Colombia ha tomado la iniciativa en el escenario mundial al proponer una reforma financiera orientada a aliviar la deuda de los países en desarrollo y enfrentar los desafíos climáticos actuales. La ministra de Ambiente y presidenta de la COP16 de Biodiversidad, Susana Muhamad, destacó en Bakú la urgencia de un nuevo pacto de financiación climática que permita a las naciones más afectadas por la crisis climática, como Colombia, enfrentar los desastres naturales y reducir las vulnerabilidades financieras que impiden una transición sostenible.
La crisis climática ha golpeado severamente a Colombia este año, con graves inundaciones que han dejado más de 232,000 damnificados y pérdidas económicas significativas. En este contexto, la ministra Muhamad reiteró la necesidad de una reforma del sistema financiero mundial para ayudar a los países en desarrollo a afrontar los costos de desastres naturales que se intensifican con el cambio climático.
Propuesta de Colombia para reforma financiera y alivio de deuda.
La propuesta colombiana, fundamentada en el decálogo climático del presidente Gustavo Petro, plantea un plan financiero integral que incluye un alivio de deuda de 10 años, lo que permitiría a las naciones más vulnerables liberar recursos para la adaptación y mitigación climática. Este alivio financiero también facilitaría la inversión en una transición justa, que es esencial para reducir las brechas de desarrollo entre los países afectados y las economías más avanzadas.
Durante el 6º Diálogo Ministerial en Finanzas Climáticas de la COP29 en Bakú, Muhamad destacó los elevados costos de las pérdidas relacionadas con el clima. “Solo en los primeros seis meses de 2024, los desastres climáticos han costado $41.000 millones, y este costo aumentará si no intensificamos las acciones de mitigación y adaptación”, señaló. Además, Muhamad explicó que el acceso al capital es dramáticamente costoso para los países en desarrollo, ya que enfrentan tasas de interés hasta diez veces más altas que las naciones desarrolladas, lo que limita su capacidad de inversión en sostenibilidad.
Cinco puntos clave para transformar la financiación climática de manera equitativa y efectiva:
Alivio de deuda a 10 años para permitir a los países en desarrollo invertir en la transición climática sin desbordarse en deudas adicionales.
Reformas en los Bancos de Desarrollo Multilateral (NDBs), que mejoren el acceso a recursos y faciliten la inversión en proyectos sostenibles.
Implementación de impuestos globales que permitan movilizar capital privado hacia la financiación climática pública.
Distribución directa de fondos a espacios fiscales nacionales, evitando intermediarios que ralentizan y complican la transparencia del proceso.
Aumento de la inversión pública como base para estimular la inversión privada en acciones climáticas, creando un marco de financiamiento justo.
La propuesta de Colombia en la COP29 destaca el liderazgo del país en la búsqueda de una solución financiera global a la crisis climática. La ministra Muhamad concluyó su intervención con un llamado a la comunidad internacional para que establezca un nuevo objetivo de financiación climática más ambicioso, argumentando que “solo podremos hablar de justicia climática si multiplicamos la inversión pública y facilitamos el acceso al capital para los países en riesgo”. De no lograrse una acción contundente, el planeta podría enfrentar un aumento de hasta 3 grados Celsius, generando costos económicos y sociales devastadores para todos.
El Foro Nacional de Educación 2024 llega a Bogotá como el evento clave para el diálogo sobre el futuro educativo de Colombia. Bajo el lema “Colombia: Revolución con los Territorios”, el foro convoca a docentes, rectores, coordinadores, directores rurales, estudiantes, familias y expertos de todo el país e internacionales, quienes trabajarán juntos en la construcción de políticas públicas para fortalecer la educación en todas las regiones del país. El evento tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre en el Instituto Pedagógico Nacional y será la base para el Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035
Este Foro Nacional de Educación 2024 representa una oportunidad única para que los territorios tengan una voz activa en la planificación de políticas educativas a largo plazo en Colombia. A través de seis ejes temáticos, se abordarán temas esenciales como la atención integral de los tres grados de preescolar, la transición entre la educación básica, media y superior, y el fortalecimiento de la educación para jóvenes y adultos. Estos temas permitirán construir un sistema educativo que responda a las realidades y necesidades de las distintas comunidades del país.
Cómo pueden inscribirse al Foro Nacional de Educación 2024?
La comunidad educativa y los ciudadanos interesados pueden inscribirse a través de la página web del Ministerio de Educación. La participación en el foro es gratuita, aunque los cupos son limitados. El evento ofrecerá también una agenda académica amplia, con ponencias de expertos nacionales e internacionales que aportarán experiencias y conocimientos de diversas partes del mundo.
Uno de los enfoques principales del Foro será la transformación pedagógica para lograr una educación integral, abordando el diseño de Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y Proyectos Educativos Comunitarios (PEC). Estos proyectos buscan que cada institución educativa y comunidad defina su enfoque, en función de sus necesidades y particularidades, promoviendo una educación inclusiva y equitativa.
El Foro Nacional de Educación 2024 es mucho más que un encuentro académico; es una plataforma de colaboración que empodera a los territorios en la construcción del futuro educativo de Colombia. La participación de todos los sectores de la comunidad educativa garantizará que las políticas y planes futuros respondan a las realidades locales, asegurando un sistema educativo más justo, inclusivo y transformador.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante Finagro, ha dispuesto $45.000 millones para el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), un programa que alivia la carga financiera de los pequeños y medianos productores. Con este incentivo, los agricultores podrán financiar hasta el 40% de sus proyectos, impulsando la producción agrícola, la infraestructura y la adquisición de maquinaria. Adicionalmente, se destinan $5.000 millones a la renovación de cafetales, priorizando a mujeres, jóvenes y pequeños caficultores. Estas inversiones fortalecen la transformación del campo colombiano en el marco de la Reforma Agraria.
En un esfuerzo por apoyar y transformar la vida del campesinado colombiano, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en alianza con Finagro, ha destinado más de $45.000 millones para reactivar el Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). Este programa busca aliviar las cargas financieras de campesinos y campesinas, promoviendo la inversión en proyectos productivos que estimulen el desarrollo y reactivación del campo colombiano.
El ICR es una herramienta fundamental del Gobierno Nacional para apoyar a los pequeños y medianos agricultores en sus proyectos de inversión rural. Los incentivos ofrecen una ayuda económica que cubre hasta el 40% del valor de la inversión para pequeños productores de ingresos bajos, hasta el 30% para pequeños productores y hasta el 25% para medianos. Un campesino que solicita un crédito de $10 millones para una inversión agrícola podría recibir hasta $4 millones en incentivos, disminuyendo su deuda a $6 millones.
“Desde el Gobierno del Cambio seguimos dando impulso a la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria”, afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino. Este enfoque permite a los agricultores acceder a créditos justos y reducir las brechas económicas, generando inclusión financiera y contribuyendo a la reducción de la pobreza en las zonas rurales. Este esfuerzo se enmarca en los pilares de la Reforma Agraria, con un fuerte compromiso hacia el desarrollo de la agricultura campesina.
Además de los $45.000 millones, el Ministerio de Agricultura ha destinado $5.000 millones adicionales para la siembra y renovación de cafetales, un sector estratégico para la economía del país. Con este apoyo, se espera beneficiar a cerca de 1.500 pequeños caficultores, brindando un incentivo de hasta el 40% del valor de la inversión. Este impulso se suma a un crecimiento de la producción cafetera, que en septiembre alcanzó 1.07 millones de sacos, un 26% más que el año anterior.
La presidenta de Finagro, Alexandra Restrepo, destacó que más de 20.700 proyectos se han registrado en el ICR durante el año, demostrando el impacto positivo y la creciente demanda de estos incentivos en el sector agropecuario. Los fondos se destinan a proyectos que incluyen cultivos de tardío rendimiento, infraestructura, sistemas de riego, adquisición de maquinaria y equipos, fortaleciendo la productividad de diversas áreas agrícolas.
