Este documental inaugura el ciclo PA-CDOC – Panorama: Colombia Documental, una selección que propone distintas miradas sobre la realidad nacional a través del lente del cine documental. La obra documental creada por Platzi, se sumerge en una época en la que la radio fue el principal vehículo para combatir el analfabetismo rural. Gracias a Radio Sutatenza, iniciativa impulsada por ACPO, se gestó un modelo pedagógico integral que no sólo alfabetizó a millones de campesinos, sino que también generó una profunda transformación cultural y social en las regiones más apartadas del país. La cinta refleja cómo, en un contexto de recursos limitados, la emisora se convirtió en una herramienta para llevar conocimientos prácticos y valiosos a quienes más lo necesitaban.
La programación de PA-CDOC incluyó otros cortometrajes que ahondan en la diversidad colombiana, como «Huellas del viento» (Dir. Diana Paola Tamayo, 2024), «Yigayo Yuwuerane» (Dir. Ross Dayana López Padill, 2023), «El futuro que fuimos» (Dir. Sebastian Carrasco, 2024), «Aquel cuatro de noviembre» (Dir. Marbel Vanegas Jusayu, 2024) y «Ovidio» (Dir. Iván Marín Díaz, 2024). Cada obra aporta una perspectiva única que permite comprender mejor el tejido social, la historia y las dinámicas culturales que conforman la identidad nacional.
Con esta nueva edición, que se extenderá hasta el 10 de diciembre, BogoShorts reafirma su posición como un espacio imprescindible para la exhibición de cine emergente, la discusión sobre la memoria colectiva y el fortalecimiento del diálogo cultural. La presentación de «La startup de 1947» evidenció el poder del documental no sólo para iluminar el pasado, sino también para inspirar nuevas reflexiones sobre el presente y el futuro de la educación y la sociedad colombiana.
Finalmente, para quienes no lograron presenciar la exhibición de «La startup de 1947» durante la jornada de hoy, el cortometraje contará con una nueva función este domingo, 8 de diciembre, a las 6:00 p.m en la Pontificia Universidad Javeriana.
Este año, Colombia conmemoró el octavo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, un suceso que marcó un antes y un después en la historia nacional. La promesa de reconciliación, justicia social y desarrollo sostenible se ha construido gradualmente gracias a la participación activa de comunidades rurales y el apoyo decisivo de actores internacionales. En este camino, la Unión Europea junto con el Fondo Europeo para La Paz y sus 21 Estados Miembros, se ha consolidado como un aliado fundamental, especialmente en territorios rurales como las Zonas de Reserva Campesina de la cuenca del Río Pato y el Valle de Balsillas, donde se entrelazan las iniciativas de acceso a la tierra, el fortalecimiento social y los diálogos de paz.
En el marco del Segundo Encuentro de Juventudes de Zonas de Reserva Campesina, celebrado recientemente en Pato-Balsillas, se vivió un momento histórico para las comunidades rurales. Este espacio reunió a 75 líderes y lideresas juveniles, representando 17 zonas de reserva y 4 en proceso de constitución, con el propósito de consolidar lineamientos de política pública para la juventud rural. Este evento, respaldado por la Unión Europea, no solo fortaleció el liderazgo de las nuevas generaciones, sino que reafirmó su compromiso con la sostenibilidad y permanencia en el campo, incluyendo propuestas innovadoras como el acceso colectivo a tierras y la ampliación de oportunidades educativas.
Un hecho destacado de este encuentro fue la entrega de títulos de propiedad a familias campesinas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, con el acompañamiento del programa Tierras y Territorios Sostenibles para la Paz, financiado por la Unión Europea. Este acto representa más que una solución jurídica; simboliza la restitución de derechos y la creación de un nuevo futuro para comunidades históricamente marginadas. Estas entregas brindan estabilidad y esperanza, fomentando el arraigo territorial y potenciando la economía campesina como motor del desarrollo local.
