Desde el pasado 7 de julio, la Ley 2232 de 2022 ha marcado un hito en la lucha contra la contaminación plástica en Colombia, prohibiendo el uso de plásticos de un solo uso. En este contexto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promueve activamente el uso de la fibra de fique, una solución biodegradable y compostable, para la fabricación de empaques reutilizables.
El fique, con su capacidad para degradarse naturalmente y contribuir a la fijación de carbono, se presenta como una respuesta efectiva a la acumulación de residuos plásticos. Esta fibra natural se emplea en la confección de bolsas de mercado, cabuyas, costales y otros empaques, tanto para productos perecederos como no perecederos. Además, el procesamiento del fique genera subproductos útiles como biogás y fertilizantes orgánicos, aportando un valor añadido a su cadena productiva.
Foto: https://raices.patrimoniomedellin.gov.co
Colombia produce actualmente 17.370 toneladas de fique, con una producción arraigada en las comunidades indígenas y un sector mayoritariamente compuesto por pequeños productores. Departamentos como Cauca, Nariño, Santander, La Guajira, Caldas y Boyacá son los principales bastiones de esta actividad económica. Las mujeres desempeñan un papel crucial en este sector, dedicándose a la elaboración de artesanías como mochilas, tapetes y otros elementos decorativos y funcionales para el hogar.
El impulso al uso del fique no solo representa un avance hacia la sostenibilidad ambiental, sino que también fortalece la economía rural y preserva tradiciones culturales. En un momento en que el mundo busca alternativas más verdes, el fique se posiciona como un recurso invaluable para un futuro más limpio y equitativo.
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Durante la Gira Ganadería Popular Sostenible, cuyo propósito es promover los modelos regenerativos de producción en esta actividad, la Agencia de Desarrollo Rural (adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural) llegó a ocho municipios de Bolívar con dos proyectos productivos dirigidos a mujeres, jóvenes rurales y víctimas del conflicto armado. La inversión, que mejorará la economía de 176 familias, asciende a 6.300 millones de pesos. Estos recursos permitirán la adquisición de 354 bovinos, entre los que hay hembras, novillos de ceba y machos reproductores, además de insumos, herramientas y maquinaria. Asimismo, se incluye asistencia técnica y fortalecimiento en asociatividad.
La necesidad de estos proyectos productivos obedece a que, si bien el departamento de Bolívar se cataloga como una región de gran potencial en la ganadería, enfrenta, sin embargo, desafíos relacionados con fenómenos de variabilidad climática, problemas sanitarios y limitaciones en infraestructura y financiamiento. Ante esto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y las asociaciones de pequeños y medianos ganaderos estructuraron dos proyectos que contribuyen a superar los obstáculos mencionados.
En siete municipios, 153 pequeños ganaderos mejoran sus hatos
El primer proyecto es de carácter territorial y se ejecutará en los municipios de Calamar, El Guamo, Soplaviento, Mahates, Arroyohondo, San Jacinto y Córdoba, poblaciones afectadas por la violencia, la desigualdad y el abandono estatal. Allí unieron esfuerzos la ADR, la Asociación de Pequeños y Medianos Ganaderos de Arroyohondo (ASOGANAAR) y la Gobernación de Bolívar para llevar una inversión de 4.790 millones de pesos, que incluye a 153 familias campesinas, en su mayoría víctimas del conflicto armado.
Durante la ejecución se entregarán 153 machos reproductores de alto valor genético, al tiempo que se prestará acompañamiento asociativo para reforzar el colectivismo, así como asistencia técnica con el fin de transformar el uso de los suelos mediante la reforestación de los potreros y de esta manera mitigar los efectos de la ganadería.
Con lo anterior se adoptará un sistema silvopastoril, que se aleja de las prácticas de ganadería extensiva. La adopción de este sistema contribuye a la sostenibilidad ambiental, económica y social de la región, pero también al fortalecimiento de los procesos asociativos, como lo manifestó Álvaro Ospina, representante legal de la asociación ASOGANAAR: “De este proceso asociativo va a salir fortalecida la comunidad, porque la principal fuente de nuestra economía es la ganadería. Con este mejoramiento genético de nuestro ganado, vamos a surgir, vamos a seguir trabajando unidos y asociados. Aquí el asociado ha aprendido a mejorar sus condiciones económicas, porque se le ha dado un interés muy especial a los avances que tiene la ganadería”.
