Campesinos manifiestan que las hidroeléctricas son una amenaza latente contra la biodiversidad y la permanencia en el territorio: rompen su relación con los ríos, con la tierra, y en general fracturan las comunidades.
Las labores agrícolas dependen del agua y la tierra, de ahí que la protección y conservación de la misma, sea una lucha constante de los campesinos contra las empresas que desarrollan este tipo de megaproyectos.
Aunque las hidroeléctricas se construyen con el discurso de la “generación de energía limpia”, contrario a esto, los embalses han sido cuestionados por las comunidades por sus impactos sociales, económicos y ambientales. (Le puede interesar: Cajarmarca dijo NO a acividades mineras)
Hidroeléctricas contaminan más de lo pensado
Estudios realizados por el Instituto de ciencias del clima (IC3) y el Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas (INPA) en Brasil, ponen en tela de juicio que las hidroeléctricas generan “energía limpia”. Aseguran que la emisión de metano que ocasionan, es contraproducente si lo que se busca es combatir el cambio climático.
Por otra parte, investigaciones publicados por la revista científica ‘Science’, afirman que los estudios socioambientales que adelantan los gobiernos y las empresas no son suficientes para evitar las afectaciones para la flora y la fauna.
Es el caso del río Amazonas que cuenta con más de 2.300 especies de animales que albergan el 17% de especies en todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad la pérdida de fauna es impactante. La variedad de peces cada vez es más reducida debido la implementación de micro proyectos hidroeléctricos.
Asimismo, cabe resaltar el caso de la tan nombrada por esto días, Hidroituango, donde Empresas Públicas de Medellín, taló 4.500 hectáreas de bosque seco tropical. Una especie de bosque en peligro a nivel mundial, y en donde habitaban toda especie de animales que terminaron siendo víctimas de dicha tala para llenar el embalse.
Las denuncias sobre violaciones a derechos humanos
Desde diferentes organizaciones sociales y ambientales se ha denunciado que tanto el gobierno como las empresas no les cumplen las promesas que se establecen cuando se emprenden estos proyectos, y en cambio se genera toda una serie de violaciones a los derechos de las comunidades.
Campesinos, afros e indígenas aseguran que el gobierno ha dejado de priorizar el bienestar de la sociedad, por obtener recursos económicos generados por las hidroeléctricas, que en su mayoría son propiedad de privados. (Le puede interesar: La represa que daña los cultivos)
En ese sentido, se han señalado múltiples formas de intimidar a las comunidades, tales como desalojos forzosos y asesinatos a líderes sociales y ambientalistas que han buscado impedir estos proyectos. Por ejemplo, según el Movimiento Ríos Vivos de Antioquia, en el trascurso del desarrollo del proyecto, han sido desalojadas forzadamente más de 500 familias.
Otro ejemplo, es la denuncia del Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí en 2016. Para ese entonces, como lo evidenció el medio Contagio Radio, se alertó de que 20 familias asentadas aguas abajo de la represa Hidrosogamoso, tuvieron que abandonar sus hogares pues la empresa Isagen ordenó la apertura de compuertas ocasionando grandes inundaciones.
A esto se suma el asesinato de líderes sociales que se oponen a estos proyectos. Por ejemplo, en las últimas semanas se supo sobre los crímenes cometidos contra Hugo Albeiro George Pérez y Luis Alberto Torres Montoya. Ambos líderes sociales del municipio de Puerto Valdivia e integrantes del Movimiento Ríos Vivos que se oponían a Hidroituango.
Familiares de los difuntos señalan que no es coincidencia que días después de haber marchado en contra del proyecto “Hidroituango”, se haya cometido los crímenes.
Cabe resaltar, que de acuerdo con el más reciente informe de Global Witness, en 2016 Colombia fue el segundo país más peligroso para los líderes ambientalistas. En todo el mundo se presentaron siete asesinatos de personas que protestaban contra el desarrollo de represas.
Impactos económicos
Las inundaciones que deben realizarse para llenar los embalses, generan graves pérdidas económicas para las comunidades.
Tal es el caso de lo sucedido en el proyecto El Quimbo en Huila, donde, según aseguraron el 2016 las comunidades aledañas a la río Magdalena, tras la reapertura de la hidroeléctrica, la biomasa presente en el embalse contaminó las agua acabando con el 100% de la pesca artesanal, dejando en la miseria a 3.500 familias que vivían de esa actividad, como en su momento lo publicó Contagio Radio.
“Miles de familias quedaron en la pobreza absoluta porque se destruyó el 100% de la pesca artesanal, había 42 especies de peces, hoy no está quedando nada… El Quimbo destruye la vida y el empleo”, expresaba Miller Dussán, integrante de la organización Asoquimbo.
Por su parte, a inicios de 2017, en el proyecto Hidrosogamoso en Santander, las comunidades manifestaron que la puesta en marcha de la hidroeléctrica provocó desarraigo de los campesinos y de sus modos de subsistencia como los son la pesca y la agricultura.
A esta situación se sumaron los diferentes incumplimientos por parte de ISAGEN-Brokfield, hacia la comunidad, con la que se habían comprometido a iniciar proyectos productivos, la entrega de predios aptos para la producción agropecuaria y para el ejercicio de la actividad pesquera.
Por: Angelline Molina. Estudiante de Comunicación Social.
Editor: Mónica Lozano – Periodista y Editora.