El programa ICR no solo fomenta el desarrollo rural, sino que contribuye a una Colombia más justa y equitativa, donde el campesinado se ve respaldado por políticas de apoyo financiero que buscan reducir las brechas históricas y dar a las comunidades rurales una oportunidad real de prosperar.
Tunja, la capital boyacense, junto con municipios como Paipa, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Villa de Leyva, acogen este festival que rinde homenaje al legado campesino. Con más de 500 actividades programadas, el FICC se consolida como una de las celebraciones culturales más importantes del país, resaltando la identidad y las costumbres rurales que han forjado la historia de Colombia.
La inauguración del festival contó con la participación de aproximadamente 4.500 personas, quienes disfrutaron de comparsas y presentaciones artísticas que exaltaron la riqueza de la cultura campesina. El reconocido cantante de música llanera, Cholo Valderrama, fue el encargado de cerrar la jornada inaugural, deleitando al público con su música que evoca las tradiciones del campo colombiano.
En esta oportunidad, el encuentro cultural ha contado con la participación de artistas internacionales provenientes de países como Argentina, Brasil, Cuba y Francia, además de exponentes nacionales de regiones como Antioquia, Atlántico y Santander. Más de 1.000 artistas boyacenses serán los encargados de imprimir el sello local a esta gran celebración, destacando la identidad regional y aportando su talento a la diversidad artística del festival.
En el marco de la apertura del festival, Carlos Amaya, gobernador de Boyacá, destacó la importancia de este evento para el fortalecimiento de la identidad rural en el departamento y en todo el país. “El Festival Internacional de la Cultura Campesina es más que una celebración; es un acto de resistencia cultural y un recordatorio de que nuestras raíces campesinas son el alma de Boyacá y de Colombia entera. Nuestro compromiso es seguir impulsando y visibilizando a nuestras comunidades rurales, que cada día luchan y trabajan para mantener viva su cultura y sus tradiciones,” expresó Amaya durante su discurso inaugural.
A lo largo de los 17 días de celebración, los asistentes pueden disfrutar de una amplia gama de actividades que incluyen cuentería, literatura, música, teatro, danza, cinematografía, artes plásticas y circo. Estas manifestaciones artísticas buscan resaltar los saberes, tradiciones, historias y costumbres de las comunidades rurales, fortaleciendo la identidad cultural de la región.
La gastronomía también ocupa un lugar destacado en el festival. Platos típicos como el mute, cocido y arepa boyacense, besos de novia, picada con morcilla y longaniza, puchero, torta de cuajada y esponjado de curuba son algunas de las delicias que los visitantes pueden degustar.
El Festival Internacional de la Cultura Campesina, en su 51ª edición, reafirma su compromiso con la promoción y preservación de las tradiciones rurales de Boyacá. Este evento no solo celebra la riqueza cultural del campo colombiano, sino que también destaca la importancia de las comunidades campesinas en la construcción de la identidad nacional. Con una programación diversa y una participación masiva, el FICC se consolida como un referente cultural que invita a propios y visitantes a redescubrir y valorar las raíces campesinas que han forjado la historia de Colombia.
Con el objetivo de proteger la producción agropecuaria nacional y mitigar los efectos de las variaciones en los precios internacionales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha aprobado un diferimiento arancelario para los insumos agropecuarios importados. Esta decisión reduce temporalmente los aranceles de productos clave, manteniéndolos en el 0%, y se extenderá por un año, sujeto a evaluación de sus efectos económicos y sociales.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, explicó que la solicitud para el diferimiento arancelario fue presentada y aprobada ante el Consejo Superior de la Política Fiscal (Confis), abarcando 77 subpartidas de insumos agropecuarios que incluyen herbicidas, plaguicidas, abonos, insecticidas, y otros productos esenciales. Estos insumos dependen de precursores cuya volatilidad en precios ha impactado los costos de producción del sector agropecuario. La medida busca así evitar que estas fluctuaciones internacionales afecten la competitividad del agro colombiano.
