La discusión sobre la reforma tributaria se ha centrado en el aumento del IVA del 16 al 19%, pero poco se ha dicho sobre otras sorpresas que causarán un mayor impacto sobre el bolsillo de los colombianos. Algunas se traducen en un desincentivo a las futuras inversiones, y precios más altos para bienes tan importantes como software para computadores.
Por: Armando Pérez Bernal – Experto tributarista & Juan Carlos Pérez Bernal – Miembro Consejo Editorial El Campesino y docente Universidad Sergio Arboleda
En cuanto al aumento del IVA, lo más grave no es que suba tres puntos porcentuales, sino que se amplíe la base. Es decir, que se le aplique este impuesto a bienes que no tenían IVA. Así se desprende de comparar la legislación tributaria y la propuesta que cursa en el Congreso. En efecto, el gobierno busca modificar el artículo 420 del Estatuto Tributario. Esto significa que en la práctica, bienes intangibles que hoy no están gravados, pasarían a estarlo una vez se apruebe la reforma tributaria.
Por ejemplo, esto ocurrirá con la venta de un programa para computador que es diferente a la licencia para usarlo. Otra sorpresa que nos encontramos, es en la ampliación del plazo para lo que se conoce técnicamente como ‘el cierre’ de la declaración de renta. (Lea: Clase media ¿la más afectada con la reforma tributaria?)
En la actualidad, las declaraciones, por regla general, quedan cerradas para revisión por parte de la DIAN dos años después del vencimiento para declarar. Durante ese período, la entidad puede revisarlas y, si encuentra inconsistencias, tiene la facultad de proponer modificaciones y aplicar sanciones por inexactitud de hasta «el 160% del mayor impuesto determinado” por la misma DIAN, además de los respectivos intereses de mora.
Ahora la propuesta es aumentar el plazo de firmeza de las declaraciones por norma general a tres años y, en casos especiales, hasta seis y ocho años.
Para dimensionar el impacto que puede tener una reforma tributaria como esta, imaginémonos lo que ocurrirá si a la DIAN le da por notificarle un requerimiento especial a un contribuyente el último día del año quinto. ¿Cuánto puede costar una decisión de esa naturaleza?
Lo cierto es que ello representa inseguridad para los contribuyentes sujetos al llamado ‘régimen de precios de transferencia’. Así mismo, se puede traducir en un castigo para aquellos que han tenido un revés o pérdida en sus negocios, pues ahora deberán pagar una suma adicional. (Lea: Siguen bajando los precios de los alimentos)
Lo más grave es que conocidos los trámites administrativos y jurídicos de nuestro país, fácilmente una declaración abierta por tanto tiempo puede significar incertidumbre durante 10 años o más. Si tenemos en cuenta el tiempo de discusión, primero en la llamada “vía gubernativa”, es decir, ante la misma DIAN, hasta la última instancia en la vía jurisdiccional.
En esas condiciones es difícil aceptar que la propuesta del gobierno se pueda calificar como una “reforma tributaria estructural”.
