En un evento sin precedentes que ha resonado a través de los corazones verdes de la Amazonía, Colombia ha inaugurado un capítulo histórico en su política agraria. Durante el 8 y 9 de octubre, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se sentó con líderes representantes de varios pueblos indígenas en la región amazónica oriental con el objetivo de trazar una hoja de ruta conjunta, marcada por la inclusión y el respeto a las tradiciones ancestrales, para incorporar las perspectivas de estas comunidades en la reforma agraria del país.

Un Nuevo Enfoque Democrático en la Reforma Agraria

La ministra Mojica enfatizó que la reforma agraria, vista a menudo como una medida gubernamental, es en realidad un ejercicio democrático. “La reforma agraria es la democracia. Es poder garantizar el acceso a la tierra de las poblaciones que la necesitan y tienen una relación estrecha con ella como los pueblos campesinos, indígenas, negros, las víctimas del conflicto que fueron despojadas; las mujeres rurales, indígenas, campesinas, negras y pesqueras”, señaló la máxima representante del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Este enfoque integrador tiene como objetivo construir un sistema que no solo respete, sino que también celebre las voces y los derechos de estas comunidades, permitiéndoles prosperar sosteniblemente en sus territorios ancestrales.

Por su parte, en el mismo encuentro, la Agencia Nacional de Tierras llevó a cabo una entrega trascendental: la primera expansión del resguardo Titanho Nijaamu, La Libertad, en el Amazonas. Una expansión esperada durante más de dos décadas, que abarca 21,921 hectáreas + 2,852 m² y beneficiará a más de 599 personas. Simultáneamente, la Unidad de Restitución de Tierras presentó medidas cautelares históricas para proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Yurí y Passé, frente a amenazas como la deforestación y la minería ilegal.

Los Pilares de la Transformación: El Decálogo

El punto culminante de esta reunión fue la formulación de un decálogo. Este documento no solo representa los principios fundamentales de la reforma agraria centrada en la Amazonía, sino que también sirve como un faro guía para las futuras políticas gubernamentales. Entre los principios clave se encuentran:

1. La reforma agraria es una reforma para la vida. Ni el país ni el planeta pueden existir sin la Amazonía, el corazón de agua del que dependen la actividad agrícola y la soberanía alimentaria de gran parte de los colombianos, y que ha sido milenariamente administrada y protegida por los pueblos indígenas.

Por eso, la reforma agraria será construida y materializada conjuntamente entre los gobiernos no indígena e indígena, poniendo en el centro sus sistemas de conocimiento y manejo.

2. Los Territorios Indígenas están ordenados por la Ley de Origen de sus pueblos. El gobierno y la administración del territorio se ejercen con base en cosmovisiones y fundamentos culturales que aseguran su integridad y el bienestar de las comunidades. La reforma agraria reconoce el ordenamiento territorial indígena, acoge sus Planes de Vida y se apoya en los instrumentos propios de gestión como herramientas vitales que determinan el manejo de sus territorios.

3. Los sistemas alimentarios indígenas son la base del ordenamiento territorial. Desde el origen del mundo, los pueblos indígenas amazónicos recibieron el territorio y, con él, un orden primigenio. A cada pueblo le fueron entregados conocimientos específicos para manejar la chagra y obtener de la selva alimento suficiente. Se les entregó así la responsabilidad de mantener el orden y el equilibrio y salvaguardar la vida. La reforma agraria promueve el derecho humano a la alimentación y reconoce el lugar que ocupan los sistemas alimentarios indígenas amazónicos en los Planes de Vida como fundamento cultural del ordenamiento territorial, eje de organización social, económica y política y guía del ejercicio de gobierno.

4. El manejo del territorio requiere de la labor cotidiana de hombres y mujeres.   Sus saberes y roles son complementarios e interdependientes. Como madres de semillas y dadoras de vida, las mujeres indígenas amazónicas sostienen el bienestar comunitario y el buen vivir territorial. Son ellas quienes avivan el fuego, garantizan el alimento y endulzan la palabra. Maloqueras, lideresas, chagreras y sabedoras, encuentran un lugar en la reforma agraria que promueve un ordenamiento del territorio desde los Sistemas Alimentarios Propios.

5. Los calendarios ecológicos y culturales son herramientas para el manejo del territorio. El ordenamiento territorial indígena hace parte del equilibrio de los sistemas de vida en la Amazonía, pues permite establecer en el tiempo y en el espacio la organización de las chagras, el establecimiento de comunidades, la realización de rituales y los lugares para la obtención de alimento, para la buena salud y buen vivir territorial. La reforma agraria promueve la diversidad, reconoce e integra los saberes propios de los pueblos indígenas.

6. Una reforma agraria para un Estado plural y diverso reconoce y ratifica la visión de abundancia de los pueblos indígenas de la Amazonía. Para los pueblos indígenas amazónicos la naturaleza es sujeto: animales, plantas y minerales son gente. Como gente, tienen capacidad de acción y decisión. Producir y reproducir la vida implica negociar con la naturaleza. Por esta razón, las relaciones económicas y la articulación de los territorios indígenas con el mercado deben considerar estos principios como vocación y razón de ser específica del territorio amazónico. 

7. Formalizar las territorialidades indígenas para fortalecer el gobierno y la conectividad biocultural de la Amazonía. La seguridad jurídica de los territorios indígenas es una condición indispensable para garantizar la libre determinación de los pueblos indígenas. La reforma agraria implementará las adecuaciones institucionales para materializar la formalización, protección y el saneamiento de los territorios indígenas y las medidas necesarias para proteger a los pueblos en estado natural, en función de la conectividad ecológica, social y cultural de la Amazonía.

