Asimismo, por primera vez en Colombia, se contempla poner en marcha el “Observatorio de Emisoras Comunitarias y comunitarias étnicas”, encargado de monitorear y evaluar el impacto del Servicio de Radiodifusión Sonora Comunitaria en sus comunidades.
Es una fecha clave inscrita en luchas históricas de las radios comunitarias, que se libran con especial intensidad desde la década de los 80, es decir, hace 45 años.
En manos de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes está el futuro de las cerca de 800 emisoras comunitarias que, según el Ministerio de las TIC, son actores fundamentales en la transformación de los territorios, la construcción o reconstrucción del tejido social y de lo que significa ser colombiano.
El proyecto de ley se enfoca en promover y fortalecer las radios comunitarias y étnicas, que realizan y escuchan cerca de 15 millones de colombianas y colombianos, según estima la Federación de Medios Comunitarios (Fedemedios). Y, como lo indica la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, el 78% de la audiencia de este tipo de emisoras está en el campo colombiano.
“Aprobar este proyecto es una necesidad sentida, pues para muchos campesinos es el único medio de comunicación a su alcance. De hecho, es el único que llega a todos los rincones del país”, destacó Juan Guillermo Cano Vargas, integrante del Sistema Radial Comunitario, de Antioquia (ASOREDES).
A esta se unieron voces como las de Junior de La Hoz (Red de Radios Comunitarias de La Guajira); Élver Salcedo (Funkopat, Atlántico); Moisés Montalvo y Roberto Levi (Red del caribe), y Desiré Díaz (Antena Ciudadana, de Bogotá), quienes llegaron al Congreso de la República para insistir en que los medios públicos comunitarios y étnicos tienen derecho a existir, y el Estado colombiano debe garantizar el derecho a la comunicación, como lo contempla el artículo 20 de nuestra Constitución Política.
Un poco de historia
Esta es parte de una lucha que remite a la historia de los altoparlantes en regiones como San Vicente del Caguán, con “La Voz soñada”, que anunciaba megáfono en mano todo tipo de acontecimientos locales, nacionales e internacionales; o al Teatro Andalucía, de Villarrica (Tolima) —que entre los 60 y los 80 cumplió la función de anunciar, promover las películas en “cartelera”, y de poner a correr al pueblo al ritmo de pasodoble, como señal de que la función estaba por comenzar— o, para no ir tan lejos, al “radionoticiero popular de la Localidad de Usme, que impactó y conmovió a finales de los 80. Según lo destacó el periódico El Tiempo en su edición del 4 de agosto de 1991, “comunidad que se organiza es comunidad que progresa. Ahí está la clave para que prosperen proyectos como el de una emisora comunitaria que difunde información por altoparlantes en una zona de estratos bajos y que vive, desde hace 2 años, de una pauta publicitaria que no supera los diez mil pesos”.
Gracias a experiencias y luchas vitales como estas, muchos años después, en 2006, la Corte Constitucional reconoció que la comunicación es un derecho fundamental. Así lo consignó en la sentencia t 460 de ese año, al declarar que las emisoras comunitarias “potencian el desarrollo, la participación, el ejercicio del control político, el autogobierno, la creación de redes de solidaridad y la resolución pacífica de las controversias”.
Así habló entonces la Corte. Y, como diría hoy el recordado Alberto Suaza Lomelíng, “La voz soñada” de San Vicente del Caguán…Ahora el Congreso de la República tiene la palabra.
; Susana Boreal (Colombia Humana) y Cristóbal Caicedo Angulo (Polo Democrático), las entidades públicas deberán aportar el 10% de su presupuesto de comunicación institucional a este tipo de emisoras. Además, el gobierno nacional deberá poner en marcha incentivos tributarios a empresas que patrocinen o donen recursos a estos medios.){kind=link}