CAR Cundinamarca procede a suspender actividad minera ilegal de carbón para prevenir el deterioro de los recursos naturales.
En operativo realizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR con el apoyo de la Policía Nacional, Dijin, Ejercito y Sijin en la vereda Barrancas del municipio de Suesca; fueron sorprendidas en flagrancia cinco personas que se encontraban realizando explotación de carbón sin el cumplimiento de los requisitos ambientales y en desacato a una medida preventiva de suspensión de actividades que había impuesto la Corporación en el año 2016; ocasionando afectaciones a los recursos naturales.
Durante el operativo, se impuso nuevamente una medida preventiva para suspensión de actividades; lo cual significa que no se puede realizar la explotación de carbón en la mina. Así mismo, la Policía Nacional efectuó la captura de las cinco personas sorprendidas en flagrancia, entre los cuales se encontraba el administrador de la mina; quien además indicó que la producción semanal de una mina ubicada a 170 metros de profundidad, registra aproximadamente 20 toneladas semanales. Por su parte, se realizó el decomiso de un motor eléctrico utilizado para accionar el sistema de malacate, mediante el cual se extraía el material de la mina.
La CAR Cundinamarca pudo evidenciar en el lugar, dos afectaciones concretas al medio ambiente; una de ellas con relación a los suelos (debido a la explotación y extracción subterránea de carbón) y otra afectación a las fuentes hídricas, por cuenta del desvío de una quebrada innominada, afluente del río Checua, lo cual representa graves impactos ambientales; teniendo en cuenta, que la mina se encuentra ubicada en un área de especial importancia ambiental, catalogada como Reserva Forestal y Protectora de la Cuenca Alta del río Bogotá.
Este tipo de acciones, además de impedir que se continúen afectando los recursos naturales, contribuyen con la prevención de situaciones calamitosas para las personas que allí trabajan, quienes por un pago de $25.000 diarios, arriesgan su vida internándose en socavones que superan los 170 metros de profundidad y no cuentan con las condiciones adecuadas de seguridad.
Declaraciones de Camilo Ferrer, Director Jurídico de la Corporación: aquí
