En lo que va del año, Colombia ha registrado 228 incautaciones de fauna silvestre en el aeropuerto El Dorado, un punto clave para el tráfico de especies hacia el extranjero. Sin embargo, un reciente informe presentado por Traffic durante la COP16, que se lleva a cabo en Cali, advierte que a nivel nacional el panorama es más sombrío, dada la falta de datos claros y de coordinación entre las autoridades competentes. Entre 2017 y 2024 se han reportado 8.239 incautaciones en ese aeropuerto, pero los expertos aseguran que esta cifra apenas es la punta del iceberg.
Un delito que avanza en silencio
El tráfico de fauna en Colombia no es un problema nuevo, pero sigue en ascenso. Un caso emblemático ocurrió a inicios de 2024, cuando una publicación en redes sociales sobre la venta de un colmillo de jaguar (Panthera onca) permitió rastrear una red desde Putumayo hasta Estados Unidos. Un cazador mató al felino para vender sus partes, que fueron transportadas desde Mocoa hasta Villa de Leyva y luego a Bogotá, desde donde se enviaron por encomienda al extranjero.
El tráfico no se limita a mamíferos como el jaguar. También se encuentran en riesgo reptiles, aves, anfibios y peces ornamentales, extraídos de sus hábitats para satisfacer mercados internacionales. La demanda de estos animales proviene de lugares tan variados como Estados Unidos, México, Alemania, Indonesia y Japón.
“Muchas veces, los jaguares también mueren por turismo irresponsable, vinculado a rituales en comunidades indígenas que atraen visitantes en busca de experiencias espirituales”, explica Yina Paola Serna, coordinadora en Panthera Colombia.
Debilidades en la detección y control
El aeropuerto El Dorado, donde se concentra el 50 % de las incautaciones nacionales, es uno de los principales puntos de salida de fauna traficada. Sin embargo, Andrés Balcázar Salazar, de la Wildlife Conservation Society (WCS), señala que “este delito no es prioritario en los controles de seguridad, lo que facilita su ocurrencia”. Las falencias en la capacitación del personal en aeropuertos y puertos marítimos, sumadas a la ausencia de una base de datos nacional unificada, obstaculizan la lucha contra este crimen.
El informe presentado en la COP16 subraya la necesidad urgente de mejorar la coordinación entre entidades como la Policía Nacional y las autoridades ambientales. Renata Cao, de Traffic, destaca que “la falta de información consolidada y los reportes inconsistentes entre diferentes fuentes dificultan la detección y el rastreo efectivo de los traficantes”.
Nuevas alianzas para enfrentar el tráfico
En el marco de la COP16, Colombia ha dado un paso importante al integrar al Grupo Aval en la iniciativa United for Wildlife, que ya cuenta con la participación de Davivienda y Western Union. Esta alianza busca que las entidades financieras colaboren con las autoridades para rastrear transacciones sospechosas vinculadas al tráfico de fauna, un eslabón difícil de identificar en el proceso.
“Las organizaciones criminales que operan este tipo de tráfico suelen estar ligadas a otros delitos como el narcotráfico y el lavado de activos”, señala Cao. “Enfrentar estos desafíos exige colaboración internacional y fortalecer la capacidad de respuesta dentro del país”.
Un llamado a la acción internacional
El informe de Traffic concluye con una serie de recomendaciones, entre ellas, la creación de una base de datos nacional que unifique los reportes de tráfico y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza para seguir los casos más allá de las fronteras colombianas. Además, enfatiza que cumplir con las metas cinco y nueve del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal será esencial para frenar este delito en los próximos años.
El tráfico de fauna, que genera más de 50.000 millones de dólares anuales a nivel global, es uno de los negocios ilícitos más lucrativos. Combatirlo no solo protegerá la biodiversidad del país, sino que también ayudará a preservar ecosistemas fundamentales para el bienestar global. Colombia, con sus abundantes recursos naturales, tiene la oportunidad y el reto de liderar estos esfuerzos en la región.
Con este informe, la COP16 no solo expone la gravedad del tráfico de fauna en Colombia, sino que también ofrece una hoja de ruta hacia la protección efectiva de la biodiversidad, en la que todos los actores –desde las autoridades hasta el sector financiero– tienen un papel crucial por desempeñar.
