Desde la firma de los acuerdos de paz, Colombia asistió a una oleada de violencia en contra de sus líderes sociales y la situación de alerta es innegable. No obstante, las respuestas han oscilado entre la negación y el silencio, la estigmatización de las víctimas, esquemas de seguridad voluntariosos pero ineficaces y, por supuesto, la impunidad de los autores intelectuales.
No todo el mundo está de acuerdo con “la cifra”. Tampoco hay consenso sobre la definición de “Líder Social”. A esta altura eso es lo de menos y hasta sobra decirlo: detrás de cada número hay una persona, una familia, una comunidad, atravesadas por una tragedia que ninguna cifra sería capaz de contener, frente a un flagelo que ya debería considerarse sistemático.
Que la Paz no nos cueste la vida
El ejercicio de la oposición política y la labor de defensa de los Derechos Humanos es sin duda un oficio de alto riesgo en Colombia, sometido históricamente a la violencia guerrillera, paramilitar y de la fuerza pública. Alzar la voz en defensa de las reivindicaciones de los colectivos más vulnerables se paga con la muerte, porque persisten elites políticas y económicas que no dudan en acallar a sus contradictores a punta de bala.
El 81% de las víctimas pertenecen a organizaciones campesinas, Juntas de Accion Comunal o étnicas, asesinados principalmente por cuestiones ligadas a conflictos de tierra y de recursos naturales. A pesar de la firma del acuerdo de paz nos siguen matando y por las razones de siempre.
Según el Informe Anual de Naciones Unidas de 2017, los asesinatos se focalizan en contextos que presentan tres características comunes: (1) la presencia de economías ilícitas; (2) tasas de homicidio que superan los criterios de violencia endémica de la OMS; y (3) una tasa de pobreza multidimensional que supera el promedio nacional.
Ahora bien, ese mismo informe señala que muchos de los asesinatos se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del estado a la implementación del acuerdo y la protección de los derechos de la población.
En definitiva, para frenar esta masacre debemos atacar sus causas estructurales: pobreza endémica, economías ilícitas, corrupción, vacíos de poder y debilidad del estado. Además, se debe acabar con la estigma del liderazgo social y fortalecer de manera integral las Juntas de Acción Comunal, llamadas a cumplir un rol fundamental en el postconflicto.
El velaton de la semana pasada muestra que estamos dispuestos a despertar y pasar de la indignación a la movilización, para superar por fin el peor de nuestros fracasos: esa violencia que por demasiado tiempo se ha colado en nuestras vidas al punto de volvernos insensibles al dolor y a la tragedia.
Por: Mariana Córdoba – ACPO.