8. La puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas consolida el ordenamiento político administrativo del país. Por ello, la reforma agraria impulsará la articulación interinstitucional e impartirá orientaciones para la correcta delimitación de los territorios indígenas, respetando las decisiones y acuerdos establecidos por los Consejos Indígenas para definir su jurisdicción, en el marco de sus atribuciones constitucionales como autoridades públicas.

9. El diálogo intercultural profundiza la democracia en un Estado diverso y plural. Asumido como conversación entre diferentes sistemas de conocimiento en igualdad de condiciones, se basa en el respeto y el reconocimiento mutuo y, por encima de todo, en el principio cultural indígena amazónico de complementariedad e interdependencia entre diferentes. Desde aquí, la reforma agraria es un escenario para potenciar el encuentro en la diversidad.

10. Los Consejos Indígenas, de la mano con el Gobierno nacional, abrazarán la Paz Total en los territorios indígenas de la Amazonía. Desde las selvas de la Amazonía, como legado para las nuevas generaciones de hombres y mujeres, llegarán vientos de cambio para que la naturaleza provea abundancia para todas y todos. El buen vivir de los pueblos y la consolidación de las entidades territoriales indígenas serán atributos de la reforma agraria que procuran la convivencia y la paz en Colombia.

Un Futuro Sostenible para Colombia

Este acuerdo y decálogo  trasciende las fronteras de una simple reforma agraria; es una declaración de profundo respeto por la tierra, la biodiversidad y las comunidades que han protegido la Amazonía durante generaciones. Colombia, al honrar y reconocer la sabiduría de sus pueblos indígenas, ha dado un paso audaz hacia un futuro sostenible y armonioso. Este pacto, más que un simple acuerdo, representa el inicio de una Colombia más justa y equitativa, donde cada voz cuenta y cada vida tiene un significado intrínseco en la historia de la nación.

En un hito significativo hacia una Colombia más justa y equitativa, el Gobierno Nacional y diversas Organizaciones Sociales se han unido en una colaboración sin precedentes. Este martes, 10 de enero, en la Mesa Técnica de Compras Públicas Locales de Alimentos, se tomarán decisiones cruciales para implementar la Ley 2046 de 2020. Esta ley, diseñada para incluir a los pequeños productores y productoras de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) en las compras públicas de alimentos, está marcando un nuevo rumbo para la seguridad alimentaria y la economía local en Colombia.

Priorizando a los Productores Locales:

La Ley de Compras Públicas de Alimentos, también conocida como Ley 2046 de 2020, representa un compromiso firme del Gobierno Nacional para priorizar a los pequeños productores locales. Este mandato legal ordena que al menos el 30% de los recursos destinados a la compra de alimentos con fondos públicos se destinen a los campesinos y campesinas de la región. Esta medida no solo fomenta la economía local, sino que también preserva las tradiciones agrícolas y protege la biodiversidad del país.

La Mesa Técnica:

La Mesa Técnica de Compras Públicas Locales de Alimentos, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y con la secretaría técnica de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), es el epicentro de estas importantes decisiones. Integrada por quince entidades gubernamentales y cuatro organizaciones sociales, esta mesa tiene la misión de garantizar la implementación efectiva de la Ley 2046 de 2020. Este esfuerzo conjunto no solo impulsa la economía local, sino que también mejora las condiciones de vida de los agricultores y sus familias, creando un impacto humano tangible.

En este viaje hacia una alimentación local más sostenible, la Mesa Técnica cuenta con el apoyo crucial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La FAO, como observadora en esta reunión, subraya la importancia global de estas iniciativas y destaca el modelo colombiano como un ejemplo a seguir en la promoción de prácticas alimenticias justas y sostenibles.

Fomentando la Justicia Social y la Sostenibilidad: La Trascendencia de las Iniciativas en Apoyo a los Pequeños Agricultores en Colombia

La importancia de estas iniciativas trasciende las simples transacciones comerciales; representan un compromiso profundo hacia la construcción de una sociedad más justa y sostenible en Colombia. Al priorizar a los pequeños agricultores y productores de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), estas medidas no solo impulsan la economía local y protegen las tradiciones agrícolas, sino que también promueven la equidad social. Al apoyar a los agricultores locales, se preserva la riqueza cultural y gastronómica del país, se fomenta la biodiversidad y se garantiza una seguridad alimentaria robusta y sostenible. Además, estas iniciativas fortalecen el tejido social al empoderar a las comunidades rurales, mejorando las condiciones de vida y generando un sentido de orgullo y pertenencia. En última instancia, este enfoque hacia una producción y consumo locales no solo nutre nuestros cuerpos, sino que también alimenta la esperanza de un futuro más brillante y equitativo para todos los ciudadanos colombianos.

La colaboración entre el Gobierno Nacional y las Organizaciones Sociales en la Mesa Técnica de Compras Públicas Locales de Alimentos representa un faro de esperanza para una Colombia más justa y equitativa. Al priorizar a los pequeños productores locales y a la ACFC, estas iniciativas no solo están transformando la forma en que adquirimos nuestros alimentos, sino que también están sembrando las semillas para un futuro más brillante y próspero para todos los colombianos. Este es un paso audaz hacia adelante, un paso que demuestra el poder transformador de la colaboración y la determinación en la búsqueda de un campo con oportunidades de desarrollo.

Fuente: FAO Colombia