sábado, junio 28, 2025
Inicio Blog Página 3

La educación digital que siembra futuro en el campo colombiano

Llevar educación al campo nunca ha sido fácil. Pero hay quienes no se rinden ante la escasez de conectividad, el miedo a lo digital o la amenaza de grupos armados. Así lo demuestra el testimonio de Elita Flores, coordinadora de educación de ACPO, quien ha acompañado durante años el proceso de consolidación de las Escuelas Digitales Campesinas (EDC), una iniciativa nacida desde las entrañas de la ruralidad, que combina lo ancestral con lo digital, la palabra hablada con la conectividad intermitente, y sobre todo, el compromiso con la comunidad.

“Como ustedes saben, llevar educación al campo no ha sido ni es fácil”, afirma Elita Flores. “La conectividad es limitada, los dispositivos escasean y muchas personas nunca habían usado una herramienta digital”. Sin embargo, en lugar de detenerse, las EDC encontraron caminos alternativos como cartillas digitales, radio educativa, clases por WhatsApp y facilitadores que cruzan trochas para acompañar procesos.

“Nos hemos encontrado con barreras sociales profundas. Hay miedo, desconfianza hacia lo digital, y una historia de exclusión que no se borra de un día para otro”, señala Elita. Pero ahí, donde parecía no haber salida, apareció el poder de la comunidad. “ACPO ha construido confianza, y ha apostado por el poder transformador de la educación como una luz que no se apaga, ni siquiera en los contextos más difíciles”

La experiencia ha demostrado que no basta con entregar dispositivos o habilitar internet. “Descubrimos que la tecnología por sí sola no cambia vidas. Lo que transforma es la mirada humana, el enfoque pedagógico sensible, la capacidad de escuchar y de adaptarse”, cuenta.

En este modelo educativo, los facilitadores trascienden el rol tradicional. “Ellos son el alma del proceso educativo, quienes caminan con la comunidad, quienes conocen las historias, las dificultades y también los sueños”, dice Elita. Gracias a ellos, lo que parece lejano se traduce al lenguaje del territorio.

Transformaciones tangibles 

“Personas que antes no se sentían parte de las decisiones, hoy lideran procesos. Mujeres que no habían tenido voz ahora inspiran a otras con su ejemplo”, relata. Una llamada reciente la marcó: “Era la señora Hermencia de un municipio del Tolima. Me dijo: profe, gracias a la formación que recibí con ustedes, ahora estoy reciclando… Aprendí por qué es importante y cómo hacerlo bien”.

Y todo esto tiene raíces profundas recuerda Elita, “Esta historia comienza hace más de siete décadas en el corazón del campo colombiano, cuando el padre Salcedo soñó con educar desde la radio”, Ese legado sigue vivo en las EDC, nacidas en 2012, pero ancladas en la misma esencia de educar desde la realidad del campesino.

La educación digital rural no es un lujo, ni una promesa pendiente. Es una necesidad urgente y una estrategia de país. “A las entidades públicas y privadas les diría que invertir en educación digital rural no es un favor, es una decisión estratégica”, subraya.

Las Escuelas Digitales Campesinas prueban que sí se puede, que con voluntad, alianzas y respeto por los saberes del territorio es posible sembrar conocimiento donde antes solo hubo silencio. “Queremos que cada joven, cada mujer, cada abuelo en la vereda sepa que la educación es un derecho, no un privilegio”, concluye Elita, con la certeza de que, mientras haya comunidad, la educación florecerá.

Colombia retrocede en conservación: pérdida de bosques primarios aumentó 48,5 % en un año

El informe, publicado por el World Resources Institute (WRI), señala que en 2024 se deforestaron cerca de 98.000 hectáreas de bosques primarios en el país, frente a las poco más de 66.000 hectáreas del año anterior. Aunque el fenómeno global de pérdida de cobertura boscosa estuvo impulsado principalmente por incendios forestales que se quintuplicaron respecto al año anterior, en Colombia el panorama fue diferente.

