Por mucho que el estado Colombiano ha intentado ocultar la muerte de niños Wayuu por causas asociadas a la desnutrición, estos siguen muriendo ante la mirada indiferente de quienes son los encargados de velar por sus derechos.
A pesar de los recursos millonarios que gira el gobierno para la atención de la primera infancia en el Departamento de la Guajira, el hambre y la miseria siguen reinando en las comunidades; mientras en el ICBF Regional Guajira sigue adjudicando los contratos según sus conveniencias, sin contar con la Consulta Previa de las comunidades afectadas.
Autoridades y Líderes indígenas indignados por estos hechos, desde el territorio ancestral llamado KATSALIAMANA, Jurisdicción del Municipio de Uribía, el 7 de Diciembre 2016 se reunieron para denunciar ante el estado Colombiano y ante el mundo entero estas irregularidades en el seno de la Institución que se encarga de velar y proteger a los niños. Como respuesta a estas denuncias, sólo recibieron amenazas de muerte por personas o grupos desconocidos al margen de la ley.
Muchos desistieron de sus ideales por temor a posibles represalias en contra de su vida, otros se quedaron resistiendo, como fuera el caso de la señora MARIA DEL ROSARIO RUIZ IPUANA, Autoridad Tradicional y Ancestral del Territorio Indígena KATSALIAMANA.
Ella en compañía de Jóvenes Profesionales y Dirigentes Indígenas, decidieron tomar y levantar la bandera de la NACION WAYUU, para decirle al estado Colombiano y al ICBF, que sus Territorios Indígenas y la vida de sus niños es sagrada, por lo tanto no pueden comercializar o vender los cupos a organizaciones filiales a sus intereses políticos y económicos y que antes del ingreso de estas organizaciones foráneas a sus territorios deben hacer CONSULTA PREVIA.
¿Qué responde el ICBF?
Ante esto el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) ha venido manifestando que son un ente autónomo y como tal para ellos no aplica la CONSULTA PREVIA (Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas según la Ley 21 de 1991 por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989).
Por ende tampoco aplicarían los artículos de la Constitución Política de Colombia que amparan y protegen los derechos indígenas y tribales (artículo 246 y 287) o el Decreto ley 1953/2014 por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios, hasta que el Congreso expida la ley de la que trata el artículo 329 de la Constitución Política.
Según informaciones aportadas por los dirigentes indígenas y afro-descendientes, existen alrededor de cinco tutelas falladas en primera y segunda instancia, que le ordenan a ICBF Regional Guajira hacer Consulta Previa para el ingreso de los operadores a los territorios étnicos en la Guajira, pero ninguno de estos ha sido acatado por esta institución. Le puede interesar: Inseguridad alimentaria en La Guajira afecta a la comunidad Wayúu
¿Tráfico de influencias?
Para la vigencia 2017, más de 67 organizaciones indígenas Territoriales, avaladas por las Autoridades Tradicionales, que venían operando con sentido de pertenencia, en cada una de sus zonas o territorios, fueron desvinculadas sin razón alguna, para darle ingreso a organizaciones filiales a los intereses políticos y económicos de la Dirección de ICBF Regional Guajira.
El ingreso de estas organizaciones foráneas, no fue consultado con las autoridades tradicionales indígenas, por el contrario, fueron impuestos, o como lo diría uno de los tantos dirigentes indígenas amenazados “SE METIERON A LA BRAVA Y SIN PERMISO, AMENAZANDO A LAS AUTORIDADES TRADICIONALES”. En la vigencia 2018 quedó sin operación una reconocida organización indígena, la única que estaba en ICBF por sus méritos y gestiones en beneficio de la niñez Wayuu; impulsora de la propuesta de SEMILLAS DE VIDA en la cultura Wayuu.
Mientras los fallos y decisiones de la corte siguen engavetados en los despachos judiciales del Palacio de Justicia de Riohacha, las Autoridades Tradicionales y los Líderes Indígenas siguen resistiendo y denunciando todas estas vulneraciones a sus derechos y a los derechos de sus niños, aún con el temor de ser amenazados.
Las comunidades indígenas y las autoridades tradicionales le piden al Estado Colombiano y a los movimientos y organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, garantías para poder hacer exigibles sus derechos fundamentales en sus territorios.
Por: Olga L. Mendoza de la Organización Kanuliaa Jieru
