Colombia vive en 2025 una de las mayores crisis humanitarias del continente: alberga a cerca de 11 millones de personas forzadas a huir de sus hogares. De ellas, 7 millones son desplazadas internas; 3 millones provienen de Venezuela y medio millón son colombianas que han retornado tras años de exilio. Esta situación, lejos de resolverse, sigue agravándose.
En los últimos dos años, el deterioro se ha hecho más evidente. En 2024, más de 191.000 personas fueron desplazadas por la violencia, y al menos 118.100 vivieron situaciones de confinamiento forzado. En lo corrido de 2025, más de 63.000 personas han huido de sus territorios, con un foco especialmente crítico en el Catatumbo, donde el conflicto armado, la presencia de grupos ilegales y la falta de institucionalidad impiden garantizar derechos básicos.
El desplazamiento ya no es sólo rural; también afecta zonas urbanas, fronterizas y de tránsito. Municipios como Cúcuta, Maicao, Ipiales y Apartadó concentran gran parte de las recepciones. Sin embargo, el 98 % de las personas registradas permanece en el mismo departamento donde fue atendida, lo que indica que muchas no logran avanzar hacia procesos de integración real.
Quiénes son y qué enfrentan
Los datos del sistema PRIMES, al 31 de marzo de 2025, permiten trazar un perfil demográfico: 54 % son mujeres, y el 75 % de los hogares está conformado por 1 a 3 personas. La mayoría se encuentra en edad laboral (entre 15 y 39 años), lo que podría representar una oportunidad si existieran condiciones adecuadas para su inclusión.
No obstante, solo el 36 % cuenta con documentación. Esta barrera les impide acceder a servicios esenciales como salud, educación, justicia o empleo. Además, se han identificado numerosas necesidades específicas de protección, entre ellas:
- Personas sin acceso a atención médica, asistencia o servicios legales.
- Personas con enfermedades crónicas sin tratamiento.
- Personas en situación de pobreza extrema o con múltiples desplazamientos.
En los puntos de atención humanitaria, el 79 % de las personas continúa solicitando información, sobre todo en temas como regularización migratoria, rutas de salud o procesos de solicitud de refugio. Sin embargo, la saturación institucional y la falta de articulación entre entidades dificultan respuestas oportunas y eficaces.
El reto de integrar y proteger
Aunque el panorama es desafiante, las cifras también revelan una oportunidad: la integración efectiva de la población desplazada y migrante puede generar beneficios económicos y sociales significativos.
Estudios del Banco Mundial y ACNUR destacan que los programas de regularización implementados en Colombia han incrementado el consumo per cápita en un 48 % y los ingresos laborales en un 22 %. En 2022, los migrantes venezolanos aportaron USD 529 millones a los ingresos fiscales del país, y se estima que una integración bien gestionada podría generar hasta USD 804 millones adicionales en impuestos.
Más allá del impacto económico, se trata de una apuesta por la cohesión social y la dignidad humana. Integrar no significa únicamente brindar ayuda humanitaria, sino garantizar acceso efectivo a servicios, participación en la vida productiva y reconocimiento como sujetos de derechos.
A pesar del potencial demostrado, los avances siguen siendo desiguales y lentos. Organismos internacionales, como ACNUR, han insistido en la urgencia de consolidar políticas públicas que garanticen acceso a servicios, regularización migratoria, empleo digno y protección efectiva. “Integrar no es solo un acto humanitario, es una apuesta por el desarrollo”, han afirmado en sus llamados más recientes.
