociados con las emisiones de gases de efecto invernadero, la escorrentía de nitrógeno, los cambios en el uso de la tierra y la contaminación del agua son particularmente altos en los países cuyos sistemas agroalimentarios están en proceso de diversificación, donde se observa un crecimiento económico acelerado acompañado de cambios en las modalidades de consumo y producción y donde se calcula que dichos costos rondan los 720 000 millones de dólares. Los sistemas en proceso de formalización y los sistemas industriales también se enfrentan a costos ambientales significativos; ahora bien, los países que afrontan mayores costos ambientales, en términos relativos, son aquellos afectados por crisis prolongadas, ya que en ellos dichos costos equivalen al 20 % de su producto interno bruto (PIB).
Los costos sociales, entre los que figuran la pobreza y la subalimentación, son más prevalentes en los sistemas agroalimentarios tradicionales y en los afectados por crisis prolongadas. En los países con tales sistemas, los costos sociales representan el 8 % y el 18 % del PIB, respectivamente, lo que pone de relieve la urgente necesidad de mejorar los medios de vida e integrar las labores humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz.
La edición de 2024 de SOFA subraya la importancia de adaptarse a los contextos locales y tener en cuenta las prioridades de las partes interesadas. Esto se ilustra mediante estudios de casos realizados en distintos países y tipos de sistemas agroalimentarios, como Australia, el Brasil, Colombia, Etiopía, la India y el Reino Unido.
En líneas generales, en el informe se aboga por una transformación de los sistemas agroalimentarios orientada hacia el valor, para que sean más sostenibles, resilientes, inclusivos y eficientes. Dicha transformación exige trascender las medidas económicas tradicionales, como el PIB, y valerse de la contabilidad de costos reales para desvelar los costos ocultos. Este enfoque permite tomar decisiones mejor fundamentadas que refuercen el valor social de los sistemas agroalimentarios, reconociendo su papel esencial en la seguridad alimentaria, la nutrición, la conservación de la biodiversidad y la identidad cultural. Para lograr dicha transformación, también es preciso subsanar la compartimentación sectorial, armonizando las políticas de los sectores sanitario, agrícola y medioambiental, a fin de que los costos y beneficios se repartan de manera equitativa entre todas las partes interesadas.
“Las decisiones que adoptemos ahora, las prioridades que establezcamos y las soluciones que apliquemos determinarán nuestro futuro común. El cambio verdadero comienza con acciones e iniciativas individuales, respaldadas por políticas propicias e inversiones específicas. La transformación de los sistemas agroalimentarios mundiales es fundamental para lograr los ODS y garantizar un futuro próspero para todos”, afirmó el Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO.
El informe recalca que dicha transformación exige una acción colectiva en la que deben participar productores primarios, agronegocios, gobiernos, instituciones financieras, organismos internacionales y consumidores. Si bien abordar los costos ocultos tendrá consecuencias desiguales para los diferentes países y partes interesadas, con plazos distintos, políticas y reglamentos propicios pueden ayudar a reducir al mínimo las repercusiones, sobre todo en los pequeños productores y agronegocios, al promover la pronta adopción de prácticas sostenibles y proteger a los grupos sociales vulnerables.
Las principales recomendaciones son las siguientes:
Ofrecer incentivos económicos y normativos para fomentar la adopción de prácticas sostenibles a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y limitar los desequilibrios de poder entre las partes interesadas de los sistemas agroalimentarios.
Promover una alimentación más saludable implantando políticas para hacer los alimentos nutritivos más asequibles y accesibles y reducir los costos ocultos asociados con la salud.
Incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de nitrógeno, de los cambios nocivos en el uso de la tierra y de la pérdida de biodiversidad, mediante proyectos de etiquetado y certificación, normas voluntarias e iniciativas de diligencia debida que abarquen el sector en su totalidad.
Empoderar a los consumidores con información clara y accesible sobre las repercusiones ambientales, sociales y sanitarias de sus decisiones alimentarias, velando al mismo tiempo porque todos los hogares se beneficien del cambio, incluso los más vulnerables.
Aprovechar el considerable poder adquisitivo de la compra de alimentos a través de instituciones para reconfigurar las cadenas de suministro de alimentos y mejorar los entornos alimentarios, en combinación con educación alimentaria y nutricional exhaustiva.
Velar por una transformación rural inclusiva a fin de superar ciertos patrones históricos, evitando que durante dicho proceso se agraven los costos ocultos de tipo ambiental, social y sanitario.
Fortalecer la gobernanza y la sociedad civil para crear un entorno propicio con objeto de acelerar las innovaciones en favor de sistemas agroalimentarios sostenibles y equitativos.
El reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que en septiembre de 2024, el sector agropecuario de Colombia continuó su tendencia de recuperación laboral. La tasa de desocupación en el sector rural descendió a 5,9%, un notable descenso en comparación con el 7,2% registrado en septiembre de 2023. Este avance se traduce en una mayor inclusión laboral en el campo, al haber sumado 89 mil personas a la población ocupada en un año, alcanzando un total de 4,9 millones de trabajadores.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, señaló que “los indicadores del mercado laboral en el campo siguen mejorando notablemente. Los resultados de la Reforma Agraria que abandera el Gobierno del Cambio se hacen ver. Continuaremos trabajando incansablemente para que la transición de la dependencia extractivista sea una realidad palpable, y que nuestro campo colombiano sea el epicentro de la Revolución por la Vida, a través de economías limpias y sostenibles”.
El incremento también se observó en las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, donde se registraron 97 mil personas adicionales empleadas, alcanzando un total de 3,2 millones de trabajadores. Este sector se consolida así como una de las principales fuentes de empleo en el país, contribuyendo de manera significativa a la economía nacional.
Entre julio y septiembre de 2024, el sector agrícola experimentó un incremento de 79 mil empleos en comparación con el mismo trimestre del año anterior, consolidando su papel fundamental en el mercado laboral. En el contexto nacional, la ocupación total en septiembre de 2024 fue de 23,2 millones de personas, con un aumento de 107 mil ocupados. Esto redujo la tasa de desocupación nacional al 9,1%, frente al 9,3% registrado en septiembre de 2023.
El desempeño positivo del sector agropecuario no solo refleja un impacto directo en la economía rural, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con la Reforma Agraria y la transición hacia economías sostenibles. Estas cifras confirman que el campo colombiano sigue siendo una fuente vital de empleo y desarrollo, y su dinamismo es un indicador alentador para el crecimiento económico del país.
En un esfuerzo sin precedentes por preservar la biodiversidad, la COP16 se desarrolló bajo el lema “Hagamos Paz con la Naturaleza”. Durante la conferencia, se movilizaron recursos significativos y se establecieron colaboraciones internacionales para enfrentar los retos ambientales que amenazan la biodiversidad global, especialmente en América Latina. Noruega, Suecia, Davivienda e IFC realizaron contribuciones sustanciales para apoyar proyectos de restauración y sostenibilidad en Colombia, mientras que el Instituto Humboldt fue elegido como centro de apoyo técnico en la región.
Puntos clave de la COP16
Uno de los logros más destacados de la COP16 fue la movilización de $75 millones de dólares por la biodiversidad en Colombia, con la colaboración de Noruega, Suecia, Davivienda e IFC. Estos fondos están destinados a combatir la deforestación, impulsar la bioeconomía y lanzar el primer bono de biodiversidad para la conservación, un modelo innovador que se espera replicar en otras regiones del mundo.
Asimismo, la coalición “Paz con la Naturaleza” reunió a 22 países, 40 organizaciones y más de 100,000 personas comprometidas con detener la pérdida de biodiversidad. Este movimiento ha unido esfuerzos globales para la creación de políticas y acciones concretas que resalten la importancia de la biodiversidad en el desarrollo sostenible.
La COP16 también fue escenario de la firma de importantes declaraciones. La Declaración de Inírida, por ejemplo, realza el papel de las mujeres en la defensa de la biodiversidad, mientras que la Declaración de Cali, firmada junto a parlamentarios de diferentes países, busca fortalecer las leyes ambientales y fomentar economías sostenibles.
En un aspecto de justicia histórica, se logró saldar una deuda de 26 años con los pueblos indígenas y comunidades locales en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), mediante la creación de un órgano representativo y el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como guardianes de la biodiversidad. Este avance es un reflejo de la COP16 como un espacio inclusivo y respetuoso de los derechos ancestrales y conocimientos tradicionales en la conservación.
La COP16 deja un legado trascendental en el ámbito de la conservación y la justicia ambiental. Con iniciativas como la creación del Fondo de Cali para la distribución equitativa de beneficios genéticos y el memorando de entendimiento ambiental firmado con Palestina, la conferencia ha sentado las bases para una cooperación más solidaria y comprometida en la defensa del medio ambiente.
En la plenaria de cierre de la COP16, la comunidad internacional acordó la creación de un órgano subsidiario orientado a la salvaguarda y promoción de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Este paso no solo refuerza el compromiso con la diversidad biológica, sino que también subraya la responsabilidad compartida de respetar y valorar la sabiduría ancestral en la gestión y conservación del medio ambiente. La inclusión de los afrodescendientes en este marco es otra pieza esencial del acuerdo, reconociendo su rol en la preservación de la biodiversidad.
