¿Por qué una Dirección específica para el campesinado? “El campesinado y esta dirección, a diferencia de toda la institucionalidad que había existido antes, surge después del acto legislativo 01 de 2023 que es el que reconoce al campesinado como sujeto de derecho y eso supone que nuestro eje de acción, nuestro sujeto de acción es un sujeto que nace hace aproximadamente dos años para la Constitución política del país como sujeto de especial protección. Pero además, surge con unas dimensiones específicas. Ya no se lee al campesino como una extensión de la tierra o de la unidad productiva sino al campesinado como sujeto político, ambiental, social, histórico”, explica Salinas.
Una de las mayores brechas de desigualdad se registra en la seguridad alimentaria en las zonas rurales. Según el censo del DANE de 2024, la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en los hogares ubicados en centros poblados y rural disperso registró un incremento de 3,0 puntos porcentuales, al pasar de 31,2% en 2023 a 34,2% en el año pasado. Situación que contrasta con el hecho de que el campesinado atiende el 70% de la demanda de alimentos del país.
Para Salinas esta paradoja tiene sus raíces en “el modelo que se tejió al margen de las necesidades del campesinado como sujeto y que privilegió una estructura de concentración de la tierra y de producción para la exportación, lo cual redujo la variedad de productos”. Además, pese a que Colombia es el país número en biodiversidad alimentaria del mundo, o sea que tenemos una gran variedad de alimentos, aún así nuestra dieta es restringida, “no sólo por factores culturales sino por sistemas que excluyen la producción campesina, familiar, comunitaria y privilegian a la agroindustria, que generalmente prefiere la producción de artículos ultraprocesados, pobres en nutrientes pero fáciles de expender.
Tierra y Seguridad Social
Para el actual gobierno, y en particular para el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, uno de los factores fundamentales es la tenencia jurídica de la tierra, por ello en el segundo semestre de este año inicia la implementación de 42 oficinas municipales territoriales en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras para apoyar la formalización de la pequeña y mediana propiedad.
El contrato agrario, que estaba en la versión inicial de la reforma laboral, fue descabezado. Pero dentro de la reforma pensional quedó la obligación de reconocer y ampliar el registro rural para focalizar los apoyos a pensiones y seguridad social en la vejez del campesinado. “Ese es un paso impresionante, pero también nos implica un reto sin precedentes porque muchos no tienen contrato laboral que es el punto de entrada a la formalización, y entonces, la tarea de identificarlos para el apoyo de la seguridad social es el reto sobre el que trabajamos en este momento”, puntualizó Salinas.
Del total de campesinos ocupados, 4,3 millones son hombres (74,6%) y solo dos millones son mujeres (36,9%), lo que evidencia una marcada desigualdad de género en el acceso al trabajo en el campo. Además los hogares rurales con jefatura femenina presentaron 2024 una prevalencia de 28.2% de inseguridad alimentaria, superior a los de jefatura masculina (23.1%). La buena noticia es que la Ley 2462 de 2025 de las Mujeres Rurales, Campesinas y de la Pesca, que incorpora el enfoque del campesinado como sujeto de derechos, tiene un canasto de oportunidades en materia de créditos agropecuarios, apoyo a proyectos productivos, asistencia técnica, educación y fondos de fomento.
Además, la ley 2462, que modifica la ley 731 de 2002, establece la conformación paritaria de hombres y mujeres en todos los escenarios relacionados con la ruralidad convocados por instituciones públicas y entes territoriales. Dicha norma ya se empezó a aplicar en la actual convocatoria para la conformación de la Comisión Mixta para Asuntos del Campesinado, la primera en ser convocada sin previas movilizaciones o protestas, sino por iniciativa del gobierno nacional para debatir los grandes temas de la ruralidad que alimentarán las políticas públicas.
Así pues, de ahora en adelante, las campesinas estarán sentadas en las mesas de negociación y de debate con las entidades del Estado para hacer oir su voz e incidir en los planes, proyectos y políticas agropecuarias.©
