Esta fue la situación que Camilo Ramírez, magíster en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), observó en Chocó y Cauca, departamentos donde el cumplimiento de fallos obligó a la institucionalidad a actualizar los datos demográficos, sociales y económicos sobre las comunidades beneficiadas.

“Las sentencias han favorecido la convergencia de entidades en territorios caracterizados por los altos déficits de institucionalidad y de provisión de bienes públicos”, comenta el investigador.

Le puede interesar: Juandaza Café: el progreso de un vallecaucano en pro de su comunidad

En los últimos años estos fallos también han propiciado la formulación de programas mediante el direccionamiento de recursos específicos a la atención y construcción de infraestructura en salud, educación y vivienda.

Sin embargo, para avanzar en el proceso las comunidades han tenido que participar en la actualización de datos, como ocurrió con el Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí (Cauca), donde adelantaron el autocenso que les permitió ajustar el déficit de información estadística relevante para planear políticas públicas en el territorio.

Así mismo, aunque comunidades indígenas entre ellas, los Embera Katío del Alto Andágueda, en Bagadó (Chocó), realizaron un censo que mostró datos demográficos de la población en el Resguardo, las constantes muertes de niños y adolescentes por enfermedades infecciosas no ha permitido un diagnóstico completo sobre esta situación en las zonas más alejadas.

Formalización de la minería

Las órdenes de las sentencias de restitución han promovido el necesario proceso de formalización de la minería ilegal e informal y de otras actividades irregulares que han generado tensiones en la región. El conjunto de órdenes de las sentencias relacionadas con el eje de minería y territorio ha impulsado la intervención del Estado en esa materia.

“Los hechos de violencia cesaron en estos territorios. Por ejemplo, en Cauca la sentencia impactó en el cambio de las condiciones de seguridad del territorio en Timbiquí, y en Bagadó la situación de conflicto también se modificó, aunque todavía tiene impactos relacionados con algunos recursos importantes como el oro”, afirma Ramírez.

Agrega que el Estado tiene un profundo desconocimiento sobre los recursos del territorio, como por ejemplo un área de minería no monitoreada; zonas que hoy están en conflicto y en las que se vive una tensión permanente alrededor de sus beneficiarios, e incluso sectores indígenas y actores económicos de otras regiones.

Le puede interesar: Así se fortalece la producción de sacha inchi en el Meta

En esta dirección, aunque las órdenes del juzgado han llevado a que las entidades del sector minero y ambiental configuren un programa de mediano plazo para formalizar esta economía, para cumplir estas órdenes se debe considerar la participación activa de la comunidad.

Ramírez explica que “en el último año se han dado avances relevantes en cuanto al censo minero, la configuración de asociaciones de mineros del Consejo Comunitario y la apertura de canales de diálogo entre las autoridades del territorio colectivo y los grupos de productores pequeños y medianos dentro del Consejo Comunitario”.

Para esta investigación, que contó con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), se hizo un estudio de caso en el que se identificaron tres sentencias: la primera cobijó a una comunidad indígena Embera Katío, en Chocó; la segunda fue un consejo comunitario afro en Timbiquí, y la tercera se refirió a las medidas cautelares a favor de una comunidad indígena en Arauca.

“Durante cerca de 10 meses trabajamos en estos tres casos. Primero se hizo una revisión exhaustiva de los expedientes tanto de la Unidad de Restitución de Tierras como de las entidades relacionadas en las órdenes, que son alrededor de 15”, cuenta.

En un segundo momento se entrevistaron funcionarios claves de las entidades que tienen la responsabilidad de cumplir esas órdenes, como el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, la Unidad de Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entre otras entidades territoriales.

Por último, se habló con los líderes de las comunidades y se realizaron varios encuentros y talleres para evaluar la sustitución de tierras con respecto a la minería y a los cultivos ilícitos. El objetivo fue constatar cuál había sido el nivel de avance y de cumplimiento de las órdenes de varias sentencias de restitución que habían beneficiado a sujetos étnicos.

Por: Lina María Serna. Periodista – Editora.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia.