“Los ideólogos de estas reformas siguen siendo los mismos sectores económicos. El campesino es una palabra que no existe en las últimas reformas (…) En cambio este proyecto solo beneficiará económicamente al sector agroindustrial y extractivista», dijo Jhenifer Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), criticando la propuesta del Gobierno sobre la Ley de Tierras, que ya empieza su camino en el Congreso de la República.
Se trata de un proyecto de ley con el que se había comprometido el Gobierno colombiano, tras la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, podrá desarrollar una capacidad de gestión, control y claridad sobre los terrenos baldíos de la Nación, y de esta manera, hacer efectivo el cumplimiento de la función social de la propiedad en el campo.
No obstante, la propuesta del gobierno ya cuenta con duras críticas e interrogantes, aunque las entidades gubernamentales aseguren haber realizado varias consultas previas con diferentes comunidades durante 10 meses.
En el texto del acuerdo se plantea que «el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción, tales como la agricultura campesina, familiar y comunitaria, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala, el sector minero energético, vivienda, infraestructura y servicios públicos, orientado a la generación de capacidades, la competitividad y el fomento de la productividad».
Para Mojica, el documento presentado por el Gobierno planeta varios problemas. Además de que se deja a un lado a los campesino, se cambia drásticamente el significado de ‘campo’, con el fin de atender los intereses de los sectores económicos y las multinacionales. «Trabajador rural es el que trabaja en el campo. Ahora, ¿qué es el campo?. Esto es parte de lo que también cambia este proyecto de ley».
Dichas críticas se dieron a conocer este jueves en el marco del foro “Nueva Ley de Tierras: perspectivas para el campo colombiano”, un espacio en el que comunidades campesinas, organizaciones regionales, académicos y algunos congresistas, estudiaron la nueva Ley de Tierras. Allí se dio lugar a un debate público, en el que se concluyó que dicha ley no cumple con el deber que tiene el Estado frente a la reforma agraria, con la que se debería garantizar el acceso a la tierra para las poblaciones rurales.
Así fue el debate
El evento que contó con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular y Lutheran World Relief se centró en tres perspectivas: el Proyecto de Reforma a la Ley 160 y su relación con las políticas de Reforma Agraria y Desarrollo Rural; los mecanismos de acceso a tierras y ordenamiento productivo, social y ambiental en la ruralidad; y por último, las perspectivas políticas sobre el Proyecto de Reforma a la Ley y Desarrollo Rural.
En medio de esas discusiones, la subdirectora de la CCJ, criticó que Colombia sigue sin valorar el trabajo del campesinado. A su vez, señaló que la puesta en marcha de esta ley va a afectar la disponibilidad de tierras para la agricultura colombiana.
Por su parte, Mauricio Meza, líder ambiental y defensor del Páramo de Santurbán, denunció que “los campesinos vienen siendo despojados y desplazados por los mega proyectos, por la conformación de área protegidas en Colombia. Del articulado de esta nueva Ley, el único artículo que está claro es el número 25, que habla del extractivismo para las empresas mineras y las petroleras”.
Dicho artículo titulado, «Áreas inadjudicables por aprovechamiento de recursos naturales no renovables», señala que las tierras que no podrán ser adjudicadas a los campesinos, serán los terrenos baldíos reservados por la Agencia Nacional de Tierras, en las zonas donde se adelanten proyectos extractivos.
Ante ese artículo, las comunidades campesinas se muestran intranquilas, ya que aseguran que el proyecto de ley le daría un aval a multinacionales y empresas privadas, para usar tierras baldías y así poder desarrollar la explotación de recursos no renovables.
Temas que aborda la nueva Ley de Tierras
Este estatuto contempla temas de caducidad agraria, adjudicación de tierras, administración de tierras baldías y extinción de dominio que tramitará el Congreso. Asimismo, el compendio también contaría con una reforma a la acumulación de terrenos improductivos y baldíos, y de los procesos en donde podría darse lugar a expropiaciones.
En lo que respecta a entrega de terrenos, la ley daría acceso libre para que la ANT conceda –solo por una vez–, baldíos a una unidad agrícola familiar (UAF), pero aplicaría únicamente a quienes demuestren que ocuparon el baldío antes del 3 de agosto de 1994 de forma pacífica y que estos terrenos sean productivos.
La nueva ley es el resultado de un trabajo realizado por parte de equipos técnicos y jurídicos del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y Presidencia de la República.
Por: Andrés Neira. Periodista.
Editor: Mónica Lozano. Periodista – Editora.