La economía campesina, familiar y comunitaria no solo garantiza la seguridad alimentaria de la comunidad sino de las regiones. Foto: Lisa Trujillo (ADR)
Jóvenes campesinos de María La Baja se quedan en su territorio
El segundo proyecto se implementará en María La Baja. Con una inversión de 1.530 millones de pesos en ganadería de levante y ceba, así como en ganadería doble propósito, 23 jóvenes rurales de la Asociación BIOGAM transformarán las condiciones de vida de sus familias. Es una manera de promover la asociatividad, el relevo generacional y el arraigo de los jóvenes en el territorio. Al fortalecer el tejido social y económico, capacitar a los jóvenes en técnicas modernas de ganadería y asegurar su permanencia en el campo, se contribuirá al desarrollo sostenible de la región.
Luis Alfredo Torres, representante legal de la Asociación BIOGAM, destacó la importancia de este tipo de proyectos que tienen un enfoque ambiental: “Desde niños ya hemos tenido interacción con el campo. Yo siempre he creído que puede haber un equilibrio entre la economía ganadera y el cuidado del medio ambiente. Entonces, ya no solamente era desarrollar una ganadería tradicional, como lo hicieron nuestros padres y abuelos, sino que, en la medida en que uno va adquiriendo conocimientos, se puede proponer una serie de prácticas para hacer una ganadería armónica con el medio ambiente”.
Por su parte, Juan Carlos González, vicepresidente de Gestión Contractual de la Agencia de Desarrollo Rural, resaltó la implementación de la política de Reforma Rural Integral del Gobierno nacional: “Con este proyecto se incentiva el proyecto de economía popular solidaria, ambiental y sostenible, como una de los propósitos del Gobierno en la reforma agraria. De esta manera estamos en el territorio demostrando con hechos reales nuestro compromiso en fortalecer la agricultura campesina, familiar y comunitaria y llevar a cabo la reforma agraria”.
De la misma manera, Sandy Román, directora de la Unidad Técnica Territorial de la ADR para los departamentos de Bolívar, Atlántico y San Andrés, manifestó su satisfacción por la manera como este proyecto atiende a las poblaciones más vulnerables: “Hoy estamos haciendo una inversión directa sobre nuestras poblaciones campesinas, víctimas del conflicto armado, raizales y palenqueros. Esta inversión apunta al fortalecimiento de la ganadería doble propósito, que busca mejorar las condiciones de vida de cada una de estas familias alrededor de la asociatividad y las cadenas de comercialización”.
Estos proyectos de ganadería regenerativa no solo representan una inversión significativa en la economía rural de Bolívar, sino también un compromiso con la sostenibilidad ambiental y social. Al proporcionar recursos y capacitación a mujeres, jóvenes y víctimas del conflicto armado, se promueve el relevo generacional y el arraigo en el territorio, fortaleciendo las comunidades desde sus bases. Con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Rural y la colaboración de asociaciones locales, estos proyectos tienen el potencial de transformar las prácticas ganaderas, generando un impacto duradero en la calidad de vida de las familias campesinas y contribuyendo a la conservación del medio ambiente.
La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), un tratado internacional adoptado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Su objetivo es conservar la diversidad biológica, garantizar su uso sostenible y asegurar la participación equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos a nivel mundial.
Datos Históricos de las COP
En cada una de estas Conferencias se busca adoptar medidas decisivas. Por ejemplo, en 2010, durante la COP10, celebrada en la provincia de Aichi, Japón, se adoptó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas Aichi, con el objetivo de frenar la pérdida de diversidad biológica y asegurar que los ecosistemas continuaran proporcionando servicios esenciales.
Las 20 Metas Aichi, agrupadas en cinco objetivos estratégicos, sirvieron como hoja de ruta para la conservación de la biodiversidad global durante una década. Sin embargo, durante la COP14, en Egipto, se reconoció que no se lograrían cumplir el propósito. Así, en la COP15, en diciembre de 2022, se adoptó el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, la nueva guía para detener y revertir la pérdida de biodiversidad a nivel mundial.
El Marco incluye 23 metas con un horizonte de cumplimiento total para 2030. Estas metas contemplan aspectos clave como conservar el 30 % de la tierra y el 30 % de los océanos del mundo para 2030, reducir el impacto de las especies invasoras, disminuir el uso de pesticidas, gestionar la agricultura de manera sostenible y priorizar la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales de diversas formas. Estas metas serán evaluadas por primera vez en la COP16, de la cual Colombia será anfitriona.
