Así lo manifestó Javier Medida, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), durante el seminario nacional “Implementación de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz: retos y oportunidades”, organizado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, con el apoyo de la red global Partnership of Economic Policy (PEP).
Según el investigador Medina, experto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno del presidente Iván Duque, “no existen metas claras que permitan hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo. Por ejemplo, en asuntos de formalización, el PND propone pasar de 1.056 a 24.350 “títulos formalizados sobre predios privados”, y de 17.835 a 24.160 “títulos formalizados que otorgan acceso a tierra”. Sin embargo estas metas se expresan en unidades que no permiten establecer el grado de avance propuesto con respecto a la meta del plan marco de implementación del acuerdo, que es de 7 millones de hectáreas”.
Al respecto, el profesor Fabio Leiva –del Centro de Pensamiento en Desarrollo Rural de la UNAL y ponente en el seminario– manifestó que la implementación ha sido ineficiente, muestra de lo cual son sus avances normativos, que para la RRI, a febrero de 2019, eran mínimos en un 51 %, con solo un 3 % implementado completamente.
Un pilar fundamental para el logro de los objetivos de la RRI es la partida que el Gobierno nacional destine a ello. La auditoría adelantada por la Contraloría General de la República –cuyos resultados fueron analizados y expuestos por Luis Alberto Higuera Malavar, de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario– evidencia un peso cada vez menor del sector agropecuario en el Presupuesto General de la Nación; en particular para 2020 se le asignaron fondos que fueron un 21,3 % menores que los de 2019, lo que afecta especialmente a la inversión.
¿Es posible pensar en una fuente presupuestal para la RRI?
Esta es una de las preguntas que motivó la investigación de los profesores Dora Jiménez y Adrián Saldarriaga, de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Sede Medellín, de la cual se concluye que un mayor impuesto sobre el sector financiero serviría no solo para financiar el costo total de la implementación de la RRI, sino también para mejorar la distribución del ingreso entre zonas rurales y urbanas, con un efecto insignificante sobre el PIB de Colombia. Los resultados de este trabajo se presentaron durante el seminario.
Imposición de programas
Entre 2018 y 2019, FAO Colombia y la Agencia de Renovación del Territorio adelantaron en el municipio de Caldono (Cauca) una intervención en el marco de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Según Fredy Duque, supervisor técnico de FAO Colombia, producto de esta intervención se lograron importantes incrementos en la productividad de cultivos de café, mora, caña panelera y fique, con un componente ambiental orientado hacia la agroecología, además de un fortalecimiento de las habilidades para el acceso a mercados.
Esta positiva experiencia de cumplimiento en la implementación de la RRI contrasta con los relatos de Yuddy López y Fredys García, representantes de organizaciones campesinas de Dabeiba y Truandó, territorios también gravemente afectados por el conflicto armado. De sus palabras se concluye que la ejecución de la política se ha limitado a la imposición de programas que ignoran el conocimiento y las propuestas formuladas.
En 2015, la Misión para la Transformación del Campo propuso seis estrategias para lograr el desarrollo rural integral: la inclusión social de los habitantes rurales; la inclusión productiva y la agricultura familiar; el desarrollo de un sector agropecuario competitivo; el desarrollo ambiental sostenible; el ordenamiento social, ambiental y productivo; y el desarrollo territorial y la construcción de una paz sostenible según un enfoque de goce efectivo de los derechos.
Por: Agencia de Noticias UN – Unimedios.
