A pesar de la victoria del No en el plebiscito, Colombia tiene una deuda con el campo que tiene que saldar muy pronto.
Por: Juan Carlos Pérez Bernal
Como bien sabemos, el primer punto de los acuerdos de La Habana tiene que ver con la “Reforma rural integral”. Ahora la pregunta es qué va a pasar con esas reformas, mientras se saca adelante el proceso tras el triunfo del No. Lo que ha dicho el gobierno hasta el momento es que los cambios estructurales del campo no se pueden frenar.
Así lo publicó El Campesino, bajo el título “la política de restitución de tierras va más allá de los acuerdos”:
“Los resultados nos impactaron a todos, pero los recibimos con optimismo porque lo que se negoció en La Habana sobre Reforma Rural Integral y cultivos ilícitos, comprenden el pago de una deuda que tiene el país con el campo colombiano y esta deuda histórica con la gestión de la tierra trasciende los acuerdos con las Farc. La Agencia Nacional de Tierras asumió ese pago con el objetivo de que la tierra vuelva a ser el sinónimo del progreso en el campo”, dijo su director, Miguel Samper.
Interesante declaración de un alto funcionario del Estado, que nos habla sobre la voluntad política de reivindicarse con nuestros campesinos, pero la verdad monda y lironda es que, por ahora, están en el limbo asuntos tan importantes como estos:
El gran Fondo Nacional de Tierras: que contaría con tres millones de hectáreas provenientes de procesos de extinción de dominio; de la recuperación de terrenos baldíos explotados ilegalmente; de tierras que no cumplen su función social y de la delimitación y actualización de las reservas forestales. Con este fondo se les daría prioridad a las mujeres cabeza de familia víctimas de la violencia y, después, al resto de la población desplazada por el conflicto.
Otras siete millones de hectáreas que hoy son objeto de procesos judiciales –por lo demás eternos en esta Colombia santanderista- serían devueltos a sus verdaderos propietarios, mediante procedimientos más ágiles y racionales, sin violar el debido proceso.
Se recuperaría el crédito de fomento en Colombia, mediante la aplicación de tasas de interés diferenciales y subsidios, para que la población campesina acceda a la propiedad de la tierra. Que quede claro: la población más pobre –cuyo perfil está claramente establecido en el acuerdo- recibiría tierra gratuita y otra, que tiene una mejor condición económica, se beneficiaría con los subsidios.
Como el acuerdo habla de reforma integral, contempla, además del acceso a la tierra, programas de vivienda, adecuación de tierras, distritos de riego, asistencia técnica, comercialización y mejoramiento de la infraestructura vial.
Claro, este es sólo un resumen de los beneficios que podría recibir el agro, sin pasar por alto que, como dicen, “el papel aguanta todo” y, por eso, la que prima es la verdadera voluntad política, es decir, aquella que se materializa en hechos concretos.
La verdad es que esa deuda de la que habla el gobierno cada vez crece más. También lo es que “el almuerzo tendremos que pagarlo todos”. Mejor dicho: la paz nos vale un billete, pero mucho más nos cuesta la guerra.
