El municipio de Amagá es reconocido por la tradición minera, se estima que el 80 por ciento de la población de este municipio, ubicado en el corazón de las montañas de Antioquia, depende de las actividades mineras.
Por: ElCampesino.co
Una de las fuentes económicas del país es la minería, el carbón, el oro, platino, las esmeraldas entre otros minerales presentes en los suelos, son explotados por empresas privadas y en menor medida por el estado. Desde el inicio de la de década de los dos mil, la minería a gran escala aumento su presencia en el país.
Departamentos como Antioquia, Caldas y Boyacá, reciben recursos económicos por la explotación de sus recursos minerales, sin embargo existen tensiones sociales y económicas, los mineros artesanales deben enfrentarse a las empresas privadas que obtienen los títulos mineros y las licencias ambientales.
Ese es el caso de Amagá, en el departamento d Antioquia; la minería de carbón o del oro negro, empujó la economía de ese departamento durante gran parte del siglo XX, el ferrocarril de Antioquia, y el sector textil fueron grandes beneficiarios de las minas de Amagá.
Según informó el diario EL TIEMPO, 243 mineros están trabajando bajo peligro inminente, sobre sus cabezas están almacenados 4 millones de litros de agua, según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Minería, solo 20 metros separan a los trabajadores de una tragedia de proporciones inimaginables.
Sin embargo, la polémica acompaña la declaratoria de la emergencia, según los testimonios recogidos por el diario bogotano, los mineros artesanales no creen del todo en los estudios ni en la emergencia, según ellos, esa es una forma para sacarlos de las betas.
La empresa privada a la que se le adjudicaron las minas que están en peligro, calificó de irresponsable el trabajo de extracción de carbón, según la empresa es ilegal y muy peligroso.
La tensión en la región es alta, la semana pasada el municipio minero de Buriticá, fueron desalojados decenas mineros de las betas en donde desarrollaban sus labores. La gobernación y la alcaldía municipal argumentan que deben cumplir los mandatos de la justicia.
