Por: David Ruiz Guzmán – Facilitador Escuelas Digitales Campesinas Cundinamarca
Tras algunos incendios presentados en el departamento de Cundinamarca, quedó evidenciada la falta de compromiso de las entidades territoriales en cumplir con la normatividad nacional vigente en materia bomberil para la prevención de desastres.
Desde que nació la ley 1575 de 2012, Ley General de Bomberos, los municipios de Cundinamarca han venido aplicando el Artículo 37 literal a) en los términos allí descritos, a saber: “Los concejos municipales y distritales, a iniciativa del alcalde podrán establecer sobretasas o recargos a los impuestos de industria y comercio, impuesto sobre vehículo automotor, demarcación urbana, predial, de acuerdo a la ley y para financiar la actividad bomberil”.
No obstante, tras el cobro que las administraciones municipales realizan por concepto de tasa bomberil en muchos de sus impuestos, este dinero no ha sido invertido para el fin descrito en la ley, que es la de financiar la actividad bomberil con el objetivo de atender los incendios y otros desastres que puedan presentarse en cada zona.
De 116 municipios que tiene Cundinamarca, existen tan sólo 80 cuerpos de bomberos, 3 son oficiales y los 77 restantes son cuerpos de bomberos voluntarios, y tanto los unos como los otros, para poder funcionar deben ser contratados por las alcaldías municipales por medio de convenios administrativos.
El convenio permite transferir este dinero a los cuerpos de bomberos, tanto oficiales como voluntarios, para definir las reglas de la inversión del recurso, la responsabilidad de los cuerpos de bomberos y su inmediata respuesta en caso de ser necesaria, y adelantar otras campañas de prevención con las comunidades.
Y es ahí donde está el trancón. El recurso está en las arcas municipales, pero como los convenios no se han firmado, los bomberos no cuentan con recursos para desarrollar sus funciones y se ven obligados a trabajar con las uñas y con la colaboración que presta la comunidad cuando se ve afectada por un incendio.
Según declaraciones dadas por el delegado de los Bomberos de Cundinamarca capitán Álvaro Farfan a distintos medios de comunicación, son 21 municipios los que en en el departamento no han realizado este trámite.
Estos municipios son Cogua, Zipacón, Cachipay, La Mesa, Sibaté, Albán, Sesquilé, Suesca, Guasca, Agua de Dios, San Francisco, Pandi, Arbeláez, Silvania, Guayabal de Siquima, Gachalá, Útica, Guayabetal, Fómeque, Choachí y Gutiérrez.
Cundinamarca ya está atravesando nuevamente una época de sequía, Bogotá no ha sido excepción, por eso es pertinente que los municipios cumplan con su responsabilidad y garanticen la correcta inversión del recurso recaudado para la actividad bomberil.
Y como de la experiencia se debe aprender, es pertinente recordar que en los años 2015 y 2016 se registraron un gran número de incendios en el departamento con consecuencias irreparables en el medio ambiente, la economía y la calidad de vida de los afectados, por eso recuerde el refrán: “El que tiene rabo de paja no se arrima a la candela”. Que Cundinamarca no siga ardiendo.