La presencia activa de la Unión Europea también refleja un compromiso integral con la construcción de paz. Además de apoyar la formalización de tierras y la organización comunitaria, este viernes 6 de diciembre, la UE participará junto con Noruega y Suiza en una misión en Pato-Balsillas para acompañar un diálogo entre la comunidad del Pato Balsillas y las delegaciones del Gobierno Nacional en las mesas de diálogo con actores armados presentes en la zona. Durante esta jornada, se buscará conversar sobre las afectaciones a la comunidad y establecer mecanismos que garanticen su seguridad, así como la presencia estatal y el desarrollo económico de la Zona de Reserva Campesina.
Las expectativas en torno a estos diálogos son altas. Por ello, para la Unión Europea en Colombia, el éxito de estas conversaciones radica en generar compromisos concretos que prioricen a las comunidades campesinas, quienes históricamente han soportado el peso del conflicto armado. Asimismo, el acompañamiento de la comunidad internacional refuerza la legitimidad del proceso y asegura que los intereses de los territorios sean parte central de las decisiones.
La experiencia en las Zonas de Reserva Campesina del Pato-Balsillas demuestra que la construcción de paz en Colombia es posible cuando se unen esfuerzos locales e internacionales. La Unión Europea, con su enfoque en la justicia social, el acceso a la tierra y la consolidación de la paz, continúa siendo un ejemplo de cooperación efectiva.
Durante la clausura del evento, el viceministro de Conectividad, Gabriel Jurado, presentó los avances del país en el cierre de brechas digitales rurales. Destacó iniciativas estratégicas, como el uso de la banda de 900 MHz para mejorar la conectividad en comunidades remotas, así como el diseño de un modelo innovador para la asignación de espectro a organizaciones locales. Este enfoque busca facilitar el acceso a internet en zonas de difícil cobertura, priorizando un modelo no comercial, orientado exclusivamente a la inclusión digital.
“Este proyecto no solo lleva conectividad, sino también oportunidades. La falta de acceso a internet perpetúa la desigualdad, y nuestro compromiso es transformar esa realidad en beneficio de las comunidades rurales”, afirmó Jurado.
El Grant europeo, que asciende a un millón de euros, será ejecutado en conjunto por OEA/Citel, Colnodo y la Internet Society (ISOC). Su objetivo es establecer 10 redes comunitarias que integrarán centros de cómputo, promoviendo el acceso a servicios esenciales como educación y salud, con una metodología participativa que fomenta la apropiación tecnológica en las comunidades.
Estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando transformar vidas mediante el acceso equitativo y sostenible a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La presidencia de Colombia en ComCitel (2022-2026) ha sido clave para avanzar en este propósito, promoviendo políticas innovadoras que beneficien directamente a las zonas rurales.
Entre las iniciativas más destacadas bajo el liderazgo colombiano se encuentran:
Promoción de ecosistemas de innovación local y estrategias de apropiación tecnológica.
Revisión de la regulación rural para garantizar mayor conectividad.
Implementación de tecnologías emergentes y gestión dinámica del espectro.
Exenciones de pago para operadores en zonas vulnerables, incentivando la inversión.
Resultados y próximos pasos
El trabajo conjunto del Ministerio TIC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y la Agencia Nacional del Espectro (ANE) ya ha logrado avances significativos en cuatro de las 10 acciones priorizadas en la resolución AG/RES. 2966 (LI-O/21) de la OEA/CITEL. Las restantes se esperan implementar en el primer semestre de 2025, consolidando a Colombia como un referente en conectividad inclusiva.
Con esta iniciativa, Colombia no solo reafirma su compromiso con el desarrollo rural, sino que lidera en la región un modelo de conectividad sostenible, centrado en las necesidades de las comunidades más apartadas.
Esta apuesta por la inclusión digital es un paso firme hacia la transformación del campo colombiano, conectando a quienes más lo necesitan y fortaleciendo el tejido social y productivo de las zonas rurales.
