Luego de la re-apertura de la hidroeléctrica del Quimbo, en el sur del departamento del Huila, los campesinos y pescadores artesanales protestaron en el centro de Neiva, exigen una comisión técnica que evalué la calidad del agua que llega a la represa de Betania.
Por: Periódico El Campesino
La polémica con la hidroeléctrica del Quimbo continúa, luego del cierre que ordenó el tribunal de justicia del Huila, en donde le dio la razón a los pescadores que argumentaban daños a su forma de trabajo e incumplimientos por parte de la multinacional EMGESA en los acuerdos pactados en materia de re-ubicación, este viernes cientos de campesinos y pescadores artesanales, llegaron hasta la gobernación del Huila exigiendo que una comisión técnica de los Ministerios de Ambiente y Agricultura, analicen la situación de los cultivos psícicolas presentes en la represa de Betania.
El diario EL ESPECTADOR informó en su portal digital, que los campesinos temen por la seguridad alimentaria, pues según ASOQUIMBO, asociación de campesinos y pescadores artesanales del Quimbo, con la apertura de la represa y la llegada de las aguas en estado de descomposición y muy bajo nivel oxígeno, los cultivos de peses estan en peligro.
Sin embargo, la autoridad nacional de pesca, AUNAP, afirmó que la mortandad de los peses en Betania es mínima, según la autoridad, de cada tres mil toneladas de peses, tan solo 1.5 mueren, es decir que esta dentro los limites acepetables, informó el diario bogotano.
El Ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, informó en rueda de prensa que se establecerá una mesa de trabajo, concentración y vigilancia en relación con los peses y la seguridad económica de los campesinos de la región.
Jeffer Chavarro, representante de los campesinos de ASOQUIMBO, afirmó que los problemas ambientales son dramáticos, al deforestación y el deterioro de la cuenca del río Magdalena no han sido vistos con la importancia necesaria, además aseguró que existe una sentencia de Corte Constitucional que protege a los pescadores, la Corte ordena a EMGESA, garantizar el derecho al trabajo y al mínimo vital, pero la empresa se niega a cumplir con el mandato del máximo tribunal de justicia del país.
