Desde el inicio de la década de los noventa se promueven varias herramientas para la conservación ambiental y el apoyo a sectores campesinos en situación de vulnerabilidad.
Por: Periódico El Campesino
Colombia es el segundo país con más especies en el mundo; el primero en diversidad de aves y de orquídeas; el segundo país en diversidad de mariposas, peces, plantas y anfibios; el tercero en diversidad de palmas y repitles; y el cuarto en diversidad de mamíferos. Por eso, es responsabilidad de todos cuidar los recursos naturales de nuestro país.
Dada la importancia ambiental del país se han creado algunas herramientas de iniciativa pública, privada y de origen extranjero, tanto para la nación como para el mundo, que están orientadas a la conservación de las especies y de los ecosistemas estratégicos que se encuentran en riesgo.
Una de estas acciones es la política de familias guardabosques. Según un documento de la Dirección Nacional de Planeación (DNP), el objetivo de esta iniciativa es la generación de procesos productivos para los campesinos habitantes en las zonas de intervención con la finalidad de cuidar los sistemas ecológicos estratégicos. Asimismo, se busca que las familias campesinas puedan ingresar a las economías locales mediante el cuidado de los bosques, evitando la siembra de cultivos ilícitos en las zonas de vital importancia ecológica.
Otra de las herramientas de preservación es el pago por servicios ambientales (PSA), cuyo propósito es que el Estado u organizaciones privadas generen pagos económicos para fomentar el cuidado de los bosques y de los ecosistemas estratégicos, en general. Un ejemplo de esta iniciativa son los proyectos REDD implementados por la USAID, esta iniciativa busca proteger los recursos naturales y al mismo tiempo fomentar la regeneración de los bosques tropicales mediante la evaluación de proyectos y analizando su verídica conservación ecológica, se le paga a los campesinos o las personas que han cuidado correctamente un determinado ecosistema que se encuentre bajo su responsabilidad.
El Estado también hace lo suyo, mediante la presencia y el estudio de los ecosistemas en peligro, además de la medición y la promulgación de leyes y de políticas públicas que le permitan conocer en detalle todos los territorios de los ecosistemas vitales como los páramos, las ciénagas, humedales, entre otros, y que resultan ser vitales para los procesos productivos, en especial para el agro.