La crisis de los cebolleros en Colombia ha alcanzado un punto de inflexión. Este jueves 5 de diciembre, los agricultores protagonizarán un paro nacional para exigir acciones concretas ante la falta de control en las importaciones y el incumplimiento de acuerdos previos. Este problema, que afecta la sostenibilidad de miles de familias campesinas, no es nuevo: desde 2012, el gremio ha señalado la entrada de cebolla importada en condiciones sanitarias cuestionables como una amenaza a la producción local.
Álvaro Palacio, presidente de Asohofrucol, recordó que las denuncias no son recientes. «Desde hace más de una década hemos alertado sobre la entrada de cebolla que no cumple con los requisitos legales ni sanitarios. En 2012 decomisamos tres tractocamiones en Corabastos con cebolla de Holanda en estado no apto para consumo humano. Ahora enfrentamos lo mismo con cebolla peruana que entra por Ipiales tras una limpieza superficial, arrasando con nuestra cebolla ocañera», explicó.
En octubre de este año, los cebolleros ya se habían movilizado y lograron establecer acuerdos con el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, un mes después, los productores denuncian que los compromisos no se han cumplido y que el contrabando y las importaciones descontroladas continúan.
«Nos tocó salir otra vez porque no nos dejan otra salida. En octubre caminamos desde la calle 170 hasta el Ministerio de Agricultura, donde nos prometieron soluciones. Pero ahora seguimos vendiendo la carga a $50.000 cuando producirla nos cuesta más de $140.000. No podemos sostenernos así», comentó uno de los líderes del paro en Boyacá.
Colombia, un país cebollero bajo presión
La cebolla es un cultivo clave en Colombia, producido en 19 departamentos y 266 municipios. En 2023, el área cultivada alcanzó las 26.820 hectáreas, generando 635.583 toneladas. Sin embargo, el auge de las importaciones, que suman 49,3 millones de dólares anuales, amenaza esta tradición agrícola. Perú, en particular, ha mostrado un crecimiento notable en las exportaciones al país, desplazando la producción local.
Expectativas frente a un nuevo diálogo
El paro del 5 de diciembre coincide con una reunión programada entre los líderes del gremio y las ministras Martha Carvajalino (Agricultura) y Luis Carlos Reyes (Comercio). Los agricultores esperan que este encuentro sea diferente y que se adopten medidas efectivas, como el control riguroso de las importaciones y el cumplimiento de los estándares sanitarios, con el fin de mitigar la crisis de los cebolleros en Colombia y así crear una hoja de ruta.
El sector cebollero, esencial para la economía rural de Colombia, sigue luchando por sobrevivir. Los campesinos han demostrado su capacidad de resistencia, pero las soluciones definitivas siguen siendo un desafío para el Gobierno.
La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, anunció la consulta pública del proyecto de resolución que define la Zona de Reserva Temporal de recursos naturales renovables en el Macizo de Santurbán con el objetivo de proteger las cuencas críticas que abastecen de agua a 1,3 millones de personas en siete municipios de la región y el Área Metropolitana de Bucaramanga.
“Esta resolución estará publicada para que sea consultada por la ciudadanía y se recibirán comentarios por parte de todos los actores interesados, así como habrá sesiones para que se conozca esta resolución en territorio, tanto sus aspectos técnicos como jurídico, con el fin de garantizar la participación de todos los actores”, afirmó la ministra.
Muhamad también aseguró que dicha resolución tendría una duración de dos años y, por lo tanto, es una resolución de carácter temporal, que se sustenta en el principio de precaución con el fin de proteger las cuencas Alto Lebrija y Cáchira Sur, la biodiversidad, la capacidad de regulación hídrica y el ciclo del agua que garantiza la función ecológica y la provisión de agua potable a los acueductos, tanto municipales como el acueducto de Bucaramanga.
“Esta medida no tiene efectos ni sobre la agricultura, ni la ganadería, ni la infraestructura, ni licencias de construcción que se seguirán haciendo de acuerdo a los usos del suelo que estén definidos en los planes de ordenamiento territorial de los municipios y bajo la vigilancia de las autoridades competentes”, manifestó la jefe de la cartera ambiental.