«Los incendios no fueron un factor importante en la pérdida de hectáreas de bosque,» destaca el informe. En cambio, la minería ilegal, la expansión de cultivos ilícitos como la coca y la ganadería extensiva, así como el avance de monocultivos como la palma de aceite, fueron los principales motores de la deforestación.

El retroceso coincide con el aumento de la violencia y la suspensión de diálogos de paz, factores que, según el informe, han provocado “una mayor inestabilidad en áreas remotas” y la reactivación de economías ilegales con alto impacto ambiental. Las comunidades indígenas han sido particularmente afectadas, no solo por la pérdida de territorio ancestral, sino por el colapso de los ecosistemas que sustentan su forma de vida.

Los bosques tropicales primarios cumplen un papel clave en la captura de carbono, la regulación del clima y el ciclo del agua. La desaparición acelerada de estos ecosistemas —a un ritmo de 18 canchas de fútbol por minuto a nivel mundial— generó en 2024 un total de 3,1 gigatoneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, más que todas las emisiones anuales de India por consumo de combustibles fósiles.

En Colombia, este fenómeno amenaza particularmente a la región amazónica, que concentró el 60 % de la deforestación registrada desde 2001. Esta situación, advierte el PNUD, afecta directamente el ciclo hidrológico del país: “El agua que llega a nuestras casas nace de un complejo sistema de ecosistemas, los llamados ríos voladores,” explicó Ferrer.

El estudio del WRI recuerda que tras el cambio de gobierno en 2022 se dio un giro en la política ambiental que permitió una reducción significativa de la deforestación en 2023. Sin embargo, el repunte del último año refleja que las políticas públicas aún no logran frenar la presión de los intereses económicos y armados sobre los territorios.

«El desarrollo y el crecimiento económico es un tema profundamente político», concluyó Ferrer, lo que confirma que en Colombia, hoy más que nunca, la defensa de los bosques es un punto ineludible de cualquier agenda de futuro.

Inseguridad alimentaria en Colombia golpea con más fuerza a los habitantes rurales

Según la investigación, en las cabeceras municipales, la prevalencia fue de 23%, mientras que en centros poblados y zonas rurales dispersas alcanzó el 34,2%. Este incremento rural refleja las condiciones estructurales que dificultan el acceso constante a alimentos, como la dispersión geográfica, la limitada infraestructura y la menor oferta institucional.

Más de 14 millones de personas en Colombia vivieron inseguridad alimentaria en 2024. Aunque se observan mejoras en las ciudades, los hogares rurales y vulnerables enfrentan mayores desafíos para acceder a una alimentación suficiente y adecuada.

En 2024, el 27,6% de la población colombiana experimentó inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que representa aproximadamente 14,4 millones de personas, según los resultados de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES). Esta medición, incluida en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV), entrega una radiografía detallada de las condiciones de acceso a los alimentos en el país, a partir del indicador ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 2.1.2 sobre “Hambre Cero”.

Los datos indican una leve disminución en la inseguridad alimentaria moderada o grave frente al año anterior (de 26,1% a 25,5%), lo que representa una mejora en términos generales. No obstante, al observar las cifras por área geográfica y características del hogar, se evidencian diferencias marcadas.

Por departamentos, La Guajira (52,4%), Sucre (49,5%) y Córdoba (47,6%) reportaron las cifras más altas de inseguridad alimentaria moderada o grave, mientras que Caldas (12,8%), Bogotá D.C. (13,9%) y Santander (16,2%) mostraron los porcentajes más bajos.

El análisis también destaca condiciones sociales que intensifican la inseguridad alimentaria. Los hogares con jefatura femenina presentan un 28,2% de prevalencia, y aquellos encabezados por personas sin educación alcanzan un 47,4%. A su vez, el 46,1% de las personas que se identifican como pobres reportaron inseguridad alimentaria, frente al 11,6% de quienes no se perciben en esta situación. Entre los afiliados al régimen subsidiado, el indicador fue de 37,2%, mientras que en el régimen contributivo se ubicó en 12,8%.

