Para familiarizarnos con este decreto es importante saber que desde el 10 de abril de 2018 los pueblos indígenas del país tienen completa autonomía para gobernar sus territorios y decidir qué sucede con ellos. El Decreto  expone que las áreas no municipalizadas de los departamentos  Amazonas, Guainía y Vaupés cuentan con un base normativa para su autonomía administrativa y presupuestal.

Según Gaia Amazonas, una organización que tiene como misión proteger la Amazonía de la mano de los indígenas que la habitan explica que: “más de 18 mil hectáreas que tiene nuestro país existieron por más de 27 años sin entidades político administrativas; esto quiere decir, que el 37% de la Amazonía colombiana se encontraba en un vacío jurídico, ya que a pesar de estar gobernada, conservada, con sistemas de salud y alimentación por los pueblos indígenas, estos no tenían ningún reconocimiento formal por el Estado colombiano”.

La organización también explica que al no tener este reconocimiento formal, estos pueblos a pesar de pertenecer a la nación, no podían ejercer los derechos que les corresponde como colombianos. Con el Decreto estos pueblos tienen el mismo estatus que los municipios.

Le puede interesar: Un año para preservar las lenguas indígenas en peligro de extinción

Historia

Gaia Amazonas, indica que la historia es primordial para entender las circunstancias a las cuales los pueblos indígenas han estado expuestos. Desde el proceso de colonización se violaron todos los derechos humanos, aunque estos no estaban establecidos, es sencillo señalar que estas acciones atentaban contra la vida misma.

El sometimiento constante, los secuestros para adquirir esclavos, la destrucción de sus territorios y la monetización de sus vidas eran solo algunos de los padecimientos a los que estaban enfrentados. Según la organización, tuvieron que pasar 500 años para que existiera una reparación a estas poblaciones y fue hasta 1988 que el Gobierno colombiano devolvió el control a los indígenas sobre sus tierras.

Sin embargo, este control no era suficiente pues al no tener un orden político vigente en el país, no existía un acuerdo con quienes rompían sus normas de convivencia. Esto sucede principalmente con extractores de recursos que asesinan animales importantes para los ecosistemas, al igual, que el daño a la flora en las regiones donde habitan los pueblos ancestrales. 

Con el Decreto 632, se espera que realmente se reconozca la soberanía de los pueblos indígenas ubicados en las regiones del Vaupés, Guainía y Amazonía, para continuar con su modelo de salud, educativo, de preservación y social como siempre se ha constituido; además, realmente contar con la autonomía de decidir frente a lo que sucede con sus territorios; esto en vista a las políticas que han sido dadas de baja y que impiden los derechos que se encontraban constitucionalmente establecidos.

Por: Daimer Fernando Losada Bermeo. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.