¿Por qué Colombia como país anfitrión?
Colombia fue seleccionada como sede de la COP16 por su riqueza en biodiversidad y su compromiso con la conservación ambiental. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, destacó que esta elección responde al deseo de hacer “Paz con la Naturaleza”, reconociendo los esfuerzos del país en la consolidación de la paz y la protección ambiental en sus regiones más vulnerables y ricas en biodiversidad.
Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad,
¿Qué hizo que Cali destacara como la ciudad anfitriona ideal para la COP16?
Santiago de Cali, conocida como la ‘Sucursal del Cielo’, fue elegida como la ciudad anfitriona de la COP16, después de disputarse el evento con Bogotá, la ciudad salsera fue la afortunada por su biodiversidad natural y cultural. El presidente Gustavo Petro resaltó que la región del Pacífico colombiano, donde el 30% de la población se identifica como afrodescendiente o indígena, ofrece una oportunidad única para mostrar la belleza y diversidad de Colombia al mundo, además de contribuir a la reconciliación social.
La elección de Cali también se vio influenciada por sus numerosas áreas protegidas, incluidos 11 Parques Nacionales Naturales que albergan una vasta diversidad de especies. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, subrayó que la celebración de la COP16 en Cali será transformadora al destacar la biodiversidad del Pacífico y promover la ‘Paz con la Naturaleza’ a nivel global.
¿Qué representa la imagen de la COP16, la flor de Inírida?
La imagen de la COP16, la flor de Inírida, es un emblema de la biodiversidad y resiliencia de Colombia. Esta flor, endémica del Guainía, es conocida por su capacidad de no marchitarse, simbolizando la durabilidad y resistencia de la biodiversidad colombiana. Representa el mensaje de «Paz con la Naturaleza», un llamado a la reconciliación y a la construcción de una relación más armónica con el medio ambiente. Al incorporar elementos de las 23 metas globales del marco Kunming-Montreal y las 13 ecorregiones de Colombia, la flor de Inírida transmite un mensaje de unión, alegría y esperanza, destacando la singularidad y la riqueza natural de Colombia ante la comunidad internacional.
Foto: Teleflor.
La COP16 en Colombia no solo será un evento de gran relevancia ambiental, sino también una oportunidad para que el país muestre su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad. Con el lema “Paz con la Naturaleza”, Colombia busca liderar un cambio global hacia una relación más respetuosa y equilibrada con el medio ambiente. La flor de Inírida, símbolo de esta conferencia, nos recuerda que, al igual que esta flor, la naturaleza tiene una capacidad infinita para regenerarse y prosperar si se le da la oportunidad adecuada.
Estado Actual de la Educación Rural: Las cifras pintan un panorama desalentador. En las zonas rurales, solo el 47% de los niños en edad preescolar tienen acceso a la educación inicial, y la cobertura en educación media es de apenas el 46%. Esto contrasta con la cobertura en educación primaria y secundaria, que es del 64%. Estas cifras muestran una clara deficiencia en la provisión de educación inicial y media, etapas cruciales para el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Alarmantemente, menos de la mitad de los estudiantes que comienzan la primaria logran llegar a grado once, lo que evidencia una alta tasa de deserción escolar.
Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE reveló que, aunque el 95.9% de las personas mayores de 15 años en Colombia saben leer y escribir, hay una notable disparidad entre las zonas urbanas y rurales. En las áreas urbanas, solo el 2.7% de la población de 15 años o más es analfabeta, comparado con el 9.2% en las zonas rurales. En los municipios más afectados por el conflicto armado, conocidos como municipios PDET, esta cifra se eleva al 11.5%. Estas estadísticas reflejan profundas desigualdades en los niveles de alfabetización, exacerbadas por factores geográficos y socioeconómicos.
Desigualdades en la Calidad Educativa: Los resultados de las pruebas Saber 11 son un claro indicativo de las desigualdades en la calidad educativa entre áreas urbanas y rurales. En promedio, los estudiantes urbanos superan a sus contrapartes rurales por 26 puntos, y esta brecha se amplía a 41.3 puntos en los municipios PDET. Esta disparidad se atribuye a la falta de docentes cualificados y capacitados, especialmente en las escuelas multigrado que predominan en las áreas rurales. La falta de recursos para formación continua y la escasez de docentes dispuestos a trabajar en condiciones difíciles agravan la situación.
