La cuestión del acceso y el uso de la tierra sigue sin resolverse, perpetuando el ciclo de la violencia en Colombia, a pesar del proceso de paz iniciado en 2016 para poner fin al conflicto armado colombiano[2]. El Acuerdo de Paz contempla, más allá del alto al fuego entre las partes, la aplicación de importantes reformas que abordan las causas estructurales del conflicto.
Entre estas reformas, un plan agrario (punto 1 del acuerdo, Reforma Rural Integral), que prevé la democratización del acceso a tierra en favor del campesinado afectado y desplazado por el conflicto. Se trata de reformas esenciales dado que Colombia es el país con la distribución de tierras más desigual de América Latina.
Desde 2019, el país ha sido escenario de un aumento exponencial de los asesinatos de representantes de movimientos sociales por parte de grupos paramilitares. Estas ejecuciones están particularmente vinculadas a conflictos por la tierra, los territorios y los recursos naturales: cerca del 80% de los homicidios afectan a líderes sociales de las zonas rurales. Desde la firma del tratado de paz hasta marzo de 2022, más de 1000 personas líderes sociales han sido asesinadas.
Estas masacres se perpetúan con el objetivo de crear un clima de terror en el país, especialmente en las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El objetivo es evitar que las y los líderes sociales cuestionen la política dominante establecida, que favorece el acaparamiento de tierras y el exterminio de la vida campesina y étnica, en beneficio de los intereses del agronegocio.
Desde su fundación en 1976, FENSUAGRO ha sido objeto de persecución política por parte del Estado y de los grupos paramilitares; sus miembros han sido víctimas de múltiples violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el marco del conflicto armado interno de Colombia. Desde 2016, al menos 57 de sus miembros han sido asesinadas/os y 16 líderes de la Federación han sido amenazadas/os.
A pesar de las denuncias y las peticiones de medidas de protección, la mayoría de las solicitudes han sido ignoradas y los abusos continúan. El Gobierno ha sido negligente ante la situación de riesgo y no ha adoptado las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades afectadas.
Ante esta situación, la queja demanda a los mecanismos pertinentes de la ONU que insten al Estado colombiano a poner fin e investigar efectivamente las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de las y los miembros de FENSUAGRO. Debe establecerse una protección efectiva de las y los miembros de FENSUAGRO y, en general, de las personas líderes sociales en Colombia.
Además, se pide a Colombia que implemente una política pública para el desmantelamiento del paramilitarismo y ponga fin a su impunidad. De igual forma, se pide a Colombia respetar e implementar de buena fe las reformas contempladas en el Acuerdo de Paz de 2016, en especial la Reforma Rural Integral, la cual debe aplicarse a la luz de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las y los campesinos, adoptada en 2018.
Por: La Vía Campesina.