Además, la inseguridad alimentaria grave pasó de 4,8% en 2023 a 5% en 2024, lo que equivale a cerca de 2,7 millones de personas. Este aumento fue estadísticamente significativo en 10 departamentos, entre ellos San Andrés, Córdoba y Nariño.

Los resultados de la Escala FIES ofrecen insumos clave para orientar políticas públicas centradas en el territorio y en los grupos más expuestos. Si bien hay señales de mejora en las ciudades, el campo sigue siendo el epicentro de los mayores retos. Reforzar los programas de abastecimiento, educación nutricional y fortalecimiento de la economía campesina es esencial para avanzar hacia una Colombia sin hambre. La información estadística, además de medir avances, permite construir caminos hacia un país con mayor equidad alimentaria.

El campo exige inversión, paz y presencia estatal en la Plaza de Bolívar

Las delegaciones que integran esta movilización provienen de los cuatro municipios del Guaviare, además de comunidades del Meta, Vichada, Guainía, Huila, Tolima, Arauca y Nariño. Son territorios atravesados por dinámicas de violencia y disputa territorial. “Después de un tiempo de diálogos y rompimientos, se han generado muchas divisiones, y en esas divisiones ha vuelto el conflicto por el dominio de los territorios. Los campesinos hemos quedado en medio de esa lucha”, señala Henry.

Frente a esta situación, el llamado es a que el Estado asuma su responsabilidad más allá del discurso. “Pedimos atención real en las regiones, inversión social y compromiso con el campo”. Las comunidades denuncian que históricamente se les ha responsabilizado de problemáticas como la deforestación, sin considerar las condiciones estructurales que enfrentan. “¿Qué vamos a desforestar si no tenemos con qué trabajar?”, cuestiona Henry.

Las respuestas institucionales, hasta ahora, han sido percibidas como insuficientes. “Lo que nos han dicho han sido pañitos de agua tibia para todo este conflicto”. A pesar de algunos acercamientos con el Ministerio del Interior, las comunidades no sienten que haya voluntad de atender a fondo las causas estructurales de su situación.

Las dificultades para producir y comercializar, la precariedad de las vías y los altos costos de transporte son otros puntos críticos. “Podemos cultivar, pero al momento de vender enfrentamos precios muy bajos y muchos obstáculos logísticos”. Por eso, su regreso a los territorios está condicionado a una respuesta concreta que implique inversión, escucha activa y participación directa del campesinado en la construcción de soluciones.

El mensaje de quienes hoy se mantienen pacíficamente en la Plaza de Bolívar va más allá de una demanda sectorial. La lucha del campesinado es por quienes cultivan plátano, yuca o papa en la vereda, y también por quienes habitan las ciudades y dependen del campo para vivir. “Si nosotros los campesinos nos paramos y acabamos con toda la producción del campo, ¿de qué vivimos en las ciudades entonces?”

Cooperativismo rural:“Si queremos salir de la crisis, construir confianza es la clave”: Óscar Forero

Recuerda que este municipio del centro tolimense llegó a contar con 15 cooperativas, y hoy solo tiene diez. Según el “Directorio de Asociaciones y Agremiaciones” de la Alcaldía Municipal, reportan actividades la Cooperativa Multiactiva y Ecoregional Trabajar Juntos, Coometrajun; la Cooperativa de Productores Agropecuarios, Coopral; y la Precooperativa Agroindustrial Coagro Fénix. La mayoría de las demás son asociaciones o fundaciones. 

En Colombia el panorama es similar: según la Superintendencia de Economía Solidaria, hay 186 cooperativas agropecuarias, con 106 mil asociados (Si se tiene en cuenta que en el campo habitan 11 millones de personas, los asociados no representan ni el 1%). 

Retroceso 

“Desafortunadamente el manoseo de la politiquería prácticamente acabó este modelo empresarial”, responde Forero sin pensarlo dos veces, en el pódcast Mundo Rural.