El camino hacia este acuerdo ha sido largo y complejo. Durante 26 años, un grupo de trabajo específico ha trabajado en la implementación del Artículo 8J del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), una disposición que exhorta a los países a respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales de estas comunidades. Este marco legal también establece la participación activa de los poseedores de estos saberes en la toma de decisiones y promueve la distribución equitativa de los beneficios derivados de su uso.
El Artículo 8J ha sido una pieza clave en la agenda ambiental, pues reconoce la interdependencia entre los conocimientos tradicionales y la preservación de los ecosistemas. Sin embargo, hasta ahora, estos principios carecían de un órgano formal que los supervisara y garantizara su cumplimiento. La creación del nuevo órgano subsidiario busca precisamente llenar ese vacío y otorgar a las comunidades un espacio de participación real en las decisiones que afectan sus territorios y su legado cultural.
La aprobación de este órgano subsidiario representa más que un acto administrativo; es el reconocimiento de una deuda histórica con quienes, durante siglos, han protegido la biodiversidad sin recibir el respaldo ni el reconocimiento que merecen. La COP16 no solo celebra un acuerdo, sino también un compromiso renovado con la justicia ambiental y cultural. En un momento donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad exigen respuestas urgentes, el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales se eleva como esencial e insustituible.
En tan solo doce días, los 350.000 m² de la Zona Verde de la COP16 fueron visitados por más de 900.000 personas de diversas regiones del mundo, superando en más del doble la expectativa inicial y generando más de tres mil empleos directos e indirectos para su operación.
“La Zona Verde fue un éxito total, se tenía previsto un ingreso de aproximadamente 150 mil personas, y en este momento el registro está en más de 900 mil. Además, se lograron ventas por más de trescientos millones de pesos gracias a los Negocios Verdes y las economías de la biodiversidad,” afirmó Mauricio Cabrera, viceministro de Políticas y Normalización del Ministerio de Ambiente.
La COP16 convirtió a Cali en la capital mundial de la biodiversidad, movilizando y activando la economía local y nacional a través de propuestas enfocadas en la conservación de los recursos naturales y una movilización global. “Este encuentro marcó una concurrencia desde lo global y devolvió el orgullo que Cali había perdido históricamente, ahora reactiva gracias a una actividad que puso a la ciudad en el centro de la biodiversidad mundial,” afirmó José Perea, Jefe de la Oficina de Negocios Verdes de MinAmbiente.
Economías campesinas y negocios verdes en la Zona Verde de la COP16
Las ventas de las cerca de tres mil economías populares, campesinas, afrodescendientes y Negocios Verdes de todo el país impulsaron emprendimientos como Cuaro Viche de Río, que alcanzó ventas significativas. “Para nosotros fue muy especial ser parte de este momento histórico en Colombia; llevamos a la COP16 quince cajas de viche y logramos ganancias de alrededor de siete millones de pesos. Nos vamos completamente recargados y felices,” comentó Gilmaren Aragon, directora de Cuaro Viche de Río.
En la historia de las COP, esta fue la primera vez que se estableció una Zona Verde con participación ciudadana, marcando un cambio en la forma en que la humanidad se relaciona con el Convenio de Diversidad Biológica. Esta Cumbre de Biodiversidad impulsó una articulación territorial en torno a un objetivo común: alcanzar la Paz con la Naturaleza.
Tras ocho años de intensas negociaciones, la COP16 aprobó un trascendental acuerdo que apunta a la identificación y conservación de áreas marinas de alta importancia ecológica en aguas internacionales. Los asistentes a la plenaria celebraron esta decisión, la cual representa un avance crucial en la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, fortaleciendo la gobernanza oceánica a nivel global y estableciendo nuevas bases para la cooperación internacional.
El acuerdo prevé la creación de un grupo de expertos de diversas regiones del mundo, cuyo rol será identificar Áreas Marinas de Importancia Ecológica y Biológica (EBSAs), fundamentado en criterios científicos. Este proceso asegura la conservación de ecosistemas marinos vitales y especies en aguas internacionales, mientras se respetan los derechos y jurisdicciones soberanas conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Primer paso hacia una gobernanza global del océano
Durante el anuncio, Susana Muhamad, presidenta de la COP16, destacó la importancia de esta resolución como un primer gran logro de la conferencia. “El compromiso que hoy hemos asumido representa el espíritu de cooperación y responsabilidad que impulsa la COP16. Este acuerdo nos permitirá proteger áreas clave para el planeta, asegurando que los océanos, nuestros grandes reguladores climáticos y fuente de vida, tengan una defensa sólida y global”, afirmó Muhamad. La decisión, respaldada por delegados de todo el mundo, fortalece la cooperación científica y técnica para identificar y proteger zonas marinas esenciales.
