El conflicto armado colombiano ha afectado enormemente el medio ambiente y el sector rural, perjudicando a campesinos y campesinas de Colombia, quienes han tenido que abandonar sus hogares, el territorio donde habitaban y las cosechas que sembraban. Aproximadamente el 40% corresponde a comunidades étnicas y otro 40% a comunidades campesinas.

En Colombia hay registradas 8.970.712 víctimas del conflicto armado, al cierre de 2019 se registraron 8.953.040, teniendo en cuenta que solo el año pasado se sumaron 158.508, lo que podría llevar a que antes de terminar 2020, se llegue a 9.000.000 víctimas; esto representa un reto para el Estado colombiano que debe cumplir lo estipulado en la Ley 1448, en cuanto a reparación e indemnización a las víctimas.

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Ley 1448 de 2011

Gracias a esta ley 1448 de 2011, todos los 9 de abril se conmemora el “Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado”. Por ello, en Colombia se creó esta ley con el fin de brindar un sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Las instituciones del territorio nacional se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.

La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de bienes, sino habla de un acompañamiento del estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros; así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar de la verdad y crear las condiciones para que los hechos sucedidos no vuelvan a repetirse.

«Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal a su persona, aunque piense y diga diferente». (Traducción de la comunidad Wayúu del artículo 12 de la constitución política de Colombia)

La ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo de tierras; sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, debido a su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto.

Encontramos organizaciones como FINAGRO, la cual aporta al proceso de reparación, trabajando por las víctimas del conflicto armado, impulsando sus proyectos productivos y su deseo de salir adelante.

Por: Jessica Beltrán. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.