Beneficios que traería la Ley de Compras Públicas de Alimentos para los Productores de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC)

¿Qué es la Ley de Compras Públicas de Alimentos?

La Ley de Compras Públicas de Alimentos establece que todos los programas e instituciones del gobierno nacional que compran alimentos con recursos públicos deben incluir la participación de pequeños productores locales y de la ACFC. Esto significa que en lugar de acudir a las grandes cadenas de abastecimiento, las instituciones deben destinar al menos el 30% de los recursos para comprar alimentos a los agricultores locales.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lidera este proceso. La implementación de la ley involucra la creación de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos, integrada por quince entidades y cuatro organizaciones sociales.

Entidades involucradas en la implementación de la ley

Las entidades que forman parte de la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas Locales de Alimentos son:

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
• Agencia de Desarrollo Rural (ADR) – Ejerce la Secretaría Técnica
• Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura (CONSA)
• Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
• Departamento Nacional de Planeación (DNP) – Colombia Compra Eficiente
• Federación Colombiana de Municipios
• Federación Nacional de Departamentos (FND)
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
• Ministerio de Defensa Nacional
• Ministerio de Educación Nacional – Alimentos para Aprender
• Ministerio del Interior
• Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS)
• Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)

Estas entidades trabajan en conjunto para diseñar estrategias que faciliten la inclusión de los pequeños productores en el mercado de Compras Públicas Locales.

Paso clave para la implementación: el registro de pequeños productores

Uno de los pasos clave para la implementación de esta iniciativa es el registro de los pequeños productores locales y sus organizaciones en la plataforma «Mi Registro Rural» del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Este registro es fundamental para identificar y ubicar a los campesinos, así como para caracterizar la oferta de alimentos, lo que facilitará su inclusión en las compras públicas.

El Gobierno Nacional, a través del MADR y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), está trabajando en el desarrollo de estrategias para dinamizar la Mesa Técnica y tomar las decisiones adecuadas que fomenten la participación activa de la ACFC y de los pequeños productores en las Compras Públicas Locales de Alimentos.

Beneficios para los productores y la comunidad

Una vez que estas medidas comiencen a implementarse, todos salen ganando. Las instituciones contribuyen al crecimiento del sector agrícola, los consumidores tienen acceso a productos frescos y nutritivos, y los productores tienen la oportunidad de mejorar sus ingresos, su calidad de vida y el desarrollo de sus comunidades.

La ley contempla varias herramientas para facilitar la participación de los pequeños productores. Por ejemplo, las instituciones deben elaborar minutas acordes con la producción y cultura alimentaria local. El Gobierno Nacional, a través del INVIMA y en colaboración con las organizaciones sociales, establecerá caracterizaciones de los productos de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. Además, se les pagará a los pequeños productores contra entrega, lo cual es fundamental para su economía familiar.

La Ley de Compras Públicas de Alimentos es una importante iniciativa que busca beneficiar a los productores de Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria en Colombia. A través de la participación de los pequeños productores locales en las compras públicas, se fomenta el desarrollo del sector agrícola, se garantiza el acceso a alimentos frescos y nutritivos para los consumidores y se mejora la calidad de vida de los productores y sus comunidades.

Esta ley representa un compromiso integral por parte del Gobierno Nacional y las instituciones involucradas en la implementación. A medida que se avanza en la ruta de registro de los pequeños productores y se establecen estrategias adecuadas, se espera que la conexión entre la demanda y la oferta local sea una realidad, promoviendo así el derecho humano a la alimentación de las comunidades y los participantes finales de los programas y entidades públicas que entregan alimentos.