Al eliminar temporalmente los aranceles que oscilaban entre el 5% y el 10%, se espera una disminución en los costos de producción que beneficiará tanto a pequeños como a grandes productores del campo, incluyendo agricultores y ganaderos. “Con esta política, no solo promovemos una mayor accesibilidad a insumos fundamentales, sino que también reforzamos la competitividad de todos los subsectores productivos del país,” subrayó la ministra Carvajalino.
La medida también tiene un enfoque de sostenibilidad. Al facilitar el acceso a insumos de calidad a menores costos, el Ministerio espera incentivar prácticas agrícolas sostenibles que puedan responder a los retos del cambio climático. La reducción de costos y el fomento de la sostenibilidad son pasos estratégicos hacia un sector agropecuario resiliente, capaz de soportar las inclemencias de un mercado global fluctuante.
El diferimiento arancelario en insumos agropecuarios representa un esfuerzo clave del para fortalecer uno de los pilares de la economía colombiana, facilitando un acceso más amplio y económico a insumos esenciales en el campo. La iniciativa no solo responde a las demandas de los productores, sino que también alinea la política agraria con los principios de sostenibilidad y competitividad a largo plazo. En un año, el Ministerio evaluará los efectos de esta política, ratificando su compromiso con un agro colombiano fuerte y adaptado a los desafíos del entorno global
La biodiversidad del Meta enfrenta una grave amenaza, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) y la Resolución 0126 de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Actualmente, 317 especies en el departamento se encuentran en alguna categoría de amenaza, desde Vulnerables hasta En Peligro Crítico, como resultado de la presión ejercida por diversas actividades humanas sobre los ecosistemas.
De las especies en riesgo, 51 están catalogadas como En Peligro Crítico (CR), lo que implica que tienen muy pocos ejemplares en estado silvestre y enfrentan una alta probabilidad de extinción en los próximos 10 años si no se toman medidas urgentes. Entre estas se incluyen el caimán llanero, la rana saltona de Villavicencio y el cóndor de los Andes, especies emblemáticas cuya desaparición sería una gran pérdida para la biodiversidad colombiana.
Especies en peligro de Riesgo o Extinción
Además, 107 especies en el Meta están clasificadas como En Peligro (EN), enfrentando un riesgo de extinción del 20% en las próximas dos décadas. Entre ellas se destacan el delfín rosado, la nutria gigante y la tortuga terecay, especies clave en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos y terrestres de la región. También se identificaron 159 especies en estado Vulnerable (VU), como el oso palmero, el águila arpía y el oso de anteojos, que podrían avanzar hacia categorías de mayor riesgo si no se implementan acciones de conservación de manera oportuna.
En respuesta a esta situación, Cormacarena ha priorizado la protección de 10 especies amenazadas en el Meta y ha establecido acuerdos de cooperación para llevar a cabo proyectos de investigación y conservación. Entre las actividades implementadas están el monitoreo con cámaras trampa, el rescate y rehabilitación de fauna, y la liberación o reubicación de especies en peligro. Estas acciones buscan preservar la biodiversidad y asegurar la supervivencia de estas especies en sus hábitats naturales.
Cormacarena hace un llamado a la comunidad, instituciones y entidades privadas para sumarse a los esfuerzos de conservación, recordando que la protección de estas especies no solo es vital para la biodiversidad del Meta, sino también para el equilibrio de los ecosistemas que sostienen el bienestar de la región. La colaboración y el compromiso de todos son esenciales para asegurar un futuro en el que el caimán llanero, el delfín rosado y tantas otras especies sigan formando parte de la riqueza natural del Meta.
La COP29, que tiene lugar en Bakú, llega en un momento en que el mundo redobla esfuerzos para enfrentar las crisis ambientales más críticas. Con la participación de delegados de todo el mundo, esta conferencia de la ONU tiene como objetivo acelerar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar a los países vulnerables ante los efectos del cambio climático. Este esfuerzo global sigue los acuerdos de la COP16 de biodiversidad realizada en octubre en Cali, Colombia, donde se discutió la protección de ecosistemas y especies en riesgo, así como la equidad en el acceso a recursos genéticos. Juntos, ambos eventos internacionales refuerzan la necesidad de abordar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad de manera integral y coordinada.