Así mismo, Muhamad aclaró que “la resolución reconoce la tradición minera de los municipios de California, Vetas y Suratá y, por lo tanto, no afecta los procesos de formalización minera que están en curso en este momento en esos municipios con los pequeños mineros tradicionales de la región y tampoco la reserva temporal afecta ni frena actividades mineras que cuenten hoy con título minero e instrumento ambiental vigentes”.
Sin embargo, la medida limita la entrega de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación u otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de mineral, con el objetivo de precaver daños irreversibles y controlar procesos de degradación ante los desequilibrios físicos, químicos y ecológicos del medio natural que pongan en peligro su integridad por el desarrollo de actividades mineras, hasta tanto se adelanten los estudios técnicos y procesos necesarios para identificar los mecanismos de ordenamiento ambiental del territorio que permitan la protección efectiva de los recursos naturales renovables y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos.
Dentro de los análisis técnicos se identificó que en la zona de reserva prevista se encuentran 57 títulos mineros y 35 solicitudes de titulación minera, que en conjunto suman alrededor de 23.929 hectáreas que se traslapan con 20.397 hectáreas de ecosistemas que son claves para el uso y manejo coordinado del suelo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, según los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas establecidos por la Corporación Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
Impactos de la minería
La ministra fue enfática en que la resolución tiene sustento técnico en información y estudios realizados sobre el ciclo del agua y la importancia ambiental de la zona por la CDMB, la Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y el Instituto Humboldt.
Al respecto, Muhamad explicó que:
Los impactos acumulativos de la minería podrían afectar 23.000 hectáreas claves para el ciclo del agua de Santurbán, si se llegase a desarrollar todos los títulos y las solicitudes mineras pendientes los efectos serían irreversibles, aumentando la vulnerabilidad hídrica de la región.
La roca del Macizo por su composición química tiene elementos tóxicos y radioactivos, que cuando se exponen, reaccionan con el aire y el agua, estos elementos peligrosos y tóxicos van al ambiente y pueden afectar la salud humana por sus altas concentraciones.
Romper la montaña, el macizo y la geología puede afectar el ciclo del agua por cuanto desconecta la producción de agua del páramo con las fuentes superficiales y subterráneas.
Inició en firme la construcción del IV Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035, resultado del Foro Nacional de Educación 2024, Colombia: Revolución con los Territorios que durante tres días reunió a cerca de 1000 personas de las regiones quienes participaron en 16 mesas de trabajo y con 25 experiencias significativas para reunir las voces que identificaron las necesidades, retos, propuestas y la ruta para la educación del futuro.
Es así que se han consolidado propuestas fundamentales que definen el camino hacia una educación más inclusiva, sostenible y pertinente a las necesidades territoriales del país para los próximos 10 años. Estas iniciativas surgen de la participación activa de las comunidades, familias, docentes y estudiantes de diferentes regiones, reflejando una visión colectiva y diversa.
Este ha sido un proceso amplio que involucra voces de niños y niñas, como la Jerónimo Giraldo, quien con 12 años tiene claro cuál es la educación que necesita el país para beneficiar directamente a sus compañeros de clase. «No basta que una sola persona o grupo reducido esté luchando por todo un país, debemos ser más los que nos debamos unir, invito a los niños a que se animen y se empoderen», manifestó.
La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gloria Carrasco y el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño, junto a Jerónimo fueron los encargados de contarle al país cuáles son las propuestas del trabajo de estos tres días:
Se enfatiza la necesidad de garantizar recursos específicos para la educación inicial y superior, con mecanismos de control y vigilancia. Además, se destaca la importancia de la participación comunitaria en la toma de decisiones, asegurando transparencia y sostenibilidad.
Las regiones han resaltado la urgencia de mejorar la infraestructura educativa, desde laboratorios tecnológicos hasta garantizar servicios básicos. Estas mejoras deben ser acordes con las particularidades climáticas y geográficas de cada territorio.
Entre los temas con especial énfasis fue priorizar la salud mental de estudiantes y docentes, son ejes fundamentales para un ambiente educativo saludable y sostenible.
De otro lado, se plantea un enfoque educativo que promueva la interculturalidad y la inclusión, fortaleciendo la educación rural e indígena, ejemplo de esto es el trabajo adelantando para consolidar el SEIP (sistema educativo indígena propio).
Se propone resignificar los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) para adaptarlos a las realidades culturales locales, promoviendo currículos flexibles e inclusivos. El objetivo es fomentar un aprendizaje significativo y contextualizado.
La formación docente es una prioridad, con programas que sean accesibles y adaptados a lo que requiere cada sector y territorios. Igualmente, se busca fortalecer las Escuelas Normales Superiores.
Finalmente, se resalta la importancia del rol activo de las comunidades en la gestión educativa. La creación de gobernanzas locales y espacios de diálogo fortalecerá la colaboración entre familias, instituciones y gobiernos locales. Igualmente, el garantizar una alimentación escolar pertinente.
Un reconocimiento al trabajo en la escuela
Se hizo un reconocimiento de las experiencias significativas que transforman la convivencia escolar en nuestras instituciones educativas, destacando iniciativas que han demostrado ser hitos de aprendizaje, construcción de paz y ciudadanía. Conózcalas:
‘Del ocio a la creación de experiencias de aprendizaje: Deporte, arte y cultura para la paz,’ liderada por Yessis Manuel Ramos Fuentes, de la Institución Educativa Colomboy – Secretaría de Educación de Sahagún.
‘La paz de la mano de la escuela,’ liderada por Jaime Luis Martínez Marriaga, de la Institución Educativa 20 de Enero – Secretaría de Educación de Sincelejo.
‘Resignificación del acuerdo de convivencia con prácticas restaurativas y competencias socioemocionales: Reparar para construir, comprometidos con ¡No repetir!’, liderada por Beatriz Ramírez Rodríguez, de la Institución Educativa Santiago Pérez – Secretaría de Educación de Tolima.
‘Líderes y liderezas GAU (Gestión Adolescente Unida),’ liderada por Erika Quintero Quintero, de la Escuela Normal de Piedecuesta – Secretaría de Educación de Piedecuesta.
‘Sembrar convivencia, es cosechar paz,’ liderada por Reinaldo Epia, de la Institución Educativa Los Andes – Secretaría de Educación de Florencia.
Por último, se firmó una declaración por parte de representantes de las regiones para reafirmar el compromiso con la educación que permita abrir un dialogo nacional que impulse el proyecto educativo del país con avances de políticas públicas y experiencias.
El rimo de la Tambora marcó el cierre cultural que estuvo a cargo de la Institución Educativa Francisco Rinaldy Morato del corregimiento de San Bernardo, en Pelaya Cesar, del programa Sonidos para la Construcción de Paz, iniciativa de Mincultura con Mineducacion para fomentar la formación integral, es así que se contribuye a la paz del país.
La educación del futuro en Colombia será el reflejo de las voces de los territorios. Con propuestas que abarcan desde la infraestructura hasta la dignificación docente, este documento se presentará en 2026 como una oportunidad para transformar la educación y adaptarla a las realidades locales. Este proceso participativo garantiza que cada región contribuya a construir una educación más equitativa, inclusiva y orientada al bienestar de las nuevas generaciones.
¡La educación del mañana se construye hoy, desde los territorios y para el país!
La semana pasada en Chimichagua, Cesar, se realizó una entrega histórica de 7.500 hectáreas de tierra a 13 asociaciones campesinas en los municipios de Aguachica, Astrea, Chimichagua, Gamarra, La Gloria, San Martín y Valledupar, en el departamento del Cesar. Este acto, que beneficia a 739 familias, refuerza el compromiso gubernamental con la Reforma Agraria y la justicia social.
Entre las propiedades entregadas se destaca el predio La América, antigua propiedad del controvertido empresario ‘Ñeñe’ Hernández, ahora destinado a 147 familias campesinas. La entrega de este terreno, que estuvo bajo medida cautelar durante un año y siete meses, simboliza el avance en los procesos administrativos que frenaban la restitución de tierras en Colombia.