Este nuevo mecanismo para la conservación de la biodiversidad en los océanos permitirá crear una red de áreas protegidas fuera de la jurisdicción nacional, reforzando los esfuerzos por la sostenibilidad ambiental y el uso responsable de recursos marinos en beneficio de generaciones futuras.
Puntos clave del acuerdo y su implementación
El acuerdo incluye una serie de medidas innovadoras para garantizar que la conservación marina se lleve a cabo con rigurosidad y transparencia:
Creación de un Grupo Asesor Internacional: Este equipo multidisciplinario de expertos supervisará la identificación y actualización de las EBSAs, coordinando esfuerzos de conservación y promoviendo la transparencia científica en todo el proceso.
Proceso científico neutral: Las descripciones y clasificaciones de estas áreas se basarán en criterios científicos y técnicos estrictamente, sin afectar derechos de soberanía territorial, para evitar conflictos de jurisdicción y mantener la neutralidad en las relaciones entre las naciones participantes.
Además, el acuerdo promueve la participación activa de diversos grupos, incluyendo comunidades indígenas, locales, mujeres y jóvenes. Esto se traduce en un proceso inclusivo que integra conocimientos tradicionales y locales, los cuales son fundamentales para la conservación de los ecosistemas.
Para apoyar estas labores, países como Alemania, Bélgica, Canadá, Noruega y Suecia han comprometido financiamiento para talleres científicos y técnicos que reunirán a especialistas y representantes comunitarios. Estos talleres, enmarcados en una plataforma colaborativa, permitirán revisar y ajustar las EBSAs de forma periódica, contribuyendo así a una gestión sostenible y adaptativa de los océanos.
Un compromiso hacia el futuro
El respaldo financiero y la prórroga del mandato del Grupo Asesor aseguran la continuidad y enfoque en la protección de la biodiversidad marina, reafirmando además el rol de la Asamblea General de la ONU como promotora de un marco legal para el uso y conservación sostenible de la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales.
Este acuerdo histórico no solo fortalece los esfuerzos de gobernanza global sobre los océanos, sino que también envía un mensaje poderoso sobre la cooperación internacional frente a los desafíos de la crisis ambiental. Con este compromiso, la COP16 sienta las bases para un futuro más sostenible y colaborativo, en el que la protección de la biodiversidad marina se convierta en una responsabilidad compartida por todos los países.
Este primer gran logro en la COP16 deja en claro que la comunidad internacional está dispuesta a trabajar en conjunto por el futuro del planeta, asegurando que las futuras generaciones puedan heredar océanos sanos y llenos de vida.
El pasado 30 de octubre de 2024, en el contexto de la COP16 en Cali, Valle del Cauca, y durante el día enfocado en Salud, Alimentación y Biodiversidad, se llevó a cabo un evento significativo para el país y el mundo. En la Zona Verde, el Gobierno Nacional oficializó la Política Pública de Agroecología, un documento que representa un cambio de paradigma en la agricultura colombiana hacia prácticas agroecológicas y sistemas agroalimentarios sostenibles. Este compromiso se inscribe en el marco de la Agenda de Biodiversidad de Colombia 2030, y se constituye como una respuesta estratégica a las urgencias de sostenibilidad que impone la crisis ambiental.
Lineamientos agroecológicos
La Política Pública de Agroecología fue presentada por la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Lilia Tatiana Roa Avendaño, quien subrayó la interrelación de esta política con aspectos espirituales, comunicación y adaptación al cambio climático. La viceministra destacó que “la agroecología es una forma de vida; son pluriversos múltiples en el mundo y en Colombia”. Roa Avendaño enfatizó en que es desde esta perspectiva de integración entre espiritualidad y naturaleza que la agroecología puede generar profundas transformaciones en los territorios rurales y en el manejo de los recursos.
A lo largo del evento, se abordaron temas prioritarios como el derecho a la agroalimentación, la soberanía alimentaria, la transición energética y la conservación de la biodiversidad. La viceministra celebró que esta política fuera presentada en Cali, ciudad que ha liderado importantes avances en agroecología y que representa un bastión de conocimientos y prácticas en esta área.
