El día 7 de octubre del año 2017, más de 80 autoridades tradicionales Wayuú, líderes indígenas de las comunidades Wiwa y Kankuamos de la Sierra Nevada, Awa del Nariño, campesinos y afro descendientes de las comunidades de Tabaco y Matitas, se dieron cita en el territorio ancestral de Katsaliamana, en la Guajira, Colombia, para celebrar los 300 días de protesta pacífica.
Una movilización que se lleva a cabo al lado de la línea férrea del tren que diariamente transporta las 32 millones de toneladas de carbón al año que la empresa “El Cerrejón” extrae del territorio guajiro, con el auspicio y protección del Estado colombiano.
En el marco de la reunión, las autoridades ancestrales repudiaron la masacre de los nueve campesinos de Tumaco, manifestando el temor y la falta de garantías que los indígenas sienten en la defensa de sus territorios, los acuerdos de La Habana y la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas, afro y campesinas en Colombia.
Un poco de contexto
El movimiento Nación Wayuú nace el 7 de diciembre del 2016 reclamando al estado colombiano el respeto de la consulta previa a las comunidades indígenas, recuperar la autonomía territorial y el retorno del agua como medio fundamental para la independencia alimentaria.
Todos estos factores que les permitan retornar a sus métodos tradicionales de supervivencia y sobrevivencia y parar el asistencialismo del Estado, que ha generado en las comunidades debilidad y vulnerabilidad en sus decisiones.
Ante la crisis social, ambiental y ecológica que viven las comunidades a causa de la alteración de sus métodos tradicionales de vida, provocados por la llegada de las multinacionales y empresas extractoras, no solo El Cerrejón, sino también Chevrón, Promigás, Turkish y Big Group, que paulatinamente han desangrado, y pretenden seguir desangrando los recursos naturales y los territorios que son fuente de subsistencia y supervivencia de las comunidades, estas no han tenido más remedio que exigir ayudas a través de las instituciones del Estado.
Por su parte, las instituciones tampoco han sabido responder a cabalidad con las necesidades de una etnia que se encuentra en peligro de desaparición por toda la transformación social, cultural y económica que ha sufrido debido a la extracción de carbón, gas, petróleo y en un futuro próximo energía eólica.
Todas estas explotaciones debido a medidas económicas y políticas que han violentado sus derechos humanos por los desplazamientos forzados, la contaminación y el agotamiento paulatino de los recursos naturales de los cuales ellos dependen para vivir. Le puede interesar: Inconformidad de indígenas Coconuco por incumplimiento de Minagricultura
Falta de agua afecta a los menores
Las muertes de menores es un problema que azota desde hace varios años al departamento, especialmente por la falta de acceso al agua, lo que a su vez ha vulnerado la seguridad e independencia alimentaria, provocando más de 37.000 casos de desnutrición severa y más de 5.000 niños muertos por esa misma razón, según lo demuestran las cifras de los informes de la Defensoría del Pueblo, y las denuncias de las comunidades indígenas.
Al día de hoy, las comunidades continúan denunciando la falta de agua, deterioro de los recursos naturales, falta de acceso a alimentos y ausencia de una economía sostenible que les permita continuar con sus métodos tradicionales de subsistencia. Todos estos reclamos que llevan varios años, desde la llegada de la mega minería al departamento.
La movilización continuará
Al no haber respuesta por parte del Estado, las autoridades tradicionales deciden mantenerse en la lucha, y es así como han permanecido ya por 300 días resistiendo y reclamando. Le puede interesar: 7 nuevas escuelas serán construidas para comunidades indígenas
Igualmente los líderes denuncian haber recibido varias amenazas, e incluso atentados contra su vida. Además, recibieron en el mes de mayo una “Querella por perturbación a la propiedad privada” exigiendo que abandonaran el territorio ancestral, demanda que no tuvo éxito gracias a la resistencia y perseverancia de los líderes y del apoyo internacional de defensores de derechos humanos.
Por: Olga Mendoza. Organización Kanuliaa Jieru
Editor: Ana María Rizo Díaz. Periodista – Editora
