Una investigación pudo establecer que por la intención de evitar que grupos armados ilegales se quedarán con el Coltán de la Guanía, se criminalizó a los indígenas y colonos dedicados a la minería.
Por: Katherine Vega
Fernando López Vega, antropólogo de la Universidad Nacional realizó una tesis laureada llamada “Coltán: falsa bonanza, restructuración territorial y movilización interétnica”. En ella, según cuenta la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, López afirma que no es mucho lo que se gana con la extracción del Coltán y que por culpa de las políticas para evitar que grupos al margen de la ley se queden con el supuesto mineral, se criminalizó toda la minería, afectando directamente a comunidades indígenas y colonos campesinos.
“Su investigación, desarrollada durante dos años, se resume en cuatro planteamientos: primero, que el coltán no es un mineral, sino una abreviatura de la columbita–tantalita; segundo, que el proceso para extraer tantalio de las rocas es muy complejo como para hacerlo viable y rentable; tercero, que su precio no es comparable con el de elementos como el oro; y, por último, que no hay bases científicas para afirmar que existen grandes cantidades del mineral en esa región”, explica la Agencia de Noticias UN.
Fue en el 2009 donde empezó el boom del llamado mineral, y en el 2012, la resolución 0045 de junio que fue expedida por el Gobierno Nacional estableció una nueva área estratégica de minería en Guainía, Vichada, Vaupés, partes del Guaviare y el Amazonas.
Dicha medida puso en pie un modelo de minería de gran empresa y afectó a más de 200 familias de la cuenca del río Inírida, según la UN, de los resguardos de Remanso, Chorrobocón y Venado.