Además, se destacó que la política está estructurada en cuatro ejes fundamentales: gestión del conocimiento agroecológico, producción y transición agroecológica, procesos de producción y consumo, y recuperación de saberes ancestrales. Su implementación buscará territorializar el Programa Agroecológico Nacional, impulsando procesos y estrategias que permitan avanzar en la transición agroecológica y fortalecer los sistemas de producción local y sostenible.
Sellando la construcción de una política pública.
La firma de esta política en el marco de la COP16 representa un compromiso firme del país con el cambio estructural en la agricultura, promoviendo modelos más sostenibles y alineados con los objetivos globales de conservación y sustentabilidad. La expectativa es que los acuerdos alcanzados en las mesas de negociación en la Zona Azul de la COP16 permitan medidas concretas que fortalezcan la protección de la biodiversidad y den impulso a iniciativas locales y nacionales. Este lanzamiento subraya la intención del Gobierno de liderar un camino hacia una agricultura resiliente y en armonía con la naturaleza, adaptada a los desafíos del siglo XXI.
Desde su fundación en 2008, Red Adelco ha sido una fuerza clave en el fortalecimiento del desarrollo económico local en Colombia, promoviendo la participación de actores públicos, privados y comunitarios para mejorar la calidad de vida en las regiones más vulnerables del país. En la COP16, la organización aprovechó la oportunidad para visibilizar sus logros en cadenas productivas, turismo comunitario y prácticas sostenibles. En entrevista, Callejas destacó que el respeto y la convivencia armónica con el entorno son esenciales para construir paz en los territorios rurales, donde el desarrollo económico debe coexistir con la protección del medioambiente.
En el evento “Aviturismo con Biodiversidad”, Callejas expuso el rol del aviturismo como una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad y el impulso económico en las zonas rurales. Destacó que el aviturismo no solo es una fuente de ingresos para las comunidades, sino también un medio para educar y concienciar sobre la importancia de preservar los ecosistemas únicos de Colombia. Este enfoque permite a las regiones desarrollar actividades económicas basadas en el respeto y la sostenibilidad ambiental, integrando la cultura local y los recursos naturales de manera responsable.
En el panel “Boosting Food Systems Transformation”, Callejas resaltó la necesidad de construir agendas locales que reflejen el contexto y las particularidades de cada territorio. “Entender el contexto local implica profundizar en conversaciones que permitan comprender las interacciones de quienes habitan el territorio y sus motivaciones políticas, económicas y sociales”, expresó, subrayando que el diálogo constante en espacios cotidianos del campo permite que las soluciones de desarrollo económico surjan de los mismos actores locales, en beneficio de sus comunidades.
Durante su entrevista con Elcampesino.co, Callejas amplió su visión sobre la “paz con la naturaleza”, explicando que el desarrollo debe ir de la mano con el respeto al entorno. “Si no tienes una sociedad fuerte, empoderada y democrática que sepa tomar decisiones y cuidar su entorno, no hay economía que valga”, afirmó. Subrayó que cada emprendimiento, ya sea agrícola, turístico o artesanal, debe considerar el impacto de sus recursos en el ambiente. Mencionó ejemplos como el uso de materias primas para artesanías o la extracción de agua para cultivos, y advirtió que estas actividades, si no se realizan de manera sostenible, terminan dañando el entorno. Para Red Adelco, la verdadera paz con la naturaleza surge cuando las comunidades respetan sus recursos y se comprometen a devolver al entorno lo que toman de él, impulsando así un modelo de desarrollo equitativo y sostenible.
Finalmente, en la sesión “Iniciativas Multilaterales para Promover la Sostenibilidad de la Ganadería Bovina”, el gerente del programa #RutasPDET de Red Adelco destacó el impacto positivo alcanzado en el Caquetá, donde la red ha fomentado la conservación de 950 hectáreas de bosque y ha promovido prácticas sostenibles en la cadena láctea del piedemonte amazónico. Con más del 80% de los productores comprometidos en un modelo de ganadería sostenible, Red Adelco ha impulsado la creación de 35 reservas naturales de la sociedad civil, reflejando un compromiso firme del sector ganadero con la conservación del bosque amazónico y el bienestar de las comunidades.
La participación de Red Adelco en la COP16 ratifica su rol como aliado estratégico para el desarrollo sostenible en Colombia. A través de iniciativas que integran la economía local con la conservación ambiental, la organización sigue trabajando por un país donde el crecimiento económico y la paz con la naturaleza sean una realidad conjunta, promoviendo un desarrollo justo, inclusivo y sostenible para las comunidades rurales de Colombia.