El desafío de contar con un cuerpo docente bien capacitado es significativo. Muchos profesores en áreas rurales deben manejar aulas multigrado, una tarea que requiere habilidades pedagógicas especializadas que no siempre poseen. Además, la falta de incentivos y las difíciles condiciones de trabajo disuaden a muchos docentes calificados de trabajar en estas regiones, perpetuando así la baja calidad educativa.
Infraestructura y Necesidades Básicas: La infraestructura educativa en las zonas rurales está en condiciones precarias. Según el informe, el 15.5% de las sedes educativas rurales en Colombia no tienen acceso a electricidad, y en departamentos como Vichada y La Guajira, este porcentaje puede alcanzar el 68%. Solo el 40% de las sedes educativas rurales cuentan con agua potable constante, en comparación con el 70% en áreas urbanas. Además, el 69.4% de las sedes educativas rurales carecen de acceso a internet, limitando gravemente las oportunidades de aprendizaje digital y el acceso a recursos educativos en línea.
Las condiciones de bienestar escolar también son preocupantes. Muchos colegios rurales reportan la falta de profesionales para brindar apoyo psicosocial a los estudiantes, un servicio esencial en áreas afectadas por el conflicto armado. Durante la pandemia, los embarazos de niñas entre los 10 y 14 años aumentaron un 11% en las zonas rurales, subrayando la necesidad de programas de apoyo y educación integral que aborden estas y otras vulnerabilidades.
Inversión y Compromiso: Para abordar estas deficiencias, se estima que se necesitaría una inversión anual de COP 4.9 billones hasta 2030. Este presupuesto debería destinarse a programas integrales que incluyan jornadas escolares completas, alimentación adecuada, formación docente especializada, mejoras en infraestructuras, transporte escolar, apoyo psicosocial y programas específicos como la prevención del embarazo adolescente y la orientación vocacional. Esta inversión no solo mejoraría la calidad educativa, sino que también contribuiría a la retención escolar y al bienestar integral de los estudiantes.
El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) y Save the Children estiman que esta inversión es crucial para atender de manera integral a la población estudiantil rural de entre 6 y 17 años. Los programas financiados por este presupuesto deben incluir estrategias para la prevención del reclutamiento forzado de menores y la protección de sus derechos, asegurando un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.
El Rol de la Comunidad y el Gobierno: Es esencial involucrar activamente a las comunidades rurales en la planificación y ejecución de soluciones educativas adaptadas a sus contextos específicos. La participación comunitaria es clave para asegurar que las soluciones sean culturalmente apropiadas y efectivas. Se recomienda la creación de un fondo «Maestro Joven» para incentivar la contratación de nuevos licenciados mediante prácticas en zonas rurales, promoviendo así la entrada de docentes jóvenes y capacitados en áreas con mayores necesidades.
Asimismo, la coordinación entre entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil es fundamental para asegurar una sincronización adecuada de los recursos y las acciones. El uso de tecnologías modernas y sistemas de información debe ser una prioridad para mejorar el monitoreo de la deserción escolar y optimizar la asignación de recursos y personal docente. Esto permitirá una respuesta más rápida y efectiva a las necesidades emergentes en las zonas rurales.
La transformación de la educación rural en Colombia es una tarea monumental que requiere acciones coordinadas, voluntad política y recursos adecuados. Los jóvenes rurales son el corazón del futuro colombiano y merecen las mismas oportunidades educativas que sus pares urbanos. Este informe destaca la necesidad urgente de un enfoque integral y financiamiento adecuado para superar los desafíos educativos en las zonas rurales. Es imperativo actuar ahora para construir un sistema educativo inclusivo que empodere a toda la juventud colombiana, independientemente de su ubicación geográfica.
Este articulo subraya la importancia de políticas educativas centradas en la ruralidad que promuevan el derecho a una educación de calidad, accesible y adaptada a las necesidades locales, impulsando así el desarrollo integral del país. En el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, instamos a todos los sectores de la sociedad a unirse en este esfuerzo compartido por el bienestar y el desarrollo equitativo de nuestra juventud, quienes son la clave para el futuro próspero de Colombia. La educación es el pilar fundamental para el desarrollo y la equidad, y es hora de garantizar que todos los jóvenes colombianos puedan soñar y alcanzar sus metas sin importar dónde vivan. El tiempo de actuar es ahora, por el bien de nuestra juventud y el futuro de nuestro país.