Este territorio fue epicentro del despojo y la violencia paramilitar, incluido el caso emblemático de la hacienda Bellacruz, donde más de 200 familias fueron desplazadas. Con esta entrega, el Gobierno busca no solo reparar a las víctimas, sino también sentar las bases para transformar al Cesar en una potencia agroalimentaria.
Reforma Agraria que transforme a Colombia.
Durante el acto, el presidente Petro destacó el valor de estas acciones para la construcción de paz: “Hoy estamos aquí haciendo lo que ningún otro Gobierno hizo: devolver la tierra al campesinado, hacer justicia y avanzar en una verdadera Reforma Agraria que transforme a Colombia. Esto no es solo una reparación histórica, es también el inicio de un modelo de desarrollo centrado en la justicia social”.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, resaltó el significado histórico de este evento: “Estas tierras, antes símbolo de la barbarie paramilitar, serán ahora la base de la Revolución por la Vida. Con esta entrega, el Cesar avanza hacia su transformación como una potencia agroalimentaria, cumpliendo con los compromisos del Acuerdo de Paz y saldando una deuda histórica con las víctimas y el campesinado”.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, agregó que el predio La América se convertirá en un epicentro de paz y desarrollo para las familias beneficiarias, impulsando la seguridad alimentaria del país y cerrando un capítulo de violencia en los campos colombianos.
Impacto y proyección:
Con esta entrega, las organizaciones campesinas suman 22.500 hectáreas fértiles asignadas este año en el Cesar, consolidando a la región como un modelo de transformación agraria. Entre los beneficiarios se encuentran asociaciones como la Federación de Campesinos de Chimichagua (Fedecamchi), la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), y grupos de víctimas del paramilitarismo como Agrovicmar.
La conferencia climática COP29, que concluyó este fin de semana, dejó un sabor amargo en la comunidad internacional al cerrar con un acuerdo financiero que no cumple con las necesidades urgentes de los países en desarrollo. En un momento crítico para la acción climática, el resultado amenaza con retrasar los esfuerzos globales necesarios para enfrentar la crisis climática y acelerar la transición hacia un futuro sostenible.
Un acuerdo insuficiente para un momento crucial
Tras dos semanas de negociaciones tensas, los países acordaron un financiamiento de 300 mil millones de dólares anuales hasta 2035, una cifra que, aunque significativa, está muy por debajo de las expectativas y de la ambición requerida para abordar los desafíos climáticos actuales. Aunque se incluyó una hoja de ruta hacia 1,3 billones de dólares para los países en desarrollo, expertos señalan que el compromiso carece de mecanismos claros para garantizar su implementación.
Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF, calificó el acuerdo como «un golpe serio a la acción climática». Según el ex presidente de la COP20, “este fracaso amenaza con dejar a las comunidades más vulnerables expuestas a desastres climáticos crecientes. A pesar de este retroceso, no podemos permitir que nos frene. El mundo necesita soluciones transformadoras con urgencia”.
La ciencia y la acción climática en un punto de inflexión
La COP29 tampoco logró enviar un mensaje claro sobre la reducción acelerada de emisiones y el abandono de los combustibles fósiles, puntos críticos en el combate contra el cambio climático. Según Fernanda Carvalho, líder de Políticas Globales de Clima y Energía de WWF, “es inaceptable que no se haya reforzado la necesidad de eliminar los combustibles fósiles respaldada por un financiamiento adecuado. Este débil resultado no debe desviar la atención de los compromisos de reducción de emisiones y de la transición energética”.
El reto hacia COP30 en Belém
Con la presidencia de Brasil al frente de la próxima conferencia climática en Belém, en noviembre de 2025, recae sobre este país la responsabilidad de recuperar el impulso perdido y movilizar los recursos necesarios para avanzar en los objetivos del Acuerdo de París. La hoja de ruta de Bakú a Belém será clave para garantizar que los compromisos financieros se materialicen y que la comunidad internacional no pierda de vista el límite de 1,5 °C de calentamiento global.
