Las comunidades de La Guajira se encuentran en desasosiego por las decisiones que se toman a puerta cerrada entre el Gobierno colombiano y El Cerrejón, eliminando toda posibilidad que las comunidades puedan decidir sobre sus territorios. Cabe resaltar que en 2017 la Corte Constitucional emitió la Sentencia SU-698 de 2017 la cual establece detener las obras para realizar el desvío, y ante cualquier paso, se debe consultar de manera inmediata a las comunidades por la implicación del costo ambiental y social.
Sin embargo, la sentencia sólo fue publicada hasta enero de este año, tarde para las comunidades debido a que El Cerrejón a pesar de conocerla terminó las obras que taponan el arroyo y desvían su cauce natural afectando al bosque seco tropical, el río Ranchería, y también a las comunidades rurales y urbanas como Maicao, Barranca, Albania y Ato Nuevo.
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“El Arroyo Bruno fue desviado para extraer cerca de 35 millones de toneladas de carbón de su lecho. El Bruno es uno de los principales tributarios del Río Ranchería y de sus aguas dependen varias comunidades Wayúu y afro que en el 2016 interpusieron una acción de tutela exigiendo que se detuvieran las obras ante las incertidumbres y las amenazas que representaría desviar este cuerpo de agua para el ecosistema del bosque seco tropical y la supervivencia de las comunidades”, expone La Guajira le Habla al País.
Acción de las comunidades de La Guajira
Frente al hecho de no cumplimiento de Sentencia SU-698 de 2017 y en vista que nunca hubieron expertos ambientales que siguieran el plan del proyecto para dar un diagnóstico de los efectos del desvío del arroyo, ni muchos menos tener en cuenta a las comunidades que se ven afectadas por el bajo nivel del cauce del Arroyo Bruno; hoy 9 de julio se convocaron a entidades ambientales, senadores y comunidades rurales y urbanas, para llevar una Audiencia Pública Regional en Riohacha.
Una audiencia similar se tuvo que hacer hace unos años por parte del Gobierno para no traer más problemas a uno de los departamentos más vulnerables de Colombia.
En esta se presentarán las evidencias del daño provocado por el desvío, las cuales fueron recolectadas de forma minuciosa en días anteriores en las visitas de verificación por el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (CAJAR), Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y CENSAT AGUA VIVA; también participaron delegaciones internacionales y expertos en la materia.
Por: Daimer Fernando Losada Bermeo. Periodista.
Editor: Lina María Serna. Periodista – Editora.