Fuente: Informe 98: Calidad Educativa en Zonas Rurales de Colombia: Un Camino por Recorrer (Julio 2024)
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informa que en 2023, un total de 10.640.000 personas mayores de 15 años se identificaron como parte de la población campesina en Colombia, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). Esta cifra representa un incremento del 1,86 % respecto al año anterior.
El desglose de la población campesina por género muestra 5.479.000 hombres y 5.160.000 mujeres. El grupo etario más representativo es el de 65 años y más, que constituye el 37,3 % de los hombres y el 28,9 % de las mujeres campesinas. Además, se identificaron 5.519.000 hogares campesinos, definidos como aquellos donde “al menos un miembro se identifica subjetivamente como campesino/a”. Hay un dato significativo: el 40% de estos están liderados por mujeres.
Geográficamente, los departamentos con más altos porcentajes de población que se identifica como campesina son Vichada (67,6 %), Nariño (63,3 %) y Chocó (62,7 %). En contraste, los departamentos en donde menos porcentaje de la población se identifica como campesina son San Andrés, Providencia y Santa Catalina (1,0 %), Bogotá (3,7 %) y Amazonas (5,2 %).
Una cifra que puede resultar desalentadora es la percepción de pobreza de la población que se identifica como campesina, que alcanzó un 69,7 % a nivel nacional. Vichada (92,1 %), La Guajira (92,0 %) y Chocó (89,1 %) son los departamentos con mayores percepciones de pobreza.
En términos de acceso a la seguridad social, el 97,5 % de personas de 15 años y más que se identifican subjetivamente como campesinas y campesinos manifestaron estar afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud: el 18,6 % en régimen contributivo y el 81,2 % en subsidiado.
En cuanto al Mercado Laboral de la población campesina, para el trimestre móvil marzo – mayo de 2024, el DANE revela que la tasa de desocupación de este grupo poblacional fue del 8,9 %. Los datos muestran una brecha de género significativa: mientras que la tasa de desempleo para los hombres es del 6,8%, para las mujeres alcanza el 13,1 %, Esto es una brecha de 6,3 puntos porcentuales.
La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de la población campesina evidencia que el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca sigue siendo el principal empleador de esta población.
El DANE también publicó los datos para este grupo poblacional de la Encuesta de Cultura Política (ECP). Entre los principales resultados destacan que el 84,7 % de la población campesina se sintió segura al votar en las elecciones presidenciales de 2022. No obstante, persisten barreras para su participación en cargos de elección popular.
Las razones principales por las cuales la población campesina cree que no hay una mayor participación en cargos de elección popular fueron, en su orden: por falta de respaldo de movimientos y partidos polítisos (37,1 %), por discriminación (31,8 %), por falta de confianza en sí mismos (19,1 %), por amenazas o riesgos a su integridad (7,5 %) y no sabe / no informa (4,5 %).
Los resultados de la ECP muestra que la percepción de la población campesina sobre la democracia ha mejorado desde 2019, pues los porcentajes de quienes tienen la percepción de que el país no es es democrático han disminuido: 12,9 % (2019), 17,2 % (2021) y 6,8 % (2023). También es notable que el 64,5 % de esta población considera que su voz es poco o nada tenida en cuenta por el gobierno de turno.
Las zoonosis son enfermedades infecciosas transmitidas de animales a personas. La transmisión se produce de manera mayoritaria por vía directa, es decir, por contacto con los propios animales. Aunque, las infecciones pueden llegar también por vía indirecta, generalmente a través de insectos, arañas y otros artrópodos, como las garrapatas o las pulgas o mediante los alimentos, el agua o el medio ambiente.
Son responsables por 2.400 millones de casos de enfermedades humanas. Por tanto, mecanismos de prevención como la bioseguridad o la vacunación de los animales son herramientas indispensables para reducir el riesgo de contagio. Incluso algunas zoonosis, como la rabia, se pueden prevenir al 100% mediante la vacunación.
De los 1.415 patógenos humanos conocidos, 863 son compartidos con los animales. Además, el 75% de las enfermedades emergentes, como el Ébola, el VIH o el Covid-19, tuvieron origen en un reservorio animal.
Las enfermedades zoonóticas no sólo representan un grave problema de salud pública, sino que tienen también un gran impacto socioeconómico, ya que afectan a la producción y el comercio de productos de origen animal destinados a la alimentación y otros usos. Más del 20% de las pérdidas en la producción animal a nivel global se deben a enfermedades animales.
