El viernes 31 de julio del presente año, se desarrolló durante 6 horas la Audiencia Pública Nacional por la tierra, el territorio y el campesinado; convocada  por la Procuraduría General de la Nación. Evento virtual que contó con la participación de organizaciones campesinas, ministerios y otras instituciones competentes, con el objetivo de discutir sobre la desigualdad estructural que vive el campesinado y la necesidad urgente de tomar acciones para garantizar sus derechos.

Fueron dos paneles centrales los que rigieron la agenda de esta cita histórica, y que además dieron paso a la conversación sobre otros subtemas que resultan de gran importancia para las zonas rurales del país y sus habitantes. Cabe mencionar que, la mayoría de intervenciones campesinas recordaron a los líderes y lideresas que ya no están y que nunca abandonaron la lucha por el campo colombiano.

Política pública, acuerdos incumplidos y declaración de los derechos del campesinado

La primera intervención la hizo Óscar Gerardo Salazar del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, quien solicitó inicialmente la realización de un acta formal sobre todo lo pactado en esta audiencia,  y habló sobre la importancia de acoger plena y formalmente la Declaración de los Derechos Campesinos establecida por las Naciones Unidas y aprobada en diciembre del 2018. Ante esto, Mirza Gnecco del Ministerio de Relaciones Exteriores; afirmó que Colombia se abstuvo de adoptar dicha Declaración porque  “muchos de los lineamientos de la Declaración ya están en la Constitución Política”.

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Por su parte, el procurador delegado de Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Fernando Trujillo hizo un llamado a rescatar la Ley 160 de 1994 “por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino” y realizar algunos ajustes de acuerdo a lo estipulado en la Declaración de los Derechos de las y los Campesinos. “Debemos demostrar que sí nos importan nuestros campesinos, teniendo en cuenta que Colombia es un país rural”.

Respecto al Artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo, que propone la formulación de una política pública campesina, César William Diaz del Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA manifestó que “el hecho de existir como campesinos nos da derecho al reconocimiento y dignificación (…) la política pública no es nada si hay normas sin reglamentar o normas reglamentadas y sin presupuesto”. Igualmente, se reiteró la necesidad de definir el enfoque diferencial campesino “porque hay expresiones que se convierten en formas de negar al campesinado” así lo afirmó Luis Alejandro Jiménez de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC.

En respuesta a la incógnita de ¿cómo va la formulación de esta  política pública?, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro aseguró que existe una ruta para la reglamentación de dicho artículo que plantea la elaboración de objetivos y propuestas de contenidos para abril del 2021, y un espacio para la presentación y validación de la política pública en agosto del 2021. Además dijo que “en un lapso no superior a un mes el Ministerio se compromete a presentar un documento con el organigrama de esta ruta”. 

Es preciso señalar la relevancia que han tenido las últimas encuestas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, específicamente la Encuesta de Cultura Política ya que como lo mencionó Juan Daniel Oviedo, director de esta institución “estos datos permiten un perfilamiento de las condiciones socioeconómicas que enfrenta esta población ”. Y para la construcción de diversos planes y estrategias nacionales, regionales y locales es indispensable contar con una información objetiva base.

Por otro lado, en representación de la Asociación Campesina de Inzá, Tierradentro – ACIT Eliecer Morales exigió la creación de una comisión mixta para el desarrollo de la política pública campesina y así mismo, una comisión mixta para el  diagnóstico y cumplimiento de los acuerdos incumplidos históricamente con las organizaciones campesinas. Citando los siguientes: “Acuerdos de Cumbre Agraria, de la Mesa Cauca 2012, con el Macizo Colombiano en 2009, con la Mesa de Parques del Cauca y del Caquetá, el acta de Acuerdos con la Minga Social, entre otros”. 

Implementación de los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final de Paz y garantías para defensores de los derechos del campesinado

El segundo panel inicio apuntando a la Reforma Rural Integral, por lo que refiriéndose a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, Carmenza Gomez de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas – ANZORC comentó que en las 16 zonas establecidas  “resultaron más de 32.000 iniciativas en las que se reflejan las demandas del campesinado sobre vivienda, salud, educación y  agua potable (…) no queremos un modelo extractivo sino un desarrollo de acuerdo a la vocación campesina”.

Teniendo en cuenta lo anterior, Alejandra Botero Barco, Consejera presidencial para la Gestión y Cumplimiento se refirió al Catastro Multipropósito, una herramienta que pretende ayudar a las entidades territoriales para diseñar políticas públicas en pro de la equidad. “Permite ver más allá del suelo. Infraestructura, riesgos, comunidades étnicas, servicios sociales y servicios ambientales”. 

Conversación que dió lugar al tema de Fondo de Tierras y a las siguientes preguntas formuladas por Robert Daza, dirigente del Coordinador Nacional Agrario – CNA: ¿Cuántas hectáreas se han adjudicado, a cuantas familias y en donde?, ¿En cuantos años se van a adjudicar esas tierras a los campesinos?, ¿Ya se subsanó un proceso de consulta previa con los hermanos indígenas y afro? Incógnitas que según lo dicho se resolverán en un espacio determinado, y con la suficiente información.

Respecto al punto 4 del Acuerdo de Paz, sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, Arnobis Zapata de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM, expuso la incertidumbre existente en torno al programa PNIS establecido por el decreto 896 de 2017. El cual propone la sustitución de cultivos de uso ilícito “la dirección de sustitución firmó 106 acuerdos que incluían a mas de 215.000 familias en 14 departamentos. Se erradicaron voluntariamente 41.500 hectáreas de cultivos de coca y aún no han podido sustituir por falta de de un proyecto productivo con ese fin”.

Además, afirmó que Colombia bajó del 0,4% al 0,2% de resiembra, lo que demuestra que hay un compromiso por parte de las comunidades con los proyectos de sustitución y que no es justificable la erradicación forzosa ya que para ello debe existir una cifra mucho mayor de resiembra. En respuesta, Hernando Londoño de la Dirección para la Sustitución se pronunció diciendo que se tuvo que cambiar la ruta de acción principalmente porque en el programa “ no estaban bien establecidos los tiempos de ejecución”. 

Por: Karina Porras Niño. Periodista.