Café certificado, trabajo invisible
A pesar de las etiquetas de sostenibilidad, las fincas visitadas en Antioquia y Huila —entre ellas La Arboleda, Los Naranjos y La Siberia— mostraron una realidad muy distinta. Literas hacinadas, baños sin duchas, cocinas improvisadas y ausencia total de contratos formales caracterizan las condiciones en que viven y trabajan miles de recolectores, muchos de ellos migrantes venezolanos y campesinos andariegos que recorren el país en busca de trabajo.
Según cifras de la OIT, más del 80% de los trabajadores de la cosecha cafetera en Colombia son informales. Esto significa que carecen de seguridad social, protección ante accidentes y acceso a pensión. Como lo expresó Ricardo Carillo, recolector sin contrato que ha trabajado desde los 12 años: “Le pido a Dios que me lleve antes de los 70, porque no quiero terminar como muchos que aún cosechan sin fuerzas ni futuro.”
Certificaciones sin respaldo
Las fincas exhiben sellos como Rainforest Alliance, Fairtrade y C.A.F.E. Practices, pero varias de estas organizaciones negaron que las propiedades estuvieran activamente certificadas al momento de la visita. En algunos casos, los certificados estaban vencidos o eran simplemente placas decorativas. Rainforest Alliance, por ejemplo, reconoció no haber certificado aún la Finca San Fernando y detectó en auditorías pasadas irregularidades laborales en La Arboleda.
Mientras tanto, las empresas exportadoras como Carcafé, Cafexport o Expocafé, y compradores internacionales como NKG, Nestlé y Tchibo, se deslindan de responsabilidades alegando desconocer el origen exacto del grano o la imposibilidad de trazarlo hasta el recolector.
Una jornada sin fin
El trabajo en las fincas cafeteras es extenuante. Las jornadas superan con frecuencia las 10 horas diarias en terrenos empinados y bajo lluvias intensas. En la mayoría de casos, los trabajadores ganan por kilo recolectado en promedio 1.400 pesos y deben cubrir sus propios costos de alimentación, lo que reduce sus ingresos reales.
Aunque algunos pueden alcanzar ingresos mensuales cercanos a los 2,3 millones de pesos en época alta, no hay garantías. Si llueve o se enferman, no hay ingresos. Si se accidentan, no hay cobertura. Y si protestan, no hay contratos que los respalden.
Reforma laboral: oportunidad perdida
La reforma laboral aprobada en junio de 2025 por el Congreso colombiano excluyó los artículos que buscaban crear un contrato agropecuario y formalizar el jornal diario en el campo. La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) reconoció los vacíos legislativos y afirmó que más del 96% de los caficultores tienen menos de cinco hectáreas, lo que los convierte en agricultura familiar. Sin embargo, la informalidad laboral en este sector es un problema estructural que sigue sin respuesta institucional efectiva.
¿Quién responde por esta cadena?
Organismos internacionales como la OIT han propuesto que las empresas compradoras internacionales contribuyan directamente al sistema de seguridad social de los recolectores, a través de un aumento en la contribución al Fondo Nacional del Café; un centavo por libra exportada podría marcar la diferencia. Paola Campuzano, de la OIT, concluye: “Sin protección social, no se puede hablar de sostenibilidad. Y sin sostenibilidad, no hay café ético que valga.”
Mientras el mundo degusta el café colombiano con admiración, sus trabajadores siguen invisibles, atrapados en una cadena de valor que no los valora. La certificación, por sí sola, no basta. La verdadera sostenibilidad empieza en el surco, no en la etiqueta.