El aumento de la propagación de las zoonosis puede estar, en parte, relacionado a la modernización de las prácticas agrícolas, particularmente en las regiones más vulnerables; a la destrucción del hábitat; la deforestación; el cambio climático y consecuentemente a un mayor contacto entre humanos y animales, incluyendo los silvestres.
La salud de los animales, de las personas y del medio ambiente son interdependientes y están vinculados. Por este motivo, las enfermedades zoonóticas deben abordarse de manera global, interdisciplinar e integrada desde el enfoque de «Una sola Salud», con la intervención y colaboración de equipos profesionales de salud pública, animal y ambiental.
Existen más de 200 zoonosis en el mundo
La rabia, la brucelosis, la hidatidosis, la encefalitis equina, la gripe aviar, la tuberculosis y la leishmaniasis visceral son algunas de las más de 200 zoonosis conocidas, y afectan tanto a animales salvajes como a animales de producción -bovinos, caprinos, porcinos, aves- y también a los animales de compañía como gatos y perros.
La brucelosis está entre las zoonosis más desatendidas. Con una tasa de notificación especialmente baja en humanos, su incidencia es 5 veces mayor que la reportada oficialmente (OMS 2015). Frecuentemente poco conocida por los profesionales de la salud, es subdiagnosticada y, por ende, posee bajas tasas de notificación. Aunque la tasa de mortalidad en humanos es reducida, la enfermedad puede provocar discapacidad grave en las personas afectadas, con un importante impacto en la salud pública.
Las Embajadas europeas se reunieron este martes 2 de julio en la Residencia de Suecia con líderes y lideresas sociales de todo el país. El encuentro contó también con la participación de representantes del Gobierno colombiano y del nuevo Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Olof Skoog. Reafirmando el apoyo europeo al trabajo de las defensoras y los defensores, reconociendo su gran valentía y sus aportes indispensables a la paz y la democracia.
El encuentro permitió a las Embajadas europeas y al Gobierno Nacional escuchar las recomendaciones de las personas defensoras de derechos humanos provenientes de regiones como Antioquia, Bolívar, Cauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, para avanzar conjuntamente en la búsqueda de soluciones que lleven a mejorar las situaciones que enfrentan líderes y lideresas en sus territorios. Las Embajadas, el Gobierno y las personas defensoras intercambiaron alrededor de los riesgos que enfrenta el liderazgo social en la defensa del territorio, la superación de la impunidad y las garantías para la participación. Como producto de estos espacios de discusión, surgieron propuestas de trabajo conjunto por la protección de quienes defienden los derechos humanos en Colombia.
La campaña #DefendamosLaVida nació en 2019, en reacción a la preocupante situación de violencia recurrente y selectiva en contra de líderes y lideresas sociales en el país. Las embajadas europeas decidieron hacer más visible su apoyo a las personas defensoras amplificando su voz, uniendo su trabajo y coordinando acciones de visibilización y protección bajo la sombrilla de la campaña. A lo largo de estos cinco años, defensores y defensoras han aprovechado la mano tendida de las Embajadas para acompañarles en los momentos más importantes y más complejos de sus luchas, en Bogotá y en sus territorios.
“En Colombia y muchos otros países del mundo, la labor de las personas defensoras de derechos humanos es de muy alto riesgo, generando intimidaciones, persecuciones, ataques violentos y hasta asesinatos. De la mano de la sociedad civil y el Gobierno colombiano, la campaña #DefendamosLaVida acompaña a quienes levantan la voz en defensa de sus comunidades, de la naturaleza y de nuestros valores comunes. Hacemos eco de sus voces, combatimos la estigmatización de sus luchas, les respaldamos y exigimos su protección”, dijo el Embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand.
«Desde Suecia, el tema de Derechos Humanos ha sido siempre una prioridad en nuestra relación bilateral con Colombia. Hacer equipo con las demás Embajadas ayuda a amplificar el trabajo de todas y todos. La campaña #DefendamosLaVida es una oportunidad para seguir profundizando el compromiso de Suecia, la Unión Europea y sus Estados Miembros presentes en Colombia, Suiza y Noruega con la defensa de los Derechos Humanos y la democracia en el país», menciona Helena Storm, Embajadora de Suecia en Colombia.
En seis municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ubicados al suroccidente del país, se implementa un proyecto de restauración ecológica que busca proteger el bosque y los servicios ecosistémicos que este ofrece en el Alto Patía.