Por su parte, Carlos Acero Sánchez, presidente de la Conferederación de Cooperativas de Colombia dice en la Revista Nacional de Agricultura de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia), que entre las causas del bajo cooperativismo rural el conflicto armado, que obstaculiza la organización de las comunidades, así como la excesiva carga administrativa y de reportes al Estado, “que le quitan atractivo al modelo”.

Ello, sumado a muchas otras dificultades de fondo, ha llevado a que cada vez menos productores del campo crean que vale la pena asociarse. 

Pero es el camino indicado, si se observan exitosos resultados, tanto en Colombia, como en el exterior.

Salidas

El Superintendente Financiero, César Ferrari, destacó al intervenir en un foro organizado por La República, que Trentino (Italia) pasó de ser una de las regiones menos avanzadas a la segunda más próspera, gracias a que la mitad de los campesinos de Trento (su capital) –250.000 de 500.000– son cooperativistas.

“A lo largo del tiempo la experiencia cooperativa trentina se ha expandido desde las áreas tradicionales de crédito, la agricultura y el consumo, para incluir más recientemente los sectores de servicios, gestión ambiental, producción de energía, la cultura y la educación”, subraya el investigador italiano Gianluca Salvatori. 

Según Ferrari, experiencias como estas demuestran que la asociatividad es una gran respuesta para combatir problemas estructurales como la baja tasa de ahorro en el país que, según estudios del Banco Mundial, es una de las más bajas del mundo, con un índice del 11% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras en Asia Oriental y el Pacífico fue del 41% en 2023. 

En Colombia, el clásico ejemplo de la Cooperativa Lechera de Antioquia (Colanta), con 61 años de funcionamiento, demuestra que sí es posible convertir a pequeños propietarios asociados en empresarios, y sacar adelante programas que los benefician en ahorro y crédito, educación, capacitación, recreación, comercialización, etc. 

Sánchez complementa que hay salidas a cargo del Estado, en calidad de líder, como una verdadera política de desarrollo rural integral que facilite a través del cooperativismo el acceso al crédito y al mercado; propicie una mayor participación de las campesinas y campesinos en las compras públicas y les permita a las cooperativas administrar los centros de acopio locales.

Para Forero, el cooperativismo ofrece alternativas efectivas para que los jóvenes se queden, y los que se han ido regresen al campo: “Es muy importante que se organicen a través de modelos cooperativos, para gestionar proyectos productivos relacionados con la agroindustria, para promover y sacarle partido a la riqueza que tenemos en el territorio”.

“A nosotros nos corresponde organizarnos para combatir realidades como estas: en el caso del arroz, se nos demoran 120 días para pagarnos cada carga que vendemos. ¿Por qué no asociarnos si las necesidades del sector campesino son las mismas?, cuestiona Forero.  

Y puntualiza: “Tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros; construir confianza es la clave”. 

Ahorro bruto (% del PIB)

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE.

Nombre del país AñoValor
Colombia202311
Argentina202316
México202320
Brasil202316
Perú202319
Asia Oriental y el Pacífico202341
Estados Unidos202317
Singapur202341

Fuente: Grupo Banco Mundial

Más que un día: Presencia, brechas y resistencias de la afrocolombianidad 

En Colombia, más de 4,6 millones de personas se reconocen como afrodescendientes. Sin embargo, esta población continúa enfrentando brechas históricas en educación, empleo, salud y representación política. Más allá de la conmemoración, la afrocolombianidad reclama políticas reales, territorios dignos y presencia activa en las decisiones del país.

La población afrocolombiana representa cerca del 9,3 % del total nacional, según proyecciones recientes. Son alrededor de 4,67 millones de personas, muchas de ellas ubicadas en regiones con fuerte ruralidad, como el Pacífico colombiano, el Caribe interior, y diversas zonas dispersas del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. A pesar de esta presencia significativa, las estadísticas oficiales suelen invisibilizar su situación o agruparla de forma genérica, lo que limita el diseño de políticas públicas con enfoque étnico y territorial.