Vanessa Morales, experta sénior en Clima y Naturaleza de WWF, destacó otro punto crucial: «Clima y naturaleza deben avanzar de la mano. Aunque hubo avances en eventos paralelos, no incluir formalmente la naturaleza en las negociaciones pone en riesgo su papel como aliado esencial en la acción climática”.
El débil acuerdo de la COP29 es un recordatorio de que la acción climática sigue enfrentando obstáculos políticos y financieros. Sin embargo, la ciencia y las demandas de las comunidades vulnerables son claras: el tiempo para actuar se está agotando. El camino hacia Belém representa una oportunidad para revitalizar el proceso multilateral y responder con la ambición y los recursos que el mundo necesita.
Cada 25 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 para sensibilizar y promover acciones destinadas a erradicar la violencia de género. En Colombia, esta problemática adquiere matices particulares en las zonas rurales, donde las mujeres enfrentan desafíos adicionales que agravan su vulnerabilidad.
La Realidad de la Violencia en el Ámbito Rural Colombiano
Las mujeres rurales en Colombia se enfrentan a múltiples formas de violencia que van más allá de la física, incluyendo la psicológica, sexual y económica. Según el informe «Violencias Basadas en Género contra Mujeres Rurales» publicado por Samed Mateo Vargas Montero para el Centro de Investigación y Educación Popular -Cinep, estas violencias se ejercen por razones de género, etnia, raza, edad, clase, discapacidad, orientación sexual e identidad de género.
Además, la recolección de datos sobre este fenómeno se ha centrado principalmente en documentar las afectaciones diferenciadas del conflicto armado interno, evidenciando que los problemas que afectan a la población rural son complejos y multifacéticos.
Factores que agravan la violencia en zonas rurales
Diversos elementos contribuyen a la perpetuación de la violencia contra las mujeres en áreas rurales:
Aislamiento Geográfico: La lejanía de los centros urbanos dificulta el acceso a servicios de salud, justicia y apoyo psicológico.
Dependencia Económica: Muchas mujeres dependen económicamente de sus agresores, lo que limita su capacidad para abandonar situaciones de violencia.
Normas Culturales Tradicionales: En algunas comunidades, las normas patriarcales y la aceptación social de la violencia de género dificultan la denuncia y la intervención.
Falta de Infraestructura: La ausencia de transporte público y comunicaciones limita las opciones de las mujeres para buscar ayuda.
Iniciativas y desafíos en la erradicación de la violencia rural
El gobierno colombiano, junto con organizaciones internacionales y locales, ha implementado programas para abordar la violencia de género en zonas rurales. Por ejemplo, la campaña «Si duele no es amor» ha llegado a más de 30 comunidades rurales de Colombia, con el objetivo de que mujeres, hombres, niñas, jóvenes y personas LGBTIQ+ reconozcan los tipos de violencias basadas en género y las rutas de atención.
Sin embargo, persisten desafíos significativos. La falta de recursos especializados, la necesidad de formación para profesionales que atienden a víctimas y la urgencia de políticas públicas adaptadas a las realidades rurales son aspectos que requieren atención inmediata.
El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos recuerda la importancia de visibilizar y abordar la violencia de género en todos los contextos, especialmente en las zonas rurales de Colombia, donde las mujeres enfrentan obstáculos adicionales. Es imperativo que gobiernos, organizaciones y comunidades trabajen conjuntamente para desarrollar estrategias efectivas que garanticen la seguridad y el bienestar de todas las mujeres, sin importar su lugar de residencia.
La Cepal, en colaboración con la ONG Ayuda en Acción, presentó un informe que revela un panorama preocupante para la juventud latinoamericana. Según el estudio, el 70 % de los jóvenes de la región trabajará en el sector de servicios para 2030, dejando atrás sectores tradicionales como la agricultura y la construcción. Esta transición, aunque refleja un cambio en las dinámicas laborales, plantea serios desafíos: el aumento de la precariedad laboral y el desempleo, especialmente en ausencia de políticas públicas diseñadas para mitigar estos riesgos.