La iniciativa es liderada por la Asociación Supradepartamental de Municipios de la Región del Alto Patía (Asopatía) en área rural de Argelia, Balboa, Mercaderes, Leiva, El Rosario y Policarpa, municipios ubicados en los departamentos de Cauca y Nariño.
Este proyecto pionero busca recuperar áreas boscosas en zonas de recarga hídrica, esenciales para el equilibrio del ecosistema local. Por este motivo, se contempla la siembra de más de 462 mil árboles de 38 especies nativas, destacándose el guayacán, el arrayan, el palo-fierro, el cedro rosado, el guásimo, el carbonero, el nogal cafetero, el fresno, el nacedero, el roble, el granadillo, el pino, el sauce y el madroño, entre otros.
La inversión supera los $6.616 millones, de los cuales el Programa Colombia Sostenible, una iniciativa del Fondo Colombia en Paz y el Banco Interamericano de Desarrollo, aporta $4.653 millones que son invertidos en capacitación y acompañamiento técnico, así como insumos, materiales y herramientas necesarias para que Asopatía lleve a cabo la restauración de 442,27 hectáreas (ha) de bosque.
El proyecto contempla una contrapartida local en especie por $1.963 millones, representada principalmente en la mano de obra de 143 familias campesinas, indígenas, afrocolombianas y víctimas del conflicto pertenecientes a Asopatía que se benefician de forma directa con la intervención.
La iniciativa promete transformar la región al promover acciones para conservar su riqueza natural, reportando los siguientes avances a la fecha:
El aislamiento de 35 hectáreas de bosque para su restauración pasiva. En toda la vida del proyecto se estiman 80 kilómetros de aislamiento.
Diagnóstico, zonificación y diseños florísticos de las tres áreas definidas en el proyecto.
Gestiones con la Red Colombiana de Restauración Ecológica para la constitución de la Red Nodo Patía.
Procesos administrativos para la adquisición de insumos, materiales y equipos.
Talleres de concientización sobre la importancia de proteger el bosque y sus servicios ecosistémicos.
Este proyecto no solo representa un paso hacia la recuperación ambiental, sino que también fomenta una conciencia colectiva sobre la importancia de la restauración activa y pasiva de los bosques estratégicos ubicados en zonas afectadas por el conflicto, la pobreza y la desigualdad.
El Equipo de País de las Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia firman en Bogotá, el 19 de junio de 2024, el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2024-2027. El acuerdo guiará el trabajo mancomunado de las instituciones y las agencias fondos y programas de la ONU en Colombia, en colaboración con la sociedad civil, el sector privado, la academia, las comunidades y la comunidad internacional, para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás.
Dicho Marco, se centrará en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, y en la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo principio rector ‘no dejar a nadie atrás’ es la base sobre la cual se llegará a los territorios y poblaciones más vulnerables del país.
Asimismo, este Marco se encuentra alineado con el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC), mecanismo encargado de coordinar la cooperación otorgada y recibida por Colombia y que se posiciona como la guía para los distintos instrumentos y actores de la cooperación.
«Este Marco es evidencia del compromiso de Colombia de fortalecer una política exterior anclada en la multilateralidad. Una política exterior basada en la paz, la protección de la biodiversidad, la garantía de la dignidad humana, la profundización de la democracia, la justicia social y la diplomacia de los pueblos», destacó el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo.
Consolidación de la paz total, la seguridad humana y la justicia social. – Con el principal objetivo de apoyar al Gobierno en el cierre de brechas y en el acceso a derechos de las personas más afectadas por el conflicto armado a través de la generación de oportunidades de participación e inclusión socioeconómica, para el sostenimiento de la paz territorial y la justicia social.
Derecho humano a la alimentación, desarrollo rural, ordenamiento territorial y agua. – El Equipo de País de la ONU y el Gobierno se unen para que Colombia avance en garantizar el derecho humano a la alimentación, en particular la reducción del hambre y la malnutrición, así como en el ordenamiento del territorio alrededor del agua, a través de la transformación, ocupación y uso del territorio, la adaptación y la sostenibilidad, permitiendo el cierre de las brechas en el acceso a agua potable y saneamiento básico.
Protección social e inclusión socioeconómica, con énfasis en poblaciones en situación de vulnerabilidad, migrantes y refugiados. – Este compromiso conjunto entre el Equipo de País de la ONU y el Gobierno sienta las bases para que el país avance hacia el goce efectivo de derechos a través de bienes y servicios que garanticen la igualdad y la equidad social y productiva.