En el campo de la educación, las cifras muestran una brecha alarmante. Solo el 14,8 % de la población afro accede a la educación superior, frente al 18,8 % del promedio nacional, y apenas el 10,5 % logra culminar una carrera universitaria. Estas diferencias se acentúan en las zonas rurales, donde la tasa de analfabetismo entre comunidades afro puede llegar a triplicar el promedio del país. Aunque existen programas como el Fondo Especial del ICETEX para comunidades negras, la cobertura aún es insuficiente frente a la magnitud del rezago educativo.

En términos de empleo, la situación tampoco mejora. La tasa de desempleo entre personas afro supera el 16 %, y muchas de ellas se insertan en sectores informales, con baja protección laboral, salarios mínimos o inferiores, y escasa movilidad económica. Actividades como el trabajo doméstico o la agricultura informal siguen siendo algunas de las pocas opciones estables, especialmente para las mujeres afro rurales, que enfrentan una triple carga de desigualdad por su género, condición étnica y ubicación territorial.

La salud es otro frente crítico. El acceso a servicios médicos en zonas con alta presencia afrocolombiana continúa siendo limitado. Indicadores como la mortalidad materna e infantil son más altos en estos territorios, y la cobertura del sistema de salud no siempre garantiza atención oportuna y culturalmente pertinente. Aunque existen lineamientos para una atención diferencial, en la práctica el sistema de salud no responde a las realidades de estas comunidades, especialmente cuando están ubicadas lejos de los cascos urbanos.

En cuanto a participación política, la subrepresentación sigue siendo una constante. Si bien existen curules especiales y espacios como la Comisión Legal Afro del Congreso, la presencia efectiva de liderazgos afro en escenarios de decisión sigue siendo mínima. En los municipios rurales, su participación en juntas de acción comunal, concejos y alcaldías es escasa, lo que evidencia una exclusión que no se supera con cuotas, sino con procesos de formación, garantías de participación y reconocimiento del liderazgo comunitario afro.

La afrocolombianidad es una fuerza viva que ha resistido por generaciones en los márgenes del Estado. Desde las trenzas de las parteras del Pacífico hasta los cantos de alabaos que recorren los ríos, el pueblo afro ha sostenido su cultura, sus luchas y sus territorios. Reconocer esta realidad no puede limitarse a una conmemoración, implica actuar con justicia histórica, cerrar brechas estructurales y permitir que las voces afro rurales sean protagonistas de las decisiones que afectan su vida y su futuro. Porque en cada historia afro hay una historia de Colombia que aún no ha sido contada del todo.

Seguro de cosechas en tiempos de crisis climática: estos son los pasos que debe seguir

En el campo colombiano, sembrar implica enfrentar lluvias intensas, temporadas secas y otras amenazas que ponen en riesgo el trabajo y la alimentación. Para enfrentar estos retos, el Gobierno Nacional reactivó el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), una herramienta que permite asegurar los cultivos con apoyo económico, especialmente para quienes más lo necesitan.

“Con la apuesta del Gobierno avanzamos con la democratización del crédito para las familias productoras del campo que nunca habían tenido acceso a oferta financiera. En esta época de cambio climático, asegurar la producción aporta en la mitigación de riesgo y pérdida para quienes derivan su sustento de esta actividad”, dijo la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

El Ministerio de Agricultura, a través de Finagro, habilitó $128.000 millones para subsidiar pólizas de seguro agropecuario. Este seguro cubre riesgos como exceso o falta de lluvia, enfermedades, heladas o incendios, y se convierte en una herramienta esencial para proteger la economía de las familias rurales.

El 80 % de los recursos estará destinado a pequeños productores y personas de ingresos bajos, mientras que el 20 % restante beneficiará a productores medianos. Según el perfil del productor, el subsidio se distribuye así:

  • Hasta el 85 % para pequeños productores de ingresos bajos.
  • Hasta el 80 % para pequeños productores.
  • Un 30 % para productores medianos.
  • Un 5 % adicional si el productor pertenece a una comunidad indígena, afrocolombiana, núcleo de reforma agraria, es mujer rural o joven campesino.

