El calentamiento global es un problema que atañe a todos, incluida a Colombia. Los gobiernos de todo el mundo han llegado a un consenso, o se toman las medidas necesarias para reducir las emisiones de efecto invernadero o la vida en el planeta, tal y como se conoce ahora, sufrirá cambios irreversibles.
Colombia, al ser el segundo país con más biodiversidad del planeta y, a su vez, uno de los más vulnerables a los efectos de la variabilidad climática, ha pasado a ser el cuarto receptor de fondos climáticos entre 2011 y 2015, sólo superado por Brasil, México y Chile, y destina un promedio anual de 0.6 billones de dólares a este compromiso vital.
Asumir estos recursos para la lucha contra el cambio climático requiere cambios profundos en la legislación colombiana, en las políticas ambientales y en el actual modelo económico, ¿está el país preparado para los retos de la nueva realidad ambiental?
De acuerdo con la Agencia presidencial para la cooperación (APC), Colombia invirtió en 2017 cerca 663 millones de dólares derivados de la cooperación internacional, de los cuales un 48% se encontraba alineado con la hoja de ruta para la paz, un 30% para el desarrollo rural y un 15% para la sostenibilidad y conservación ambiental. Siendo Estados Unidos el principal país cooperante, seguido por la Unión Europea y Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué dice el documento?
Este documento revisa y describe cuáles son los fondos que Colombia tiene para disminuir los efectos del cambio climático, el desarrollo de una economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente, y lograr los objetivos marcados por el acuerdo paz. Los fondos de los que dispone Colombia tienen orígenes diversos, financiadores distintos y marcos jurídicos dispares, que obligan a un reordenamiento político y legal de nuestra sociedad ante la lucha climática.
El caso de Buenaventura y Valle del Cauca se recogen en el primer capítulo de este documento, donde se presta especial atención a la situación ambiental y la gestión de los planes de desarrollo que se vienen implementando en estas zonas del país.
En la segunda parte se describen los diferentes Fondos activos en Colombia a la fecha de hoy, las diferentes entidades que lo manejan, los mecanismos de funcionamiento y de cuántos recursos han sido dotadas.
Por último, en el tercer capítulo se proporciona una visión general sobre el marco de política climática, recogiendo el financiamiento climático que posee Colombia para aplicar dichas políticas. También, una parte de este capítulo está dedicada a los planes del Gobierno para afrontar el financiamiento climático a nivel territorial, con una especial atención sobre los sistemas de información financiera pública existentes.
El informe también señala que la ausencia de un mecanismo efectivo de reporte y monitoreo dedicado exclusivamente a las inversiones públicas y privadas en todos los niveles territoriales, destinados a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, restringe las posibilidades de verificación por parte de las comunidades y entidades de control nacionales y territoriales.
Por lo tanto, se hace necesario adoptar, por un lado, sistemas de reportes minuciosos, claros y completos del financiamiento climático en todos los niveles territoriales y, por el otro, diseñar estrategias de comunicación, sensibilización y educación en esta materia, estableciendo canales efectivos de diálogo y consulta con la población.
Para Milena Bernal, autora del informe y coordinadora del área Justicia Ambiental en la Asociación ambiente y Sociedad , la creación del sistema de medición, reporte y verificación (MRV) de financiamiento climático es un primer e importante avance para el país, sin embargo, se requiere aumentar los esfuerzos para medir y monitorear la efectividad de las inversiones, así como aumentar la participación y administración directa de las comunidades en la ejecución de proyectos para enfrentar el cambio climático.
Finalmente, Bernal afirma que “Nuestras ciudades, campos y quienes los habitamos nos vemos afectados día a día por el cambio climático, por esta razón, es momento de tomar un rol activo frente a la forma en que queremos que los recursos existentes para enfrentar esta amenaza global sean invertidos: debemos exigir, ser partícipes y veedores en la toma de decisiones que afectan nuestro entorno”.
Descargar informe completo aquí
Nota: El informe preliminar “Evaluación de oportunidades de participación y acceso al financiamiento climático en Colombia” fue parte de un proyecto auspiciado por Rights and Resources Institute- RRI. Los puntos de vista aquí presentados no son necesariamente compartidos por esta agencia o por los socios de la coalición RRI. Asociación Ambiente y Sociedad es parte de la Coalición RRI en Colombia.