Medio ambiente, acción climática y la transición energética limpia y justa. – El Equipo de País de la ONU apoyará al Gobierno para avanzar en la adaptación y mitigación de los efectos de la triple crisis planetaria (cambio climático, pérdida y degradación de la biodiversidad, y contaminación). Así como, en la implementación de una transición energética justa, apalancada en el uso eficiente de la energía y de las fuentes no convencionales renovables, impulsando las alternativas de reindustrialización, la generación de nuevos empleos y el cierre de brechas energéticas.
Habilitadores de la Agenda 2030. – Con la firma del Marco, se espera que para 2027 el Estado colombiano habrá mejorado su capacidad de monitoreo e implementación de la Agenda 2030 a través de sistemas de información y gestión de conocimiento más eficientes, una movilización de recursos con nuevas fuentes de financiamiento y estrategias eficaces para la incorporación de enfoques diferenciales, de género y de derechos, en las iniciativas de desarrollo sostenible.
En la construcción del Marco de Cooperación, y la definición de sus prioridades, se tomaron como guías el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia, junto con los diálogos regionales vinculantes, una serie de consultas con instituciones, y el trabajo mancomunado de las agencias fondos y programas y algunos de sus socios de la sociedad civil.
Aspectos importantes de este documento son una visión de transformación para garantizar el goce efectivo de derechos de los más dejados atrás, un enfoque de derechos humanos que busca impulsar la transversalización minuciosa de los derechos humanos, la igualdad de género y de movilidad humana, un enfoque territorial con planes interagenciales territoriales que articulen el trabajo de las agencias, fondos y programas para lograr impactos a escala, y una gobernanza renovada en línea con el Sistema de Cooperación Internacional impulsado por Colombia.
Fuentes: Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia – FAO Colombia
En las profundidades de la Amazonía colombiana, en el municipio de Leguízamo, se encuentra Yarinal, un cabildo indígena perteneciente al pueblo Murui. Desde su fundación el 27 de septiembre de 1994, esta comunidad ha sido un bastión de la cultura ancestral, arraigada en los principios sagrados de la fe, la familia, el territorio y la cultura.
Sin embargo en los últimos años, Yarinal ha enfrentado un desafío monumental: el ocaso de la generación fundadora. El fortalecimiento de algunos abuelos ha llevado consigo la pérdida de invaluables conocimientos y habilidades ancestrales. Entre los legados extraviados se encuentran liderazgos, artesanías, prácticas de supervivencia y métodos de caza, esenciales para la subsistencia y la identidad cultural del pueblo Murui.
Ante esta encrucijada, la nueva generación de comuneros de Yarinal ha asumido el desafío con valentía y determinación. Inspirados por prácticas milenarias, como el mambeo y el uso ceremonial de plantas sagradas como el tabaco y la coca, así como la veneración de alimentos como la yuca dulce, han emprendido un ambicioso proyecto de revitalización cultural.
En el período comprendido entre 2012 y 2020, estas iniciativas cobraron forma con la elaboración y puesta en práctica del «Plan de Vida Einamaki Wai Jenuano». Este plan, cuyo nombre evoca la búsqueda de la huella ancestral, tiene como objetivo primordial conservar los usos y costumbres del territorio y su biodiversidad amazónica.
Con este propósito, la comunidad de Yarinal ha emprendido una serie de acciones concretas. Desde la promoción de actividades culturales hasta la revitalización de técnicas ancestrales de agricultura sostenible, el Plan de Vida Einamaki Wai Jenuano se erige como un faro de esperanza en medio de la oscuridad del olvido.
El compromiso de esta nueva generación de comuneros no solo busca preservar la riqueza cultural y ambiental de su territorio, sino también transmitir estos conocimientos a las futuras generaciones. En un mundo cada vez más dominado por la modernidad, Yarinal emerge como un oasis de tradición y resiliencia, recordándonos la importancia vital de honrar nuestras raíces ancestrales en el camino hacia el futuro.
Yarinal, el hogar del pueblo Murui, se levanta como un testimonio viviente de la lucha por preservar la identidad cultural y la biodiversidad en la Amazonía colombiana. Su historia, marcada por la resistencia y la renovación, nos invita a reflexionar sobre el valor inestimable de nuestra herencia ancestral y el deber moral de protegerla para las generaciones venideras.
Escrito por: Organización Yarinal, Conservando la Vida en el Territorio Amazónico