Por ejemplo, si una productora quiere asegurar su cultivo de papa con una póliza de $1.000.000, y califica como pequeña productora de ingresos bajos, solo deberá pagar $100.000 más IVA. El restante será cubierto por el Estado.

Además, se destinaron $20.000 millones adicionales para que municipios y departamentos contraten seguros colectivos que beneficien directamente a comunidades rurales. Se trata de fortalecer la gestión local del riesgo agropecuario.

“Desde el Gobierno Nacional seguimos fortaleciendo las herramientas para fomentar la gestión de riesgos agropecuarios. Con estos nuevos recursos del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), garantizamos que miles de productores puedan asegurar sus inversiones y enfrentar los riesgos climáticos como el fenómeno de El Niño y de La Niña, entre otros”, explicó Alexandra Restrepo, presidenta de Finagro.

¿Cómo acceder al subsidio del ISA?

  1. El productor se acerca a una aseguradora o entidad financiera.
  2. La aseguradora valida la información y la actividad productiva.
  3. Se emite la póliza y se cobra únicamente la parte no subsidiada más IVA.
  4. La aseguradora solicita el subsidio a Finagro.
  5. Finagro valida y transfiere el incentivo a través de la aseguradora.

Con esta estrategia, el Gobierno Nacional busca dar tranquilidad al campo, protegiendo la producción agrícola así como los ingresos y el bienestar de quienes la hacen posible. Asegurar la cosecha es también asegurar la posibilidad de seguir sembrando, vendiendo y alimentando a Colombia.

Juan Carlos Dagama y el taller que teje memoria en el Guainía

Desde la entrada, su taller huele a monte y tradición. Hay fibras de chiquichiqui colgadas como racimos, semillas de moriche secándose al sol y herramientas acomodadas junto a un banco de trabajo.  Dagama González, indígena de los pueblos Curripaco y Cubeo, da la bienvenida con una sonrisa serena y las manos ocupadas, porque está trenzando una manilla encargada por un turista alemán.

“Lo que aprendí con mis abuelos y mis padres no lo dejé en el recuerdo. Lo llevé al SENA para perfeccionarlo. Aprendí a cortar con maquinaria, a tomar medidas exactas, pero sin perder la esencia. Lo que hago es cultura viva”, dice mientras no deja de mover las manos.

Su taller, “Artesanías Dagama”, se ha convertido en uno de los referentes del Guainía para quienes buscan conocer las expresiones culturales de los pueblos indígenas. En él se elaboran collares, llaveros, trajes típicos, instrumentos musicales y piezas decorativas, todo con materiales recolectados de forma responsable en el monte, como palo Brasil, semillas de seje, palma manaca, y muchas otras fibras que tienen historia.

Este espacio es, además de un taller productivo, un punto de encuentro, formación y orgullo comunitario. “Me gusta enseñar. Cuando me invitan a ferias, a talleres con los jóvenes, ahí estoy. Lo más importante para mí es dejar un legado, que los muchachos no pierdan esto. Que vean que hay una forma de vivir con dignidad desde lo que somos”, afirma.

Las ventas se mueven entre encargos para ferias, exhibiciones en el aeropuerto y un recorrido diario por los hoteles del municipio. “Todos los días paso por el Hotel Orinoco, por la cabaña de Huacón, por las Fuentes del Guainía. Voy hablando con los gerentes, mostrando lo que hago. No me quedo quieto. Así el turista conoce lo nuestro, y nosotros seguimos adelante”.

Cuando los pedidos crecen el taller se transforma en colmena. Hermanos, amigas y jóvenes egresados del SENA se reúnen para cumplir con las entregas. “Cuando piden 800 manillas, todos se arriman. Aquí nadie sobra. Lo que hacemos lo hacemos entre todos. Es un patrimonio compartido”, comenta y muestra un pedido listo para entregar.