Estos son los cinco puntos claves que se están tratando en la COP29 del cambio climático, que se celebra cada año.
1. Aumentar la Ambición Climática en la COP29
La COP29 representa una oportunidad clave para que los países incrementen sus compromisos climáticos, superando las metas actuales que no son suficientes para limitar el calentamiento global a 1.5 °C. Científicos y líderes insisten en que sin una acción más ambiciosa, las consecuencias del cambio climático serán irreversibles y devastadoras. La conferencia en Bakú busca, en este sentido, renovar los compromisos globales y fortalecer las acciones inmediatas de mitigación.
2. Transición Energética con Justicia Social
Un tema central de la COP29 es asegurar una transición justa hacia energías renovables. El abandono de los combustibles fósiles requiere de políticas que protejan a las comunidades dependientes de estos sectores para evitar desigualdades y conflictos sociales. La cumbre en Bakú hace un llamado a una transición inclusiva, que considere tanto la urgencia climática como los impactos socioeconómicos en las poblaciones afectadas.
3. Reducción de Emisiones de Metano y Otros Contaminantes
En paralelo a la reducción de dióxido de carbono, la COP29 subraya la importancia de reducir las emisiones de metano y otros contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), conocidos por sus efectos dañinos en la salud pública y la calidad del aire. Las medidas para controlar estos contaminantes son vistas como una oportunidad para generar beneficios tanto en mitigación climática como en salud pública, algo que los delegados en Bakú consideran indispensable para un avance significativo.
4. Financiamiento para Adaptación en Países Vulnerables
La desigualdad entre los países emisores y aquellos más afectados por el cambio climático ha sido un tema recurrente en la agenda climática. La COP29 enfatiza la importancia de incrementar el financiamiento para que los países en desarrollo puedan adaptarse a los efectos del cambio climático y construir resiliencia ante eventos climáticos extremos. El apoyo financiero de las naciones desarrolladas es esencial para equilibrar las responsabilidades y los efectos desiguales de esta crisis global.
5. Protección de la Biodiversidad y los Ecosistemas Naturales
La preservación de la biodiversidad, reforzada en la COP16 de Cali, también ocupa un lugar relevante en Bakú. La protección de los ecosistemas es clave no solo para la reducción de emisiones, sino también para asegurar los servicios ambientales esenciales de los que dependen millones de personas. La COP29 refuerza la importancia de comprometerse con la conservación de la biodiversidad y la protección de los hábitats naturales como parte integral de la estrategia climática global.
La COP29 en Bakú y la COP16 en Cali representan dos frentes de una misma batalla: proteger la vida en la Tierra. Ambos eventos, aunque abordan distintas facetas de la crisis ambiental, reflejan la necesidad de una acción coordinada y ambiciosa. El futuro depende de las decisiones que se tomen en estas conferencias, y solo una estrategia global y coherente permitirá enfrentar los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La comunidad internacional observa, esperando que los compromisos adquiridos en Bakú y Cali se traduzcan en acciones concretas para construir un mundo más justo, resiliente y sostenible.
Un estudio refinado de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) basado en 156 países confirma que los costos ocultos en los sistemas agroalimentarios mundiales ascienden a cerca de 12 billones de dólares de los EE.UU. al año. Alrededor del 70 % de dicha cantidad (8,1 billones) se deriva de hábitos alimenticios poco saludables y se asocia con preocupantes enfermedades no transmisibles, como las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y la diabetes, muy por encima de los costos relacionados con la degradación ambiental y las desigualdades sociales.
