Las negociaciones sobre financiamiento en la COP16 no solo reflejan diferencias políticas, sino un largo historial de tensiones entre las naciones del Norte y del Sur global. Para entender esta discordia, es necesario regresar a la COP15, celebrada en Montreal en 2022, donde se estableció el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal con 23 ambiciosas metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030. A pesar del entusiasmo inicial, una decisión crucial generó desacuerdo: la asignación de la administración del fondo de biodiversidad al Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), lo que dejó insatisfechos a muchos países en desarrollo.
Desarrollo
Algunos países del bloque africano, junto con Colombia y Brasil, exigen la creación de un fondo administrado directamente por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Alegan que el acceso a los recursos del GEF ha sido complicado y lento, y que las decisiones financieras no reflejan un equilibrio adecuado entre los intereses de todos los países. Una evaluación independiente presentada antes de la COP16 concluyó que es necesario redoblar esfuerzos para garantizar la participación activa de los países receptores y agilizar el acceso a los fondos.
En contraste, países desarrollados como Canadá, Australia, Japón y Suiza se oponen a crear un nuevo fondo, argumentando que fragmentaría aún más el panorama financiero global. Aunque reconocen las críticas al GEF, proponen fortalecer su estructura para atender las demandas de los países en desarrollo.
Fischler, desde WWF Internacional, ilustra la situación con la metáfora de dos burros en un puente estrecho, donde ninguno cede el paso, amenazando con hacer caer a ambos. A este dilema se suma otro problema apremiante: la escasez de recursos disponibles. Aunque la meta es movilizar 20.000 millones de dólares anuales hacia los países en desarrollo para 2025, y 30.000 millones a partir de 2026, el fondo apenas cuenta con 244 millones de dólares, apenas el 1 % del objetivo.
Un círculo vicioso entre deuda, clima y naturaleza
Durante las negociaciones, se presentó un informe titulado “Deuda, Naturaleza y Clima”, encargado por los gobiernos de Colombia, Kenia, Francia y Alemania. Este estudio señala la interconexión entre la deuda externa, la degradación ambiental y la crisis climática, advirtiendo que estos factores se retroalimentan y agravan mutuamente. Las tensiones medioambientales obligan a muchos países a endeudarse para responder a desastres naturales, encareciendo el crédito y frenando su crecimiento económico. Esto impide que estas naciones adopten modelos de desarrollo sostenibles y resilientes al clima.
Un estudio del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) revela que la mayoría de los recursos obtenidos por los países de la región provienen de préstamos, lo que genera más deuda e intereses a pagar, complicando aún más su situación financiera.
La falta de consenso sobre el financiamiento amenaza con repetir los fracasos de las Metas de Aichi, las antecesoras de Kunming-Montreal, como lo señaló David Obura, jefe de la IPBES. Si los países donantes no cumplen con su compromiso de movilizar 20.000 millones de dólares anuales para 2025, las metas establecidas podrían quedar en el papel. En este momento, la pelota está en la cancha de las naciones desarrolladas, que deben demostrar voluntad política para evitar que las tensiones arruinen el proceso.
Ceder es la única vía para evitar que todos caigan y garantizar que la COP16 sea un paso adelante en la lucha por la biodiversidad.
Editor: Natalia Garavito