Y mientras avanza el día, entre tejidos y visitantes, Juan Carlos se detiene un momento y concluye con la calma de quien sabe lo que construye: “La cultura es un tesoro. Mientras yo esté aquí, voy a seguir mostrándola, contándola, sembrándola. Eso es lo que me mueve todos los días”.

El legado de quienes llevaron la educación al corazón del campo

Una de esas semillas germinó en el corazón de Miguel Ángel Arango Cifuentes, un profesional de la salud que, desde la ruralidad de Chocó hasta el municipio de Caucasia, encontró en la educación una forma de vida. “Con ACPO es una experiencia de especial cariño. En 2013 conocí las Escuelas Digitales Campesinas. Me ofrecieron el trabajo rural y ahí me quedé, porque siempre he estado en la ruralidad, y la historia de Radio Sutatenza siempre me pareció muy chévere.”

Con un radio encendido, una cartilla en la mano y el deseo de aprender, miles de hombres y mujeres del campo colombiano convirtieron sus casas en Escuelas Radiofónicas, espacios de estudio colectivo donde lo importante no era el diploma, sino el despertar de la conciencia, y aprender para vivir. Fueron ellos quienes, a través del modelo de Educación Fundamental Integral (EFI) promovido por Acción Cultural Popular (ACPO), tejieron una red de conocimiento en más de 900 municipios del país. Es un modelo que hoy pervive en las Escuelas Digitales Campesinas.

“La motivación principal fue la escasez de educación y recursos tecnológicos. En Nuquí, donde ni siquiera había internet, hicimos una alianza con la institución educativa Litoral Pacífico y empezamos a enseñar alfabetización digital, incluso a los profesores de sistemas. Esa fue una experiencia muy bonita que unió salud y educación.”

La fuerza de Radio Sutatenza creció con la participación activa de los campesinos, que con determinación se apropiaron de la palabra, del número, de la salud, del trabajo y de la espiritualidad como rutas para transformar su vida y su comunidad. En cada reunión para escuchar la radio, en cada cuaderno compartido, en cada carta enviada a la emisora, había un mensaje claro: educarnos es organizarnos, y organizarnos es avanzar.

“Lo primero fue lograr que la comunidad creyera en el proyecto. Las hermanas Teresitas nos abrieron las puertas del colegio, y trabajamos tanto con niños como con adultos mayores en las noches. Eso fue muy especial.”

Más de 20.000 líderes rurales se formaron en los Institutos Campesinos gracias a este sistema. Muchos regresaron a sus veredas para fortalecer juntas de acción comunal, crear cooperativas, liderar procesos de salud preventiva, construir caminos, y sobre todo, compartir lo aprendido.. Cada uno de ellos fue maestro por convicción, con el compromiso profundo de educar desde su experiencia y en comunidad.

“Significó mucho para mí poder aportar a niños y adultos. Mis padres eran educadores, y ver cómo la comunidad ponía en práctica el modelo pedagógico de ACPO fue muy gratificante. En Belén de Bajirá hicimos un curso de formulación de proyectos y hoy, algunos de esos estudiantes tienen sus propias empresas. Eso es transformación.”

Este homenaje celebra la unión entre quienes compartieron su voz a través del micrófono y quienes, con entusiasmo y dedicación, transformaron cada escucha en una experiencia de aprendizaje y acción. Es un reconocimiento a quienes organizaron a sus vecinos, compartieron su radio, insistieron en aprender a leer a cualquier edad, e hicieron de la educación una causa común.

“El mayor aprendizaje con las comunidades es que todos tenemos derecho a aprender, estemos donde estemos. Aprendí a entrar en las culturas, a intercambiar saberes. Y entendí que muchos jóvenes quieren estudiar para irse, pero nosotros les enseñamos para que se queden, para que valoren sus raíces, sus saberes ancestrales.”