El informe El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación (SOFA) de 2024 parte de la edición de 2023 para proporcionar un análisis aún más pormenorizado, utilizando la contabilidad de costos reales a fin de exponer el conjunto total de costos y beneficios asociados a la producción, la distribución y el consumo de alimentos, incluidos los que no se reflejan en los precios de mercado, es decir, los denominados “costos y beneficios ocultos”. En el informe se actualizan dichos cálculos, se dividen los costos por tipo de sistema agroalimentario y se traza el rumbo hacia un cambio transformador en nuestros sistemas agroalimentarios.
El estudio detalla cómo los costos ocultos a nivel mundial vienen determinados mayormente por los costos sanitarios ocultos, y en menor medida por los costos ambientales ocultos, en los sistemas agroalimentarios más industrializados, propios de los países de ingresos altos y medianos altos.
Al examinar las repercusiones sanitarias, en el informe se señalan 13 factores de riesgo alimentarios, entre los que cabe destacar una ingesta insuficiente de cereales integrales, frutas y hortalizas, un consumo excesivo de sodio y un consumo elevado de carnes rojas y elaboradas, con notables diferencias entre los distintos sistemas agroalimentarios.
Los costos ocultos varían en función del tipo de sistema agroalimentario.
Desde la perspectiva histórica, los sistemas agroalimentarios han pasado de ser tradicionales a industriales, y en cada caso ha habido resultados y costos ocultos distintos. Por este motivo, en el informe se explora cómo se manifiestan los costos ocultos en los diferentes tipos de sistema agroalimentario que hay en el mundo.
Para facilitar el análisis, se introduce una nueva tipología de los sistemas agroalimentarios compuesta por seis categorías: en crisis prolongada, tradicionales, en expansión, en proceso de diversificación, en proceso de formalización e industriales. Este marco permite dilucidar de forma muy precisa las dificultades y las oportunidades inherentes a cada sistema, de modo que puedan idearse políticas e intervenciones adaptadas.
Por ejemplo, las dietas pobres en cereales integrales son el principal factor de riesgo alimentario en la mayoría de los sistemas agroalimentarios; en cambio, en los sistemas inmersos en crisis prolongadas (afectados por conflictos de larga data, inestabilidad e inseguridad alimentaria generalizada) y en los de tipo tradicional (caracterizados por una productividad más baja, por la limitada adopción de tecnologías y por cadenas de valor más cortas), la mayor preocupación es una escasa ingesta de frutas y hortalizas.
Otro problema significativo es el consumo elevado de sodio, que tiende a aumentar a medida que los sistemas tradicionales evolucionan hacia sistemas en formalización, alcanza un pico en estos y vuelve a disminuir cuando devienen industriales. Por el contrario, el consumo de carnes rojas y elaboradas aumenta constantemente durante toda la transición desde los sistemas agroalimentarios tradicionales hasta los sistemas industriales, en los que constituye uno de los tres riesgos alimentarios más importantes.
Las repercusiones ambientales de las prácticas agrícolas insostenibles acrecientan sustancialmente los costos ocultos.
Los costos asociados con las emisiones de gases de efecto invernadero, la escorrentía de nitrógeno, los cambios en el uso de la tierra y la contaminación del agua son particularmente altos en los países cuyos sistemas agroalimentarios están en proceso de diversificación, donde se observa un crecimiento económico acelerado acompañado de cambios en las modalidades de consumo y producción y donde se calcula que dichos costos rondan los 720 000 millones de dólares. Los sistemas en proceso de formalización y los sistemas industriales también se enfrentan a costos ambientales significativos; ahora bien, los países que afrontan mayores costos ambientales, en términos relativos, son aquellos afectados por crisis prolongadas, ya que en ellos dichos costos equivalen al 20 % de su producto interno bruto (PIB).
Los costos sociales, entre los que figuran la pobreza y la subalimentación, son más prevalentes en los sistemas agroalimentarios tradicionales y en los afectados por crisis prolongadas. En los países con tales sistemas, los costos sociales representan el 8 % y el 18 % del PIB, respectivamente, lo que pone de relieve la urgente necesidad de mejorar los medios de vida e integrar las labores humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz.
