El viernes 16 de abril del presente año, se llevó a cabo el foro virtual “¿Cómo defender a líderes y lideresas sociales en el Cauca?”, organizado por Alianza por la Solidaridad Member of Actionaid y Acción Cultural Popular (ACPO). En el marco de la situación de peligro que atraviesan estos defensores de los derechos humanos en el departamento, debido al recrudecimiento del conflicto armado y las economías ilegales como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.
“La realidad demuestra que son escasas las garantías que tienen los líderes sociales para cumplir con su tarea. Sufriendo todavía amenazas, persecución y asesinatos a lo largo de todo el país. Cauca en concreto ocupa el primer lugar con 226 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre noviembre del 2016 y Julio del 2020”, aseguró Marta Trejo, voluntaria de comunicación de Alianza por la Solidaridad Member of Actionaid y moderadora del evento.
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Este foro tuvo como objetivo principal tender un puente entre las voces civiles y la institucionalidad, para reflexionar sobre las necesidades y dificultades de los líderes y lideresas sociales del Cauca, sus dificultades, así mismo sobre cómo fortalecer las capacidades de protección. Para su desarrollo se contó con la participación de Rossana Mejía Caicedo, consejera mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y Nilson A Liz Marín; miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional de Usuarios campesinos, en representación de las voces civiles.
Y con la Defensoría del Pueblo, mediante Daniel Eduardo Molano; defensor regional Cauca, Elisabeth Escobar; Coordinadora de alertas tempranas del departamento Igualmente, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, en vocería de Nasly Lucumi Díaz; procuradora provincial de Santander de Quilichao.
Salvaguardar a los líderes y lideresas sociales del Cauca
La discusión giró en torno a tres ejes fundamentales: primero, la percepción de la situación de seguridad de los líderes y lideresas sociales del departamento; segundo, la rutas, medidas y acciones institucionales que existen para la protección de esta población, y tercero, un debate entre los actores para identificar compromisos efectivos que garanticen la seguridad y la vida de los defensores de derechos humanos.
Nilson A Liz Marín, durante su intervención hizo énfasis en la escasez de políticas públicas que permitan satisfacer las necesidades de las comunidades en materia de seguridad, salud y educación. Así mismo, criticó la falta de presencia del estado en el territorio y la falta de garantías para la protección de la población civil.
“No tenemos libertad, el tema de la disputa por el narcotráfico, minería ilegal, pero también la disputa del territorio que hoy tienen los actores armados; ahora hacen que tengamos que pedir permiso para movernos en nuestro propio territorio y no hay presencia del Estado, no hay seguridad por parte del Estado”, agregó Marín
Por su parte, la consejera Rossana Mejía Caicedo, explicó que han tomado medidas de autoprotección con el apoyo de la Guardia Cimarrona, considerada un un mecanismo de auto-cuidado y protección de la ancestralidad, para defensa del territorio, pero estas no son reconocidas como medidas efectivas por entes como el Ministerio del Interior.
Las entidades encargadas de la protección de estos líderes y lideresas sociales, coincidieron en reconocer que la situación del departamento se ha venido incrementando y que a pesar de su gestión hacen falta acciones encaminadas a legislar por la vida, seguridad e integridad de estos actores que consideran fundamentales para la interacción entre la sociedad y la institucionalidad.
“Nosotros como institución siempre hemos estado expectantes de esto. En nuestro sentir hace falta una verdadera política estatal, la presencia del Estado en estas zonas donde son amenazados nuestros líderes, pero una presencia no solamente enfocada a lo militar. Faltan políticas de educación, de salud, de bienestar, es decir componer el tejido social”. aseguró, el defensor regional Daniel Eduardo Molano.
La discusión final, se dio alrededor de los retos y compromisos que enfrentan las organizaciones civiles y la institucionalidad en materia de seguridad para esta población. Nasli Lucumí Díaz, procuradora, al respecto aseguró que uno de los retos más importantes es “que la institucionalidad se fortalezca y en ese sentido pueda tener oídos sensibles, pero además la capacidad institucional madura para dar respuesta a la realidad territorial”.
Si desea ver el foro completo, puede hacerlo ingresando al siguiente link: “¿Cómo defender a líderes y lideresas sociales en el Cauca?”
Por: Ivania Alejandra Aroca Gaona – Periodista.
Editor: Karina Porras Niño. Periodista – Editora.