A quienes cargaron libros en la espalda, memorias en el corazón y esperanza en la palabra, les decimos: Gracias, maestros campesinos, por educar desde el territorio y para el territorio. Su lucha por aprender y enseñar sigue siendo el fundamento de un país más justo.

“Hoy hay más acceso a internet, pero todavía falta mucho. En cada rincón del país hay alguien que recuerda a Radio Sutatenza. En Nuquí trabajamos incluso con comunidades indígenas emberas, llevamos computadores a la selva, enseñamos lo básico. Una señora que nunca había tocado un computador pudo descargar su desprendible de pago sola, y decía que fue como dar a luz. Esa emoción resume lo que representa la educación campesina: dignidad, autonomía y futuro.”, puntualiza Miguel Ángel.

Migrar o quedarse, el dilema de la juventud campesina en Colombia

“Yo quiero estudiar, salir adelante… pero aquí no hay cómo”. Así resume su realidad Alejandra, una joven de 17 años en Calamar, Guaviare, que sueña con ser enfermera, aunque sabe que para lograrlo tendría que dejar su vereda. Como ella, miles de jóvenes rurales en Colombia enfrentan a diario una decisión tan estructural como íntima, migrar a la ciudad o resistir en su territorio, aún sin las condiciones básicas para prosperar.

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2023, más de 10,6 millones de personas mayores de 15 años se identifican como campesinas. La mayoría vive en centros poblados y zonas de ruralidad dispersa. Sin embargo, la juventud dentro de esta población está cada vez más ausente. La migración rural-urbana, especialmente entre los 15 y 28 años, continúa vaciando los campos de energía joven, conocimiento local y futuros posibles.

Tesis como la de Siaucho (2014) sobre el municipio de Calamar, en Guaviare, evidencian que el 96% de los jóvenes rurales expresaron su intención de migrar, aunque solo el 46,4% lo hizo efectivamente. Entre quienes migraron, el 73% accedió a oportunidades educativas o laborales. A nivel nacional, se estima que cerca del 12% de los jóvenes rurales migra hacia zonas urbanas, siendo las mujeres las más propensas a hacerlo (55%). Las principales razones de esta migración son el empleo (31,3%), el acceso a educación (21,8%) y la seguridad personal (28%).

Los departamentos que más expulsan población joven campesina son Tolima, Putumayo, Córdoba y Caldas, debido a factores como la falta de acceso a educación superior y empleo formal en el campo (Tolima), la presencia de economías ilegales, violencia armada y ausencia de garantías básicas (Putumayo), la inseguridad territorial y la escasa oferta de formación técnica y productiva (Córdoba), y la crisis del café, el envejecimiento del campo y la concentración educativa en zonas urbanas (Caldas). 

Mientras tanto, regiones como Cundinamarca y Meta reciben una alta proporción de estos migrantes. Las ciudades destino más frecuentes son Bogotá, Medellín y Villavicencio, centros con mayor acceso a formación técnica, universidades y empleo, aunque también con barreras de inclusión para jóvenes rurales que llegan sin redes de apoyo, ni recursos suficientes para sostener su proceso migratorio.

Este fenómeno tiene consecuencias profundas como la pérdida de relevo generacional en el campo, la fragilización de la economía campesina, el debilitamiento del tejido comunitario y la ruptura cultural entre el territorio y sus jóvenes. A medida que migran, también se trasladan sus saberes, sus sueños y sus formas de habitar la ruralidad.

Frente a esta realidad, es urgente pensar en alternativas reales y sostenibles para garantizar que quienes deseen quedarse, puedan hacerlo con dignidad. La educación rural pertinente, el acceso a conectividad digital, los proyectos productivos con valor agregado local, y el fortalecimiento de economías solidarias, son caminos posibles para cerrar la brecha entre querer migrar y tener que hacerlo.

La juventud campesina es una fuerza vital para el presente y el futuro del país. Garantizar su permanencia con condiciones justas es sembrar un campo vivo, diverso y en permanente transformación.

4,474SeguidoresSeguir
787SuscriptoresSuscribirte