La edición de 2024 de SOFA subraya la importancia de adaptarse a los contextos locales y tener en cuenta las prioridades de las partes interesadas. Esto se ilustra mediante estudios de casos realizados en distintos países y tipos de sistemas agroalimentarios, como Australia, el Brasil, Colombia, Etiopía, la India y el Reino Unido.
En líneas generales, en el informe se aboga por una transformación de los sistemas agroalimentarios orientada hacia el valor, para que sean más sostenibles, resilientes, inclusivos y eficientes. Dicha transformación exige trascender las medidas económicas tradicionales, como el PIB, y valerse de la contabilidad de costos reales para desvelar los costos ocultos. Este enfoque permite tomar decisiones mejor fundamentadas que refuercen el valor social de los sistemas agroalimentarios, reconociendo su papel esencial en la seguridad alimentaria, la nutrición, la conservación de la biodiversidad y la identidad cultural. Para lograr dicha transformación, también es preciso subsanar la compartimentación sectorial, armonizando las políticas de los sectores sanitario, agrícola y medioambiental, a fin de que los costos y beneficios se repartan de manera equitativa entre todas las partes interesadas.
“Las decisiones que adoptemos ahora, las prioridades que establezcamos y las soluciones que apliquemos determinarán nuestro futuro común. El cambio verdadero comienza con acciones e iniciativas individuales, respaldadas por políticas propicias e inversiones específicas. La transformación de los sistemas agroalimentarios mundiales es fundamental para lograr los ODS y garantizar un futuro próspero para todos”, afirmó el Sr. QU Dongyu, Director General de la FAO.
El informe recalca que dicha transformación exige una acción colectiva en la que deben participar productores primarios, agronegocios, gobiernos, instituciones financieras, organismos internacionales y consumidores. Si bien abordar los costos ocultos tendrá consecuencias desiguales para los diferentes países y partes interesadas, con plazos distintos, políticas y reglamentos propicios pueden ayudar a reducir al mínimo las repercusiones, sobre todo en los pequeños productores y agronegocios, al promover la pronta adopción de prácticas sostenibles y proteger a los grupos sociales vulnerables.
Las principales recomendaciones son las siguientes:
Ofrecer incentivos económicos y normativos para fomentar la adopción de prácticas sostenibles a lo largo de la cadena de suministro de alimentos y limitar los desequilibrios de poder entre las partes interesadas de los sistemas agroalimentarios.
Promover una alimentación más saludable implantando políticas para hacer los alimentos nutritivos más asequibles y accesibles y reducir los costos ocultos asociados con la salud.
Incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de nitrógeno, de los cambios nocivos en el uso de la tierra y de la pérdida de biodiversidad, mediante proyectos de etiquetado y certificación, normas voluntarias e iniciativas de diligencia debida que abarquen el sector en su totalidad.
Empoderar a los consumidores con información clara y accesible sobre las repercusiones ambientales, sociales y sanitarias de sus decisiones alimentarias, velando al mismo tiempo porque todos los hogares se beneficien del cambio, incluso los más vulnerables.
Aprovechar el considerable poder adquisitivo de la compra de alimentos a través de instituciones para reconfigurar las cadenas de suministro de alimentos y mejorar los entornos alimentarios, en combinación con educación alimentaria y nutricional exhaustiva.
Velar por una transformación rural inclusiva a fin de superar ciertos patrones históricos, evitando que durante dicho proceso se agraven los costos ocultos de tipo ambiental, social y sanitario.
Fortalecer la gobernanza y la sociedad civil para crear un entorno propicio con objeto de acelerar las innovaciones en favor de sistemas agroalimentarios sostenibles y equitativos.
El reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que en septiembre de 2024, el sector agropecuario de Colombia continuó su tendencia de recuperación laboral. La tasa de desocupación en el sector rural descendió a 5,9%, un notable descenso en comparación con el 7,2% registrado en septiembre de 2023. Este avance se traduce en una mayor inclusión laboral en el campo, al haber sumado 89 mil personas a la población ocupada en un año, alcanzando un total de 4,9 millones de trabajadores.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, señaló que “los indicadores del mercado laboral en el campo siguen mejorando notablemente. Los resultados de la Reforma Agraria que abandera el Gobierno del Cambio se hacen ver. Continuaremos trabajando incansablemente para que la transición de la dependencia extractivista sea una realidad palpable, y que nuestro campo colombiano sea el epicentro de la Revolución por la Vida, a través de economías limpias y sostenibles”.
El incremento también se observó en las actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, donde se registraron 97 mil personas adicionales empleadas, alcanzando un total de 3,2 millones de trabajadores. Este sector se consolida así como una de las principales fuentes de empleo en el país, contribuyendo de manera significativa a la economía nacional.
Entre julio y septiembre de 2024, el sector agrícola experimentó un incremento de 79 mil empleos en comparación con el mismo trimestre del año anterior, consolidando su papel fundamental en el mercado laboral. En el contexto nacional, la ocupación total en septiembre de 2024 fue de 23,2 millones de personas, con un aumento de 107 mil ocupados. Esto redujo la tasa de desocupación nacional al 9,1%, frente al 9,3% registrado en septiembre de 2023.
El desempeño positivo del sector agropecuario no solo refleja un impacto directo en la economía rural, sino que también reafirma el compromiso del Gobierno del Cambio con la Reforma Agraria y la transición hacia economías sostenibles. Estas cifras confirman que el campo colombiano sigue siendo una fuente vital de empleo y desarrollo, y su dinamismo es un indicador alentador para el crecimiento económico del país.
En un esfuerzo sin precedentes por preservar la biodiversidad, la COP16 se desarrolló bajo el lema “Hagamos Paz con la Naturaleza”. Durante la conferencia, se movilizaron recursos significativos y se establecieron colaboraciones internacionales para enfrentar los retos ambientales que amenazan la biodiversidad global, especialmente en América Latina. Noruega, Suecia, Davivienda e IFC realizaron contribuciones sustanciales para apoyar proyectos de restauración y sostenibilidad en Colombia, mientras que el Instituto Humboldt fue elegido como centro de apoyo técnico en la región.
Puntos clave de la COP16
Uno de los logros más destacados de la COP16 fue la movilización de $75 millones de dólares por la biodiversidad en Colombia, con la colaboración de Noruega, Suecia, Davivienda e IFC. Estos fondos están destinados a combatir la deforestación, impulsar la bioeconomía y lanzar el primer bono de biodiversidad para la conservación, un modelo innovador que se espera replicar en otras regiones del mundo.
Asimismo, la coalición “Paz con la Naturaleza” reunió a 22 países, 40 organizaciones y más de 100,000 personas comprometidas con detener la pérdida de biodiversidad. Este movimiento ha unido esfuerzos globales para la creación de políticas y acciones concretas que resalten la importancia de la biodiversidad en el desarrollo sostenible.
La COP16 también fue escenario de la firma de importantes declaraciones. La Declaración de Inírida, por ejemplo, realza el papel de las mujeres en la defensa de la biodiversidad, mientras que la Declaración de Cali, firmada junto a parlamentarios de diferentes países, busca fortalecer las leyes ambientales y fomentar economías sostenibles.
En un aspecto de justicia histórica, se logró saldar una deuda de 26 años con los pueblos indígenas y comunidades locales en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), mediante la creación de un órgano representativo y el reconocimiento de los pueblos afrodescendientes como guardianes de la biodiversidad. Este avance es un reflejo de la COP16 como un espacio inclusivo y respetuoso de los derechos ancestrales y conocimientos tradicionales en la conservación.
La COP16 deja un legado trascendental en el ámbito de la conservación y la justicia ambiental. Con iniciativas como la creación del Fondo de Cali para la distribución equitativa de beneficios genéticos y el memorando de entendimiento ambiental firmado con Palestina, la conferencia ha sentado las bases para una cooperación más solidaria y comprometida en la defensa del medio ambiente.
