El conflicto armado en Colombia se ha prolongado por largos años y con ello ha dejado diferentes consecuencias de carácter político, económico y social para la sociedad civil, siendo actores principales los campesinos y campesinas de nuestro país. El alto número de población desplazada es sin duda una de las afectaciones más notables de la guerra, dada su alta proporción y consecuencias para las víctimas.
El desplazamiento forzado ha conllevado diferentes pérdidas, entre alguna de estas se encuentra la pérdida de bienes materiales, tales como las tierras o propiedades, las cuales fueron y son abandonadas al correr riesgo la vida de las víctimas o a partir de la muerte de miembros de la familia.
Por otro lado se dan casos de despojo, estos consisten en la perdida de la propiedad de la tierra por medios fraudulentos o por posesión de terceros sobre la misma. Tanto el abandono forzado, como el despojo implican la perdida no solo de las propiedades, sino también de cultivos, animales y cualquier otro usufructo que se tenga sobre estas.
Las consecuencias de la guerra sobre las víctimas han obligado al Estado a reconocer su existencia y la demanda de atención. Desde allí surge la ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 del 2011, con el objeto de establecer medidas que permitan el goce de los derechos, la verdad, la justicia y la reparación, en el marco de la Justicia Transicional, pero ¿qué es la justicia transicional? ¿Cuál es la importancia para las víctimas?
La justicia transicional opera en momentos de paso de un estado a otro, para el caso colombiano, en la transición de un estado de guerra a la paz y cuando se dan violaciones de derechos humanos, la justicia transicional permite unos mecanismos que hacen más flexible los procesos judiciales, principalmente en las pruebas y los procesos, es decir el proceso de restitución de tierras puede ser mucho más ágil que la justicia civil ordinaria y las víctimas pueden acceder a la reparación del dominio sobre la tierra de forma más rápida y efectiva.
“La ley en su título IV capítulo II, crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que se hubieren presentado desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. Todo ello se realiza bajo la institución de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la cual tiene como objetivo principal servir de órgano administrativo del Gobierno Nacional para la restitución de tierras de los despojados y de quienes abandonaron sus tierras a los que se refiere la ley (…)” (Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas, 2017).
Lo anterior quiere decir que todos los campesinos y campesinas que hayan perdido sus tierras a causa del conflicto armado interno, siempre y cuando los hechos hayan ocurrido después del 01 de enero de 1991, pueden hacer la solicitud de restitución de tierras y recuperar sus derechos sobre la propiedad los cuales les fueron violados a causa del conflicto armado.
La ley de Restitución de Tierras es un gran avance en la búsqueda de la construcción de la paz en Colombia, ya que uno de los factores detonantes y que han permitido la persistencia del conflicto armado ha sido a causa de la distribución, despojo y apropiación de la tierra. Aunque es importante mencionar que es solo un aporte al camino de atención y resolución del problema agrario en Colombia, en el entendido que la ley no es una reforma agraria, ni busca serlo, esta es una política que apunta a la legalización y entrega de los predios despojados o abandonados a causa del conflicto armado interno en Colombia.
Los campesinos y campesinas deben estar informados sobre los beneficios de esta ley y desde allí podrán exigir la reparación por parte del Estado de las víctimas del conflicto armado a través de esta herramienta legal.
Autor: Lina María López, Trabajadora Social, Voluntaria ACPO. @linis_lopezg
Editor: Katherine Vargas Gaitán, Periodista Editora. @KatheVargasg