El informe subraya que la falta de políticas específicas para proteger a los jóvenes en el sector servicios podría intensificar la inestabilidad laboral, una problemática agravada por factores como el cambio climático y los procesos migratorios, que aumentan la competencia por empleos en zonas urbanas. Matías Figueroa, director del programa Europa de Ayuda en Acción, advirtió: «Sin políticas públicas específicas para mitigar estos riesgos, las tasas de desempleo e inestabilidad laboral podrían crecer».
El contexto social también refleja una dura realidad: el 31 % de los jóvenes de la región vive en situación de pobreza, mientras que un 8,5 % enfrenta pobreza extrema. Además, un 50 % de los jóvenes empleados trabaja de manera informal, una situación especialmente crítica en las zonas rurales, donde la tasa de informalidad es un 20 % más alta que en áreas urbanas.
La ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Ramírez, se refirió al impacto en la población rural, destacando la exclusión de los jóvenes campesinos de los derechos laborales básicos. «La gente que está en el campo no tiene acceso a sus derechos laborales», afirmó, añadiendo que «el horizonte de los jóvenes no puede ser la incertidumbre».
Por su parte, Ángela Penagos, directora de Cepal en Colombia, llamó a reflexionar sobre la importancia del mercado laboral rural. «No hemos entendido el rol de la ruralidad en la comunidad colombiana. Entender esto es entender el apoyo entre nuestros países», señaló.
Estrategias y recomendaciones: áreas clave de acción para 2030
Para contrarrestar estos desafíos y garantizar empleos dignos para los jóvenes, Ayuda en Acción y CEPAL destacan áreas prioritarias que requieren atención urgente:
1. Formalización del empleo juvenil: El estudio recomienda la implementación de programas orientados a reducir la alta tasa de informalidad laboral que afecta a las personas jóvenes de la región, brindando protección social y mejorando la calidad de los empleos. 2. Generación de empleos de calidad: La promoción de empleo juvenil debe enfocarse en sectores de alto valor, con especial atención a servicios públicos, tecnología y energías sostenibles, sectores que ofrecen mayor estabilidad y oportunidades de desarrollo. 3. Reducción de las brechas de género: Combatir las desigualdades de género en el mercado laboral resulta esencial para garantizar la inclusión de las mujeres jóvenes en empleos de calidad, promoviendo la equidad en las oportunidades. 4. Fortalecimiento de sistemas de información laboral: Dotar a las personas responsables de la elaboración de políticas públicas y a la juventud de datos actualizados y fiables sobre el funcionamiento del mercado laboral es fundamental para facilitar su inserción laboral y mejorar la calidad de sus empleos. 5. Invertir en educación y formación: Fortalecer los programas de capacitación profesional y reforzar la calidad de la educación y la formación técnica permitirán a la juventud responder a las demandas cambiantes del mercado laboral, especialmente en un entorno de alta automatización y transformación digital.
La inversión y creación de políticas públicas para fortalecer la agricultura.
“Invertir en la juventud es lo más justo socialmente, pero también es lo más inteligente para el futuro de la región. Esto requiere una concepción integral de las políticas hacia adolescentes y jóvenes, trabajando activamente para superar las brechas existentes y reducir las desigualdades”, valora Matías Figueroa.
“Asimismo, es esencial que las políticas enfocadas en las juventudes incluyan la participación de las personas jóvenes en la toma de decisiones y en la formulación de las políticas que les atañen”, concluye Andrés Espejo, oficial de asuntos económicos de la CEPAL participante del estudio.
El informe de la Cepal deja en evidencia la necesidad urgente de desarrollar políticas públicas que enfrenten los desafíos del mercado laboral juvenil en América Latina. La transición hacia el sector servicios, lejos de ser una solución, podría incrementar las desigualdades existentes si no se promueven condiciones laborales dignas y accesibles, especialmente para quienes residen en zonas rurales. La juventud de la región no solo enfrenta una transición laboral, sino también una encrucijada social y económica que exige respuestas inmediatas.
