El seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo, a través de visitas recientes de la Defensora y el Vicedefensor, evidenció que el conflicto armado sigue generando graves afectaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones, confinamientos y desplazamientos forzados. Ante esta situación, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó agilizar las acciones que permitan, con apoyo de la Fuerza Pública, recuperar los cuerpos de personas desaparecidas desde abril.
Uno de los llamados más urgentes es el que hace la Defensoría a los grupos armados que operan en la zona, de permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Hasta el momento, y pese a los anuncios de la Unidad para las Víctimas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), no se ha logrado ingresar alimentos, bienes y servicios básicos a las comunidades más afectadas, quienes además de la violencia, enfrentan los estragos de recientes inundaciones.
Comunidades en riesgo
Las zonas más afectadas abarcan amplias áreas de los municipios de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno. Entre ellas se encuentran veredas como Alto Cachicamo, Caño Tigre, Las Colinas, Puerto Cachicamo y La Argentina, así como resguardos indígenas como Guayabero, Sikuani, y especialmente el Nukak, en riesgo de extinción física y cultural.
La situación es particularmente grave para los pueblos indígenas Nükak y Jiw. Las mujeres y niñas de estas comunidades han sido víctimas persistentes de violencia y explotación sexual, lo que llevó a la Defensoría a activar rutas de coordinación con la Fiscalía y otras entidades nacionales y territoriales. Se esperan medidas estructurales de protección efectiva, conforme al seguimiento realizado por la Corte Constitucional.
Áreas bajo amenaza
La Alerta Temprana identificó con precisión como las más críticas estas zonas del departamento:
San José del Guaviare: veredas circundantes al río Guayabero, como Caño Flauta, El Capricho, Mirolindo y Triunfo Dos.
Calamar: límites con La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá); veredas como La Cristalina, San Miguel y Termales.
El Retorno: rutas estratégicas hacia el río Inírida; veredas como Santa Bárbara, La Conquista y Caño Barroso.
Estas zonas no solo son escenario de disputas armadas, sino también de aislamiento forzado de las comunidades, lo que afecta su acceso a salud, educación y seguridad alimentaria.
Un llamado urgente
La Defensoría del Pueblo reiteró su compromiso de acompañamiento a las autoridades locales y a las comunidades del Guaviare. Sin embargo, advirtió que se requieren medidas inmediatas, coordinadas y sostenidas por parte del Gobierno nacional, organismos humanitarios y de la justicia, en general, para evitar una catástrofe mayor.
Mientras tanto, las comunidades del Guaviare esperan la presencia real del Estado y acciones que garanticen su protección, dignidad y derechos fundamentales. La violencia persiste, y sus consecuencias humanitarias son cada vez más profundas.
